Expansión
- hostelería, restauración y turismo/ Se trata de “11.000 millones de euros para reforzar la solvencia de sus balances, y puedan así retomar su actividad, inversiones necesarias y contratar trabajadores”.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció ayer que el Ejecutivo ultima un paquete de 11.000 millones de euros en ayudas a empresas y autónomos de sectores como la hostelería, el turismo o la restauración. Así lo anunció ayer Sánchez en el Congreso, con lo que cuantificó el paquete de ayudas que prepara Economía, que se ha visto envuelto en la polémica sobre si se trata de las ayudas directas que reclaman los sectores afectados o no y en la reticencia de la banca a permitir quitas a quienes hayan recibido los avales del ICO, una de las líneas que diseña el Ministerio que lidera Nadia Calviño.
Según Sánchez, se trata de “11.000 millones de euros para reforzar la solvencia de sus balances, y puedan así retomar su actividad, hacer las inversiones necesarias y contratar a los trabajadores que requieren para iniciar en plenitud de facultades la recuperación económica”. Este refuerzo de la solvencia de los balances es para fuentes gubernamentales una clara muestra de que se trata de ayudas directas.
Desde Moncloa y Economía no quisieron ayer concretar qué parte de este paquete se destinará a cada sector o desglose de ayudas. Desde el Ministerio y la propia Calviño han ido planteando en las últimas semanas, adhiriéndose a la tesis de Banco de España, la necesidad de apoyar a empresas solventes para que los problemas de liquidez no acaben siendo de solvencia. Y han apuntado a quitas y a préstamos participativos, además de un fondo de recapitalización de pymes solventes en línea con el de la SEPI para grandes empresas, dotado con 10.000 millones.
La pretensión de que la banca asuma quitas en los préstamos del ICO ya concedidos se ha encontrado con fuerte oposición del sector. Fuentes consultadas apuntan que no se trata tanto de las cuantías que deberán asumir, que serían reducidas, del entorno del 4%, sino del mensaje que se lanza y del efecto llamada que puede trasladar a una cultura del impago.
Fue muy claro en este sentido ayer el presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu, que se pronunció en contra de aplicar quitas a los créditos del ICO concedidos a empresas, porque ello no tendría “ningún sentido” y sería además “absolutamente adverso”, alertó (ver página 18). Oliu aseguró que en esta fase de la crisis se debe intentar “que no haya efectos perniciosos” y que tampoco se generen “riesgos adversos”.
El anuncio de Sánchez fue también recibido ayer con escepticismo por otros afectados. “Bienvenidas sean, pero dejémonos de experimentos”, pidió Lorenzo Amor, presidente de ATA, que reclamó “ayudas directas”. “Cuidado con fijar las ayudas sólo a los autónomos o pymes que han solicitado los créditos ICO”, alertó, lo que afirmó que es “una discriminación”.
A su vez, el vicepresidente ejecutivo de Exceltur, José Luis Zoreda, solicitó “ayudas directas” a fondo perdido, en forma de reducciones de impuestos y subvenciones.
Economía mantiene su tesis desde hace semanas de que las ayudas de los ERTE son ayudas directas y asegura que los esfuerzos del Gobierno español no difieren tanto de los de otros países.
Sánchez avanzó que esta decisión se va a “adoptar en las próximas semanas” y servirá para respaldar a “sectores, que crecían, eran competitivos antes de la pandemia y que ahora se encuentran, lógicamente, en una situación extremadamente difícil y compleja, durante las duras semanas que todavía tenemos por delante”.
Con este tipo de ayudas, dijo, “el Ejecutivo de coalición “no solo queremos salvar empresas y empleos, queremos reforzar empresas y empleos, queremos crear nuevas empresas y empleos”.
Concursos
A las medidas de solvencia que prepara Economía se suma una batería de iniciativas concursales en las que trabaja con Justicia para crear una reestructuración y liquidación exprés para microempresas y autónomos. Se trata de un plan de ayuda que se adelanta a la trasposición de la Directiva concursal que ya se analizaba y en la que se baraja volver a extender la moratoria concursal más allá del 14 de marzo.
Fuentes conocedoras trasladan que se prevé restar prevalencia a los acreedores públicos, Hacienda y Seguridad Social, como recomienda el FMI, una medida que no es del agrado del Fisco y que podría modularse; acuerdos extrajudiciales con quitas y exoneraciones tempranas; una agilización de la venta de la unidad productiva y facilitación de mecanismos de segunda oportunidad,
Asimismo, se estudia con interés la resolución exprés de empresas insolventes que aplican Juzgados Mercantiles de Barcelona (llamada prepack) y la creación de la figura de un asesor de insolvencia.
