- LUCHA CONTRA LA ESPECULACIÓN/ El Gobierno frena en seco la vorágine financiera y el acaparamiento de permisos en el despliegue de renovables en España, donde ya hay más proyectos de los que caben.
Miguel Á. Patiño. Madrid
El decreto aprobado el pasado martes con medidas anticrisis incluye una nueva norma con la que el Gobierno quiere atajar, de golpe, “la especulación” que está detectando en el negocio de las renovables.
Tal como publicó ayer el Boletín Oficial del Estado (BOE), el real decreto-ley 20/2022 incluye un artículo (el 13), en el que se impone una moratoria de 18 meses a todos aquellos proyectos que están tramitando permisos de renovables pero sin contar con el más básico: el del acceso a la red troncal eléctrica al que se suponen que tienen que engancharse.
Esta red de alta tensión es la que gestiona el grupo Red Eléctrica, REE (actualmente rebautizado como grupo Redeia). Esta compañía tiene contabilizados a fecha de hoy un total de 174.000 megavatios de eólicas y fotovoltaicas que no tienen aún punto de acceso a la red o se les ha denegado (ver información adjunta).
Esos megavatios son solo un proyecto en papel. A pesar de que hay miles de megavatios en esta situación, el sector está viviendo una fiebre de compraventas de papeles, lo que ha provocado una inflación de precios. Por ejemplo, un megavatio en proyecto de fotovoltaica ha pasado de intercambiarse en el mercado a un precio de 100.000 euros a hacerlo a 300.000 euros.
Los puntos de acceso son la llave para que los proyectos logren materializarse. Pero las posibilidades de conseguir uno es limitada. A partir de ahora, saldrán a concurso, en lugar de concederse por orden de llegada.
Dos pájaros de un tiro
Las posibilidades de que todos los proyectos que se están comprando y vendiendo ahora en el sector fructifiquen son limitadas. A pesar de eso, muchos de ellos siguen tramitando el resto de permisos (licencias de obra, medioambientales o de puesta en marcha por ejemplo), lo que está provocando a su vez un colapso burocrático.
Con la moratoria, el Gobierno trata de matar dos pájaros de un tiro. Primero, intenta una criba masiva de proyectos, dejando solo los que realmente quieren salir adelante, y eliminando los que son pura especulación. En segundo lugar, al eliminar miles de proyectos, alivia la saturación burocrática que sufre ahora la administración. “Con el fin de otorgar el acceso a la generación renovable y el almacenamiento de manera ordenada, existen casi doscientos noventa nudos de la red de transporte que se encuentran reservados para concurso de acceso”, dice el decreto publicado ayer.
Expectativas
“En este momento, se encuentra en sus últimas fases de tramitación la orden por la que se convocará concurso en algunos de esos nudos. Si bien la orden no se encuentra aprobada aún, en los borradores sometidos a trámite de audiencia se preveía una puntuación favorable a aquellos proyectos que pusiesen en servicio las instalaciones en el menor plazo de tiempo posible”.
Las “expectativas generadas por dicha orden hacen que se estén observando movimientos especulativos por parte de determinados agentes que están iniciando los primeros pasos en las tramitaciones sin dar continuidad a los mismos, con el fin de bloquear emplazamientos a otros agentes que realmente están interesados en desarrollar proyectos renovables”, añade la norma.
“Estas actuaciones, han provocado que en los últimos meses se haya multiplicado la presentación de garantías y de solicitudes para iniciar las tramitaciones de autorizaciones administrativas, y la petición de documentos de alcance ambientales”.
Movimientos perjudiciales
“Estos movimientos previos son perjudiciales para los agentes realmente interesados en construir instalaciones”.
Por todo ello, el artículo 13 del decreto establece que “con carácter excepcional, durante un plazo de 18 meses desde la entrada en vigor del presente real decreto-ley, en aquellos nudos en los que se haya resuelto la celebración de un concurso de capacidad de acceso quedarán suspendidos los procedimientos que los promotores hubieran instado ante el órgano competente” para solicitar permisos de acceso. Quedan suspendidas también las solicitudes en las que REE ya hubiera dictaminado la denegación del acceso. Se excluyen las solicitudes previas al decreto en el que se decidió convocar concursos, hace dos años.
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