Diario Sur
- El Tribunal de Recursos Contractuales estima la queja presentada por el Colegio de Arquitectos porque en el pliego de condiciones se excluía a estos profesionales para presentarse al concurso
La Agencia Tributaria ha tenido que corregir el pliego de condiciones del concurso convocado para reformar la sede central de Hacienda en Málaga y corregir las «deficiencias relevantes» detectadas en su estructura a finales de 2016, lo que se traduce en que se vuelve a abrir el plazo para presentar ofertas pese a que la licitación se cerró el 4 de marzo. Esta circunstancia provoca un nuevo retraso para ejecutar estas obras y, por tanto, más tiempo durante el que el edificio permanecerá desalojado con todos sus departamentos repartidos en distintos locales que tuvieron que ser alquilados. El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC), órgano adscrito al Ministerio de Hacienda que se encarga de garantizar el cumplimiento de las normas que regulan la licitación de contratos de la Administración central, ha estimado el recurso presentado por el Colegio de Arquitectos de Málaga porque no incluía a los arquitectos entre los posibles aspirantes al contrato para la redacción de los proyectos básicos y de ejecución. De hecho, se limitaba la titulación profesional a la de ingeniero industrial cuando, con arreglo a la Ley de Ordenación de la Edificación, existen otras titulaciones habilitadas a estos efectos como es el caso de la de arquitecto. Ahora, Aeat ha procedido a anular la exigencia de esta titulación, que ha sido sustituida por la de ‘Arquitecto o Ingeniero’, abriendo un nuevo plazo de presentación de ofertas.
Esta rectificación ha sido acogida con satisfacción por el Colegio de Arquitectos de Málaga. «A esta entidad se le tacha de querer paralizar determinadas iniciativas públicas de forma caprichosa cuando lo que hacemos es nuestra función, siendo en estos casos una pieza más del complejo mecanismo que constituye la sociedad civil a la que necesariamente pertenecemos», asegura el decano, Francisco Sarabia, quien destaca que instituciones como la que representa «a lo largo de la tramitación en la contratación pública, son puntos de vigilancia añadida ante posibles errores de las administraciones que pudieran causar, incluso involuntariamente, perjuicios a la ciudad».
La redacción de los proyectos básico y de ejecución salió a concurso con un presupuesto de 353.671,94 euros y un plazo de ejecución máximo de 10 meses (4 para el básico y 6 para el de ejecución). Aunque el plazo para la presentación de ofertas se cerró el pasado 4 de marzo, lo cierto es que el contrato aún no ha sido adjudicado. Ahora se vuelve a la casilla de salida, con un presupuesto de 214.346,63, un periodo para la presentación de ofertas abierto hasta el 24 de junio y un plazo de ejecución de 8 meses, por lo que el diseño de los trabajos no estarán listos hasta bien entrado 2022. Después habría que licitar la ejecución de las obras, cuya duración podría rondar los cuatro años con una inversión estimada de 23 millones de euros. Según el pliego de condiciones, el refuerzo de la estructura y la reforma del edificio se comería 13,8 millones, mientras el resto se destinaría a otra serie de necesidades como la adaptación del inmueble para cumplir las normativas en materia de seguridad contra incendios y para dar respuesta a las exigencias de organización funcional y distribución de los distintos departamentos.
A este desembolso hay que sumar los gastos en arrendamiento de los locales donde están repartidas las distintas áreas (Málaga Plaza, antiguo Gaybo en Héroe de Sostoa y el edificio Rialto de la calle Hilera por parte de la Agencia Tributaria; y otro de la calle Compositor Lehmberg Ruiz por parte del Ministerio de Hacienda), que cuestan 1,9 millones anuales desde que fueron suscritos en 2018. Si a ello se añaden los gastos técnicos, la reforma del edificio saldrá por unos 40 millones de euros.
