Urbanismo evalúa las posibilidades de derogar una autorización que fue concedida para construir una residencia de estudiantes el mismo día que se eliminaba el incentivo a la edificabilidad
Un proyecto mirado con lupa ante las quejas ciudadanas. El gobierno socialista se encuentra revisando la licencia otorgada para levantar una residencia de estudiantes en el número 38 de la Avenida de la Palmera tras el recurso presentado por los vecinos y las asociaciones en defensa del patrimonio solicitando la suspensión de unas obras que empezaron en noviembre con el derribo del chalet que ocupaba la parcela.
Los técnicos de la Gerencia de Urbanismo están analizando estos días los razonamientos aportados por los ciudadanos (consideran que el edificio proyectado rompe con la estética y el valor patrimonial de esta arteria de la ciudad) para evaluar si ocurren causas suficientemente argumentadas para revocar la licencia conforme a lo previsto en la ley.
La concesión de este permiso se otorgó casualmente el mismo día que el Pleno del Ayuntamiento daba luz verde a la modificación de los artículos del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que permitían aumentar la edificabilidad de estas parcelas cuando se cambiaba su uso de residencial a dotacional. Las condiciones ventajosas en edificabilidad afectaban a equipamientos privados como residencias universitarias, residencias de mayores o clínicas sanitarias en parcelas ubicadas en áreas de baja densidad edificatoria, caso de la Palmera.
Este proceso lleva aparejado una moratoria o suspensión de la esa edificabilidad extraordinaria durante un año, lo que no implica que no puedan construirse edificios de este tipo, sino que no contarán con ese incentivo introducido en el Plan General aprobado en 2006, en plena burbuja inmobiliaria. El gobierno liderado por Antonio Muñoz sostiene que la “voluntad política” de modificar el PGOU es clara, pero que “las decisiones se toman con criterios técnicos, nos gusten más o menos”, aludiendo a que la licencia concedida fue consecuencia de una tramitación administrativa “ordinaria” anterior a lo aprobado en sesión plenaria.
Los socialistas argumentan que “tomaremos la decisión según los informes jurídicos y técnicos que están en marcha. Tenemos que actuar con lo que marca la normativa vigente en cada caso. Y esto es lo que hemos hecho en este caso”. En este polémico proyecto la edificabilidad autorizada se ha disparado nada menos que un 770%. De 1.964 metros cuadrados construidos, según fuentes del Catastro, se pasará a más de 17.000, según el proyecto presentado en la Gerencia.
La última queja que ha llegado a la Casa Consistorial es de un grupo de arquitectos sevillanos (Luis Fernando Gómez Stern, Javier Queraltó Dastis y José J. Ferrari Márquez) que han mantenido previamente una ronda de reuniones con los grupos de la oposición para lograr la paralización de la nueva residencia de estudiantes. En el escrito denuncian “otro atentado urbanístico” y la falta de diligencia de Urbanismo y los partidos políticos al ser “incapaces de frenar esta actuación especulativa fomentada por un planeamiento erróneo que podría ser contraria al ordenamiento jurídico”.
No ha sido la única. A mitad de noviembre llegó otra queja en el que exigían al alcalde una reunión y en el que lamentaban la inacción municipal sobre lo que está pasando en este histórico paseo. Firmado por un total de once asociaciones y personas a título particular, reclamaron que se tengan en cuenta las propuestas que ya trasladaron a la Gerencia tras aprobarse la modificación puntual del PGOU para evitar que se sustituyeran los chalets por grandes residencias universitarias que colmatan las parcelas al máximo y desvirtúan la imagen regionalista de esta avenida.
“LAS DECISIONES SE TOMAN CON CRITERIOS TÉCNICOS, NOS GUSTEN MÁS O MENOS”, SOSTIENE EL GOBIERNO
El chalet enclavado en una parcela de 5.200 metros cuadrados en el número 38 de la Palmera será sustituido por una residencia de estudiantes con más de 400 plazas. Tras aprobar el Pleno la modificación del PGOU, una serie de organizaciones patrimonialistas, como Adepa, Ben Baso, Asociación Bermejales, Salva tus árboles o la Asociación Parque Vivo del Guadaíra; y personas a título particular por ser afectados, como el notario Arturo Otero, los arquitectos Luis Fernando Gómez-Stern y Javier Ruiz Recco, o el abogado Ángel Cabral, presentaron un escrito a Urbanismo en el que planteaban cinco propuestas para el futuro de la Palmera.
Entre las peticiones que se trasladaron, destacaba la petición para redactar Plan Especial de protección de La Palmera que incluya las parcelas que dan fachada a la avenida en sus dos aceras y todos los espacios colindantes con la calzada que conforman la gran “base verde” que son los jardines y arbolado ya existentes. Otro punto que veían fundamental era el establecimiento de unas separaciones a linderos que permitan mantener el paisaje urbano del sector. Las asociaciones, al mismo tiempo, reclamaban “cancelar o anular” la licencia concedida a Avenida de la Palmera 38, dada la incompatibilidad del proyecto con la nueva normativa; y que se prohíba la transformación o cambio de uso futuro de los edificios que han contado como equipamientos con el plus de edificabilidad del 80%, a residencias plurifamiliares, hoteles, apartamentos turísticos u oficinas.
Además de la destrucción de los chalets y el cambio de imagen en la zona, los denunciantes advierten del daño irreparable que se está haciendo a las zonas verdes. El 28% de la superficie arbolada de las zonas privadas se ha perdido en los últimos años y faltan 233 ejemplares en el paseo público. Éstas son algunas conclusiones del estudio que ha realizado la Asociación Parque Vivo del Guadaíra. Este colectivo, preocupado también por la agresión que sufre la avenida, ha presentado sus alegaciones a la Gerencia de Urbanismo, que tras valorar el documento desde un punto de vista técnico sostiene que la actuación es correcta debido al estado en el que se encontraba la vegetación de la zona.
