Regulado en la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía, el canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de interés de la comunidad autónoma es un tributo propio de la región que grava la utilización del agua de uso urbano. Entró en vigor el 1 de mayo de 2011 y su finalidad es posibilitar la financiación de estas infraestructuras, correspondientes al ciclo integral de dicha agua de uso urbano, siendo los contribuyentes los usuarios de este servicio.
El hecho imponible se traduce en la disponibilidad y el uso urbano del agua potable de cualquier procedencia, suministrada por redes de abastecimiento públicas o privadas. La base imponible, por su parte, corresponde al volumen de agua consumido o estimado, expresado en m3, en tanto que la cuota se compone de una parte fija, por disponibilidad, y una variable por consumo. En 2021 la recaudación fue de casi 140 millones de euros.
Con el objeto de paliar los efectos de la actual inflación sobre familias y empresas, el Gobierno autonómico estableció, mediante el Decreto-ley 7/2022, de 20 de septiembre, la supresión temporal de este gravamen entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2023, como ya “avanzó en su discurso de investidura el presidente de la Junta, Juanma Moreno”. Lo recuerda para EXPANSIÓN la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, quien destaca que “durante años este impuesto se nos cobró a los andaluces, pero no se ejecutaron las obras, lo que generó un remanente de recaudación que estamos invirtiendo. Desde que se implantó este canon, se recaudaron 730 millones de euros, y solo se ejecutaron 179 millones en obras hidráulicas”.
Es precisamente por el uso de ese remanente por el que “la eliminación temporal de este impuesto no tendrá repercusión alguna en dichas obras pendientes”, aclara. Subraya asimismo que se trata de una decisión “respaldada por opiniones técnicas”.
Esta supresión se enmarca en la sexta rebaja fiscal acometida por el Ejecutivo andaluz. Pero, en este caso, “al ser un canon que se elimina temporalmente, no se pretende recaudar más (como sí ocurre con impuestos como el de Patrimonio, bonificado al 100% y que sí se busca atraer inversión a la comunidad), sino simplemente ayudar a las familias andaluzas dentro de las posibilidades (limitadas) que tiene la comunidad en materia fiscal”, recalca la consejera. El ahorro para los ciudadanos se estima en 140 millones de euros, recaudación media de los últimos ejercicios.
Por otra parte, esta eliminación no va a afectar a las obras hídricas destinadas a la regulación de las aguas superficiales o subterráneas, es decir, aquellas que garantizan el almacenamiento, regulación, conducción, control y aprovechamiento de las aguas a lo largo de una cuenca (presas, azudes, conducciones, bombeos, balsas, canales, acequias, etc., que sean competencia de la comunidad autónoma), dado que los costes de estas inversiones y los gastos de conservación y explotación se sufragan con otras figuras tributarias (canon de regulación y tarifa de utilización del agua). Quienes están obligados a pagar esos tributos son los beneficiados por dichas obras, generalmente, los titulares de una concesión de aprovechamiento de aguas públicas, como los titulares de los derechos de riego.
El sector se pronuncia sobre la medida
Desde el Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop), la medida del Gobierno autonómico se entiende “adecuada” como algo “temporal, ya que la economía familiar está muy tensionada. Pero, de ningún modo, debe limitar la capacidad inversora en las infraestructuras relacionadas con la gestión del agua”, asegura a EXPANSIÓN la gerente de la organización, Ana Estella Pérez. Expone que “cumplir con la ejecución y conservación de las infraestructuras hídricas es fundamental, ya que los retrasos acumulados durante años en las obras de depuración y saneamiento han acarreado sanciones por incumplimiento de las directivas europeas”. “Además -concluye-, en un contexto en alerta por sequía, es fundamental mantener en perfecto estado estas infraestructuras; de nada sirve un ahorro en el consumo si tenemos averías en la red, con pérdidas que no se detectan hasta que se ve el incremento en la factura”.
En 2021, la recaudación por el canon fue de casi 140 millones de euros
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