Un fallo que estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto en enero de este año por la Asociación Empresarial de Ingenieros Consultores de Andalucía (Asica) y la Federación Andaluza de Empresarios de la Construcción (Fadeco Contratistas).

Ignacio Sánchez de Mora, de Asica, explica que es la primera victoria judicial de las ingenierías y consultoras contra las adjudicaciones directas a Ineco, en un frente judicial con media docena de procedimientos abiertos hasta ahora.

Las organizaciones que representan a las privadas explican que estos encargos directos son una “vía de escape” a la libre concurrencia, utilizando medios propios de la Administración para desplazar a las empresas.

Denuncian que la pública Ineco se ha convertido en la mayor ingeniería de España sin necesidad de competir en el mercado, con una cifra de negocio que en 2025 superó los 500 millones de euros.

Esa cifra es mayor que la facturación de las tres primeras empresas privadas del sector juntas. “Vamos a pelear esta batalla hasta el final en todos los frentes”, explica Sánchez de Mora.

Según la Oficina Independiente de la Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon), los encargos a medios propios en las administraciones públicas acumularon más de 9.700 millones de euros en el periodo 2021-2023.

En ese mismo trienio, la empresa pública Ineco recibió un total de 531 encargos por un importe global de 658,5 millones de euros, lo que representa el 6,74 por ciento del presupuesto total adjudicado por esta vía en España.

Frentes abiertos

Actualmente las ingenierías tienen abierta una demanda contra Ineco por su actividad internacional, que afecta también al mercado nacional.

Por la vía de la internacionalización, Ineco amplía su base contractual para extender el 20% de servicios que puede prestar a entidades no accionistas en el mercado nacional.

Las autoridades encargadas de vigilar la libre competencia archivaron la demanda, que está recurrida en la Audiencia Nacional.

En colaboración con la patronal andaluza CEACOP están recurridos también dos encargos del Ministerio de Fomento para el futuro puente de la SE-40 sobre el Guadalquivir en Sevilla.

En un caso está en la Audiencia Nacional y en otro en el Tribunal Supremo.

Además del argumento de la eficiencia de la licitación pública esgrimido también en Jaén, aquí se alega que se supera el límite de 50% de subcontratación que tienen autorizados los medios propios.

En el Tribunal Central de Instancia (el mismo que ha anulado el encargo de Jaén) está recurrido el contrato para estudios previos del futuro túnel entre África y Europa.

En el TSJA hay otro contrato recurrido, esta vez de Tragsatec, por el encargo de estudios de urbanismo y ordenación del territorio en Melilla.

Y se está estudiando la vía para interponer otra demanda contra el gobierno de Canarias, nuevo accionista de Ineco que ya ha comenzado a hacerle encargos directos sin licitación como medio propio.

Hay además otro procedimiento en las instituciones europeas por vulneración de las normas de competencia pendiente de fallo.

El fallo de Jaén

En el caso de Jaén, que aún no es firme, el recurso se fundamentó en la falta de justificación del encargo directo como una opción más eficiente, sostenible y eficaz que una licitación.

Esta justificación es requisito esencial para la validez de estas adjudicaciones directas según la interpretación del artículo 86.2 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP).

Y es indispensable según sentencia del Tribunal Supremo del pasado 29 de junio de 2026.

El encargo anulado tenía por objeto definir las actuaciones para mejorar la permeabilidad de la infraestructura ferroviaria en Jaén y garantizar la continuidad urbana.