El Economista
- La CNC recurre licitaciones por imponer un precio máximo, contrario a la ley
- Buscan que Adif y la DGC cambien los pliegos para negociar los modificados
Las constructoras han iniciado una batalla contra el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana por las licitaciones de contratos en las que está incluyendo unas cláusulas que imponen una base de precios máxima que no se puede rebasar ni aun en el caso de que haya un modificado del proyecto.
Esto, a juicio de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), es contrario a la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP). Así, la organización ya ha recurrido varias licitaciones tanto de la Dirección General de Carreteras (DGC) como de Adif, ambas dependientes del departamento que dirige José Luis Ábalos, lo que ha provocado la suspensión de los procesos, con el consecuente retraso en la adjudicación y ejecución de los trabajos.
Estas instituciones públicas han introducido estas cláusulas en algunos de los contratos que han sacado a licitación recientemente, lo que ha llevado a la CNC a presentar recursos especiales en materia de contratación contra los procedimientos ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC). Este órgano ya ha procedido a suspender los primeros procesos. De estimar la solicitud de la patronal de la construcción, la licitación y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares deberán ser cambiados.
Las modificaciones contractuales “siempre deben realizarse tramitando el correspondiente expediente” y con audiencia previa para el contratista
Las constructoras denuncian que “la introducción y fijación de nuevos precios en un expediente de modificación del contrato de obras del sector público sin contradicción ni audiencia previa del contratista vulnera lo previsto en la LCSP. En concreto, los pliegos de los contratos recurridos señalan que “el contratista acepta que no está facultado para ejecutar trabajos adicionales distintos de los pactados, salvo que estén amparados por un expediente de modificación” e, igualmente, acepta que los precios nuevos finales a pagar por la Administración, que se generen en el modificado, “serán como máximo los recogidos en la base de precios”. Para la CNC, estas cláusulas infringen lo previsto en el artículo 191 y en los apartados segundo y cuarto del artículo 242 de la LCSP, al tiempo que vulneran el RD 1098/2001 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
La organización que preside Pedro Fernández Alén recuerda que las modificaciones contractuales “siempre deben realizarse tramitando el correspondiente expediente, de acuerdo con el procedimiento regulado en el artículo 191 de la LCSP, donde se indica, entre otros trámites, la necesidad de dar audiencia al contratista”. Aunque efectivamente el órgano de contratación ostenta la prerrogativa de modificar los contratos administrativos por razones de interés público, advierte la CNC de que “cuando se introducen nuevos precios en un contrato de obra resulta imprescindible recabar y obtener el acuerdo del contratista con dichos precios”. Es decir, en las licitaciones denunciadas los entes públicos se dotan de una posición privilegiada en detrimento de la negociación a la hora de aprobar los modificados, una figura que desde hace años enfrenta a constructoras y Adif con reclamaciones vivas por más de 800 millones de euros.
Obras recurridas
Entre las licitaciones recurridas en las últimas semanas sobresalen, por parte la Dirección General de Carreteras, la mejora del Desfiladero de la Hermida (N-621 León-Santander por Potes), presupuestado en más de 95 millones de euros y, por parte de Adif, la urbanización de la estación de Feve de León. Ambos procedimientos ya han sido suspendidos por el TACRC, que tiene dos meses desde la denuncia para pronunciarse en firme.
