Ceacop
• Los constructores llevan su denuncia al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
• La deuda de la Junta de Andalucía con las empresas de conservación de carreteras suma los 25 millones de euros
El Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (CEACOP) ha ofrecido esta mañana una rueda de prensa donde ha alertado que la Junta de Andalucía aún no ha ofrecido una solución seria y definitiva a la deuda que mantiene con las empresas responsables de la conservación de la red viaria andaluza.
La patronal andaluza, ya denunció esta situación en diciembre del año pasado. Entonces, se encontraban impagadas las certificaciones de los meses de junio a noviembre. Después de la denuncia pública de CEACOP, la Consejería de Fomento abonó los meses de junio y julio, dejando pendiente de abono el resto.
Desde entonces no se ha producido ningún avance en los calendarios de pago por lo que nuevamente se han acumulado 6 meses de deuda, y desde la Administración no concretan ningún horizonte de pago.
El presidente de la patronal, Francisco Felipe Fernández Olmo, instando a la Administración andaluza, ha subrayado que “en esto hay que cumplir los contratos y queremos que se le dé una solución definitiva ya”.
La suma total de la deuda es de 25 millones de euros, que vuelve a llevar al límite de la supervivencia a las 45 empresas y cerca de los 600 trabajadores directos que dependen de estos contratos.
La patronal ha remarcado que la seguridad vial está garantizada, ya que son las empresas las que están aportando los medios y asumiendo el coste de estos servicios, aunque algunas de ellas “está al borde de la quiebra”. Ana Chocano Román, secretaria general de la organización, ha señalado que “lo que no es normal es que sean las empresas las que tengan que cargar con los costes de la Administración, porque las dotaciones presupuestarias de la Junta para estos contratos no cubrían todo el año”.
Desde CEACOP han puesto en marcha diferentes acciones para alcanzar una solución a esta problemática. Con la Administración se han mantenido varias reuniones, una de ellas con la anterior consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, junto con su viceconsejero y la directora general de Infraestructuras. En ninguna de las reuniones se ofreció una solución efectiva.
Es por ello, que desde la patronal han trasladado este caso al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, hace dos semanas, para que evalúe en qué grado estos impagos son constitutivos de delito y quién es el responsable.
Fernández Olmo ha apuntado que “ésta ha sido una medida desesperada”, ante la falta de respuesta de la Administración.
