J. Díaz. Madrid

Un respiro efímero. Eso es lo que fue el dato de inflación de abril, cuando el efecto base respecto a 2021 y la discreta bajada del precio de la electricidad permitieron soñar con una progresiva distensión de las presiones inflacionistas en los meses siguientes. El dato avanzado de mayo ha devuelto las expectativas a la fría realidad, mostrando de nuevo un empeoramiento de la fiebre inflacionaria que ni siquiera el efecto escalón ni la moderación de los precios eléctricos (que aun así continúan en zona de máximos históricos) han logrado contener. El IPC se aupó en mayo hasta el 8,7%, según el dato adelantado ayer por el INE, cuatro décimas más que en abril y una cifra sin parangón desde octubre de 1986, espoleado por el precio de los alimentos y los carburantes. En tasa mensual, los precios subieron un 0,8% tras haber retrocedido un 0,2% en abril, asestando así un renovado golpe al bolsillo de las familias, que mes tras mes acumulan una galopante pérdida de poder adquisitivo.

La tasa de inflación general sigue por debajo del 9,8% registrado en marzo, dato inédito desde mayo de 1985, pero la tendencia es cada vez más preocupante por el fuerte nivel de penetración de la espiral alcista en los precios de consumo, mucho de ellos productos básicos de la cesta de la compra. Una peligrosa deriva que se plasma en el inexorable avance de la inflación subyacente, aquella que no incluye los alimentos frescos ni los precios energéticos (los más volátiles), que en mayo se ha catapultado hasta el 4,9%, cinco décimas más que en abril y su tasa más alta desde octubre de 1995.

Hace un año, el IPC subyacente apenas era del 0,2%, lo que da idea de la magnitud del desafío al que se enfrenta la economía española, con el fantasma de la estanflación llamando a la puerta cada vez con más insistencia y los temidos efectos de segunda ronda impregnando el conjunto de la cesta de la compra, porque, tal como señalaba Funcas recientemente, “el alza de la subyacente apunta a una traslación intensa de los mayores costes de producción a los elementos menos volátiles del índice”. Los precios industriales se dispararon un 45% en abril tras dieciséis meses consecutivos de subidas, lo que ha hecho insostenible para la mayoría de empresas seguir absorbiendo el incremento de costes contra sus márgenes. Esos costes se están trasladando con fuerza creciente a los precios de consumo y, a falta del desglose del IPC de mayo, el resultado es que productos básicos como el pan, la leche, la harina, las pastas alimenticias o el aceite subían ya en abril a tasas de doble dígito (desde el 10,1% del pan al 96% de otros aceites comestibles, pasando por el 42,5% del aceite de oliva). Esto es, lo que durante meses se defendió como un fenómeno coyuntural está mutando en uno estructural. Aunque el Gobierno sigue sin dar su brazo a torcer y su equipo económico mantiene “la previsión de que la inflación irá desacelerándose progresivamente durante la segunda parte del año”, aunque sin descartar “oscilaciones durante los meses de verano” por los posibles efectos base y “la alta incertidumbre derivada del contexto económico global”.

En este contexto, el Gobierno cruza los dedos para que la llamada excepción ibérica, en virtud de la cual España y Portugal podrán topar los precios del gas para abaratar el recibo de la luz, permita aliviar la presión de la olla inflacionista; el problema es que han transcurrido dos meses desde su anuncio y Bruselas no ha dado aún el respaldo oficial para su puesta en marcha. De momento, el Ejecutivo se ha apresurado a deslizar que pronto decidirá sobre la extensión de las medidas contenidas en el plan de respuesta a la crisis derivada de la guerra en Ucrania, una terapia de choque dotada con 16.000 millones en ayudas y, sobre todo, créditos, para contener el incendio inflacionario. “Seguimos trabajando en medidas para frenar los precios, especialmente precios energéticos y de materias primas, que es donde está el problema”, afirmó ayer la ministra de Industria, Reyes Maroto, aunque el IPC subyacente evidencia que el problema trasciende ya de la energía y las commodities.

Pero si bien ese plan de choque, en el que también figuran medidas como el mantenimiento de la rebaja del IVA eléctrico del 21% al 10% o la congelación del impuesto de la electricidad, ha servido para mitigar los precios energéticos (que no obstante siguen en cifras récord), ha sido poco eficaz para evitar que la riada inflacionista inundara el resto de la cesta de la compra. “Los datos confirman que la inflación sigue desbocada y el parche del Gobierno no funciona”, afirmó ayer el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien volvió a reclamar “una bajada selectiva y temporal de impuestos con efecto retroactivo desde enero” para aliviar a las familias.

La conflictividad que viene

Con una inflación media prevista para este año del 6,9%, según el último panel de Funcas, porcentaje que varios panelistas elevan por encima del 7% (Cámara de Comercio de España, 7,6%; BBVA Research, 7%…), la pérdida de poder adquisitivo de las familias está prácticamente garantizada ante unos sueldos que suben pero más lentamente. De hecho, el alza salarial media pactada en convenio hasta abril se situó en el 2,4%, aunque cada vez son más los convenios que acuerdan mejoras próximas e incluso superiores al 5%, y los que incorporan cláusulas de revisión salarial. Y garantiza también la conflictividad laboral en empresas y sectores tras el fracaso de un pacto de rentas entre patronal y sindicatos. UGT insistió ayer en que sus negociadores pelearán subidas mínimas del 3,5% para este año junto a la inclusión de cláusulas de garantía ligadas al IPC, mientras que CCOO recordó que ese pulso convenio a convenio irá acompañado de una estrategia de movilización para “garantizar el mantenimiento del nivel de compra de los salarios en este 2022 y en los dos próximos años”. Y su líder, Unai Sordo, volvió a instar al Gobierno a servirse de la política fiscal para forzar a las empresas a pactar subidas salariales, utilizando el Impuesto de Sociedades para “poner en pie” una prestación extraordinaria que mitigue el impacto del IPC en los ciudadanos con menos ingresos, porque, a su juicio, “no se puede tolerar” que no haya incrementos salariales.

• Fuente: Expansión