- AEROPUERTOS/ Un decreto permite una excepción con el grupo presidido por Lucena, que no tendrá que compensar a sus contratistas por el aumento de costes. El sector muestra su rechazo, pero no batallará.
A. Zanón / C. Morán
Barcelona / Madrid
Aena será la principal empresa pública, si no la única, que no estará obligada a aplicar una revisión de precios en los contratos de obra. Así lo establece la disposición final 37 del decreto que aprobó el Gobierno el 29 de marzo de medidas urgentes en respuesta a la guerra en Ucrania, que no ha sentado bien en el sector de la construcción al establecer esta excepción.
Dicho texto enmienda parcialmente otro real decreto-ley de principios de marzo que establece los “casos susceptibles de revisión excepcional en los precios de los contratos de obra”. Aquí se incluyeron los “adjudicados por cualquiera de las entidades que forman parte del sector público estatal”. “Se reconocerá al contratista la posibilidad de una revisión excepcional de precios siempre que concurra la circunstancia establecida”, recoge el texto inicial, luego matizado.
La excepción para el operador aeroportuario queda redactada de la siguiente forma: “Lo dispuesto en este artículo [la revisión excepcional de precios] no será aplicable a entidades del sector público que operen en sectores regulados cuyo régimen de inversiones se hubiera cerrado en los últimos 9 meses”.
El texto no cita explícitamente a Aena, pero el párrafo parece redactado específicamente pensando en la compañía presidida por Maurici Lucena. En primer lugar, la cotizada opera en un sector cuya actividad está regulada casi al 100%. En segundo lugar, su plan inversor –el Documento de Regulación Aeroportuaria 2022-26, Dora II– fue publicado en el BOE el pasado 30 de septiembre y su modificación requeriría la aprobación en el Consejo de Ministros.
El Dora II establece inversiones para el citado quinquenio por 2.250 millones de euros. Entre ellas, destacan el inicio de la ampliación del aeropuerto de Madrid. Estas actuaciones, junto con la previsión de viajeros de Aena para el periodo, son dos de los principales elementos de una compleja fórmula con la que se calcula el marco de tarifas que se cobran a las aerolíneas.
Fuentes de Aena recuerdan que al ser un negocio regulado a cinco años vista, las inversiones no se pueden modificar, al menos en teoría. Es lo que puede suceder, por ejemplo, con El Prat, cuya ampliación, tras no entrar en el Dora II, debería esperar al periodo 2027-32 (si es el caso).
En 2022, Aena tenía previsto invertir 535 millones de euros en España, pero no todo son obras. Por ejemplo, en el primer trimestre las actuaciones pagadas correspondieron a los segmentos de seguridad (40%), mantenimiento (26%), capacidad (6%) y medio ambiente (3%). El 25% restante fue a otros ámbitos.
Sin explicación
En cambio, las constructoras no encuentran explicación y advierten de que algunas obras pueden “ralentizarse o paralizarse”, especialmente las de gran tamaño. Fuentes de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) recuerdan que el alza de materiales ha repercutido en un incremento del 22% del coste medio de cada obra. El sector ya era muy crítico con Aena por el sistema de subasta que utiliza para adjudicar sus obras, lo que llevaba a las empresas a realizar importantes descuentos para conseguir ganar contratos, dada la fuerte competencia.
Aena, participada por el Gobierno en un 51%, fue también la única excepción de asumir los costes de la suspensión de los contratos públicos decretada en marzo de 2020 por la pandemia. En aquella ocasión, se justificó por cotizar en Bolsa y por no obtener ingresos de los Presupuestos (se autofinancia).
Las constructoras están muy disgustadas con el “trato de favor” que recibe Aena y su sistema de contratación. Las compañías no entienden por qué el monopolio aeroportuario ya fue protegido de una manera excepcional durante los decretos de la pandemia y ahora, en medio del repunte de precios, sucede lo mismo. “Los aeropuertos son activos estratégicos que deben ser atendidos con el mayor cuidado posible. ¿Por qué el Gobierno ha optado por dejarlos fuera del alcance del último real decreto?, ¿son más importantes los intereses de los accionistas de Aena que los de Adif y Puertos del Estado?”, se preguntan.
Fuentes próximas a las empresas del sector aseguran que tanto desde la CNC como desde Seopan se han dirigido a la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, para exigirle el argumento técnico que justificase la excepcionalidad de Aena. “La respuesta ha sido el silencio”, lamentan.
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