Carlos Polanco. Madrid

La inflación es un problema con raíces profundas en el tejido productivo del país. Las empresas, independientemente del sector productivo al que pertenezcan, sufren el alza de precios, y no todas pueden trasladar parte de esa subida al cliente. Por eso, la inflación tiene derivadas en el día a día de las compañías en forma de limitaciones en sus obligaciones con otras empresas, en las retribuciones a los empleados o incluso en sus propias oportunidades de crecimiento. Tanto es así, que el 61% de las compañías españolas reconocen que, debido a la inflación, cada vez es más difícil pagar a los proveedores a tiempo. Como consecuencia de esto, tres de cada cinco empresas han pedido a sus proveedores una ampliación en los plazos de pago.

Es una de las conclusiones del Informe Europeo de Pagos, realizado por la empresa de gestión de crédito Intrum. Una encuesta a 800 directivos de compañías de todos los sectores y tamaños en España y 11.000 en Europa. El documento revela una paradoja: España es, de entre las grandes economías europeas, la que tiene un mayor dato de inflación, del 10,2% en junio; a la vez, es el segundo país con menor porcentaje de empresas que reconocen no tener la capacidad necesaria para gestionar el impacto de la inflación en sus empresas, un 51%, sólo mejorado por 49% de Alemania. Esto “puede deberse a que el tejido empresarial español esté más habituado a experimentar periodos económicos de mayor incertidumbre, lo que ha permitido a nuestras organizaciones adquirir mayores habilidades y confianza para enfrentar la adversidad. En cualquier caso, esa vulnerabilidad de más de la mitad de las empresas españolas sigue siendo elevada, ya que refleja la necesidad de que nuestras organizaciones adquieran una posición más proactiva en la gestión de la inflación si no quieren ver peligrar su margen de beneficios o, incluso, su supervivencia”, señalan desde fuentes de la compañía.

Un peldaño por debajo de las dificultades en el pago a los proveedores se encuentran las preocupaciones de expansión del negocio: el 55% de las compañías explican que la destacada alza de precios supone un obstáculo considerable a la hora de aprovechar las nuevas oportunidades y para la capacidad para hacer crecer el negocio. La media europea, por contra, es del 51%, por la menor inflación a nivel continental. Los sectores que más están viendo limitada su capacidad para hacer crecer el negocio son las telecomunicaciones, la banca y la tecnología, entre otros. Tras las dificultades de expansión, llegan las de recursos humanos: el 54% de las empresas lamentan no “tener capacidad para satisfacer la demanda de subidas salariales de sus trabajadores ante la elevada tasa inflacionista”.

El problema se acentúa si tenemos en cuenta que la inflación comenzó su escalada a lo largo del pasado año y se disparó aún más con la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Quizá sin el añadido del conflicto bélico, los precios hubieran vuelto en mayor o menor medida a su cauce habitual en unos meses, pero la influencia de la guerra en los costes energéticos apunta a una inflación sostenida en el tiempo, sobre todo si tenemos en cuenta el dato de la inflación subyacente. Así lo avalan las numerosas previsiones económicas para 2022 y 2023, que hablan de un inflación por encima del 8% para este año, que se moderaría ligeramente hasta el 5% de cara al año siguiente.

No sorprende, por tanto, que un 57% de los encuestados opine que de aquí a un año el riesgo de impagos o de retrasos en los pagos sea mayor, mientras que un 27% considera que se mantendrá estable. “Puede tener un reflejo directo en un aumento de la tasa de morosidad empresarial y un efecto directo en la sostenibilidad del negocio y, por tanto, en la destrucción de empleo. Si la actividad del negocio depende de estos proveedores, llevar los pagos al día será crucial para evitar que limiten o cancelen la prestación de servicios o productos o exijan términos de pago mucho más estrictos”, subrayan desde estas mismas fuentes.

Mayor flexibilidad

El informe recoge que, a causa de la situación actual, las empresas han llevado a cabo distintas formas de flexibilización en sus condiciones de pago. Hace un año, el 43% de las empresas consideraban que ofrecían condiciones demasiado generosas, mientras que ahora ese porcentaje se sitúa en el 48%. También, la mitad de las compañías reconoce que ahora acepta plazos más largos de pago, para evitar así dañar sus relaciones con el cliente. De ahí que el tiempo de pago haya crecido con respecto a 2021 tanto en los clientes que son empresas como cuando el cliente es el sector público. Por sectores, el mayor tiempo promedio de pago se da en el gobierno y el sector público, con 72 días; en el sector inmobiliario, con 61 días; o en la hostelería, con 59 días. Por contra, los sectores con menores tiempos de pago son los servicios empresariales, con 46 días; el transporte y la logística, con 45; y el sector bancario y financiero, con 38 días.

• Fuente: Expansión