- La construcción es el sector que afronta los impagos de mayor duración
- El porcentaje de facturas pagadas puntualmente descendió hasta el 30,4% en 2025
Las pymes del sector de la construcción se sitúan como las más afectadas por los retrasos en los pagos en España, con un Periodo Medio de Pago (PMP) que alcanza los 96,5 días, muy por encima de la media nacional. Este dato refleja la presión financiera que soporta el sector, en un contexto en el que la morosidad sigue siendo un problema estructural. Según el informe, el PMP de la construcción registró al cierre de 2025 valores no vistos desde principios de 2024.
Según el Observatorio de la Morosidad del segundo semestre de 2025 elaborado por Cepyme, el sistema de pagos comerciales ha consolidado una tendencia de mejora estructural durante el último lustro. El PMP ha experimentado un descenso acumulado de casi el 4% desde 2019, antes del estallido de la pandemia, lo que ha permitido cerrar el ejercicio en los 80,5 días. No obstante, este nivel aún supera en un 34% el máximo legal de 60 días.
Si se analiza el comportamiento a corto plazo, la mayor bajada anual de la serie reciente se produjo entre 2021 y 2022, cuando el PMP se redujo en 0,9 días (1,09%). Esta reducción posiblemente respondió al intento de las empresas por evitar una caída del poder de compra de sus facturas en un contexto de alta inflación.
Disparidad por tamaño y sectores
A pesar de esta mejora generalizada, el informe advierte de que el alivio no es uniforme en todo el tejido productivo. Las pequeñas empresas han sido la excepción a esta tendencia descendente, registrando un ligero repunte en sus plazos hasta los 78,9 días.
Las microempresas continúan siendo las más vulnerables, con el índice de morosidad más elevado del mercado, superando en un 17% la media nacional. Además, el 10,7% de sus facturas se cobra con más de 30 días de retraso respecto al vencimiento, una tasa que duplica la de las empresas medianas y grandes. En términos anuales, lo ocurrido con la microempresa es la antítesis del resto: en 2025, sus pagos se demoraron 2,8 días más que en 2019, mientras que en el resto de pymes la evolución fue a la baja.
Por sectores, la brecha sigue siendo notable. Mientras la construcción presenta los plazos más elevados, otros subsectores industriales como la rama de maquinaria y equipo también muestran comportamientos negativos, con un PMP de 88,8 días que se ha situado consistentemente por encima de los 85 días en los últimos tres años. En el lado opuesto, los servicios y la industria han logrado optimizar sus ciclos de pago, situándose en 70,6 y 74,3 días, respectivamente.
Un coste financiero de 5.500 millones
Aunque los plazos se acortan, el coste de mantener la deuda comercial sigue siendo elevado. El esfuerzo financiero total alcanzó los 5.568 millones de euros al cierre de 2025. De esta cantidad, las pymes asumieron cerca de 2.000 millones, una cifra que, aunque inferior a la de años anteriores por la bajada de tipos, continúa limitando su capacidad de inversión.
El alivio en este coste, que descendió desde los 6.404 millones en el primer trimestre hasta los 5.568 millones al cierre del año, se explica en gran medida por la evolución de la política monetaria. El tipo de interés de demora se redujo del 12,25% al 10,15% a mediados de 2025, mientras que el coste de los nuevos préstamos bancarios para pymes cayó cerca de un punto porcentual.
Esta mejora ha compensado parcialmente el incremento de la deuda comercial, que ha crecido en paralelo a un PIB nominal que avanzó un 5,7%.
Un factor determinante en la reducción global del PMP ha sido el comportamiento de las grandes empresas, que han protagonizado un ajuste significativo en sus plazos de pago. Este segmento recortó 32,1 días en términos interanuales, situándose en 69,4 días frente a los 101,5 registrados a finales de 2024.
Este descenso contrasta con la estabilidad de las pymes y ha sido clave para que el promedio nacional alcanzara su mínimo histórico, situándose por primera vez de forma consolidada por debajo de los 81 días.
En las grandes empresas, el 80,1% de los cobros se produce hasta 30 días después del vencimiento, lo que explica que su peso de cobros en períodos prolongados sea el menor de todos los segmentos.
Una España a dos velocidades
El análisis regional muestra diferencias significativas. Ocho comunidades autónomas mejoraron su PMP en el último ejercicio, destacando La Rioja y Baleares, con descensos de 3,1 y 3,4 días, respectivamente. Por el contrario, Extremadura fue la región con peor comportamiento en 2025, aumentando sus plazos en 5,3 días.
En el extremo opuesto, la Comunidad de Madrid registra el PMP más elevado, con 90,9 días, seguida de Murcia (89,1) y Galicia (88,7). En contraste, Aragón (68,7) y Baleares (69,0) se sitúan como las regiones más ágiles.
La tipología del retraso refleja señales de deterioro. El porcentaje de facturas pagadas puntualmente descendió hasta el 30,4% al cierre de 2025, frente al 32,6% de un año antes. No obstante, los importes cobrados en más de 90 y 120 días se han reducido sensiblemente (0,5 y 0,4 puntos porcentuales, respectivamente).
En paralelo, el Índice de Morosidad en las facturas de Ventas a Plazo (Imfvp) rompió la tendencia a la baja mantenida desde 2023, al aumentar de 52,9 a 54,1 puntos en el cuarto trimestre.
Este repunte se explica principalmente por el sector agroalimentario, donde la morosidad creció un 36,2% anual debido a la presión sobre los márgenes, y por la construcción, cuyo índice se sitúa un 55% por encima de la media nacional.
Un problema estructural
Pese a los avances, Cepyme advierte de que la morosidad sigue siendo un “grave problema estructural”. Aunque el porcentaje de ventas que requieren prórroga se mantiene en niveles mínimos del 0,34%, la patronal alerta de que la incertidumbre en los precios de las materias primas y la energía podría frenar nuevas reducciones en el corto plazo.
La persistente heterogeneidad de los datos refleja una realidad desigual: mientras las grandes corporaciones optimizan su liquidez, las microempresas continúan operando en un entorno en el que los retrasos suponen una barrera crítica para su sostenibilidad. En sectores como el papel y artes gráficas, el deterioro del promedio nacional indica riesgos al alza para 2026 debido a su dependencia energética.
El Observatorio Estatal de la Morosidad
El Gobierno constituyó en julio de 2025 el Observatorio Estatal de la Morosidad Privada, un órgano consultivo previsto en la Ley Crea y Crece con el objetivo de reforzar el control sobre los plazos de pago y promover buenas prácticas en el ámbito empresarial.
El organismo fue concebido como una herramienta para supervisar el comportamiento de pago y evaluar de forma sistemática la evolución de la morosidad, un fenómeno que sigue afectando de forma estructural al tejido empresarial, especialmente a las pymes.
En este sentido, el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, subrayó que la morosidad constituye una de las principales causas de las dificultades financieras de las pequeñas empresas, poniendo el foco en la necesidad de avanzar hacia una cultura de pago en plazo.
Entre sus funciones, el Observatorio asumió la elaboración de un informe anual sobre los plazos de pago —que debe presentarse en el Consejo Estatal de la Pyme—, así como el desarrollo de códigos de buenas prácticas, la formulación de propuestas de actuación y el seguimiento de las directrices europeas en esta materia.
Asimismo, el organismo incorpora herramientas como la publicación de listados de empresas incumplidoras o la implantación de mecanismos de resolución de conflictos, con el objetivo de mejorar la transparencia y fomentar el cumplimiento de los plazos legales.
La composición del Observatorio integra a representantes de varios ministerios, comunidades autónomas, organizaciones empresariales y entidades especializadas, junto a instituciones como la Cámara de Comercio de España, el INE o CEPES, con el fin de ofrecer una visión coordinada del problema.
- El Economista
