- El proyecto, valorado en 13,1 millones y con 21 meses de ejecución, permitirá acabar con el vertido de las aguas residuales de Tesorillo, Montenegral y El Secadero al cauce fluvial
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico imprime ritmo al proyecto de la futura depuradora para la cuenca del bajo Guadiaro tras diez años de trámites; los últimos cuatro marcados por una adjudicación fallida y el posterior encargo a la empresa pública Tragsa, que finalmente ejecutará las obras con una inversión de 13,1 millones de euros.
La actuación abarca la construcción de una estación depuradora de aguas residuales y la red de colectores para dar servicio a San Martín del Tesorillo y los diseminados de Montenegral Alto y El Secadero (pedanía de Casares, en Málaga), abarcando tres términos municipales —San Martín del Tesorillo, San Roque y Casares— y dos provincias, Cádiz y Málaga, para una población de casi 7.000 habitantes.
Errores y ausencias en las expropiaciones dejaron en suspenso la iniciativa en 2022. Ahora, tras la reciente publicación del nuevo expediente de información pública, el Ministerio ha puesto en marcha el proceso de expropiaciones como antesala al inicio de las obras.
La construcción de la depuradora y las canalizaciones requerirá de expropiaciones en 84 fincas privadas y en otras 22 en fincas de dominio público. La mayoría de los terrenos afectados son suelos rústicos, explotaciones agrícolas (regadío y aguacate), pastos, terrenos sin edificar e improductivos, según la resolución publicada el pasado mes de abril en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).
En total, será necesaria la expropiación permanente de 15.621 metros cuadrados de terrenos, de los que 14.227 son actualmente de titularidad privada (más 1.394 m2 públicos). La mayor parte de estos suelos se concentra en Tesorillo, con 67 fincas afectadas, frente a las 12 necesarias en San Roque y cinco en Casares. Todos los propietarios, tanto públicos como privados, han tenido la posibilidad de alegar contra la resolución del Ministerio a lo largo del pasado mes de abril.
Asimismo, durante las obras será necesaria la ocupación temporal de 122.362 metros cuadrados así como unas servidumbres de paso (caminos y accesos) por otros 84.500 metros cuadrados.
La depuradora del Guadiaro fue declarada de interés general del Estado en la Ley del Plan Hidrológico Nacional de 2001 y figura en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 2015 que condenó a España por incumplir la Directiva de Aguas Residuales Urbanas, debido a la falta de depuración adecuada en numerosos municipios, entre ellos Tesorillo, que junto a El Secadero vierten directamente a los cauces de la zona (ríos Guadiaro y Hozgarganta y arroyos Hondacavada y de las Castañuelas).
Para corregir la situación, la futura planta de tratamiento contará con un sistema de aireación prolongada mediante dos reactores tipo carrusel, una tecnología que permite limpiar el agua residual de forma muy eficaz, haciendo circular el caudal en grandes canales circulares donde se inyecta oxígeno para que las bacterias eliminen la suciedad.
Una adjudicación fallida
El proyecto para la construcción de esta depuradora fue aprobado en enero de 2021. Entonces, la instalación y las canalizaciones fueron valoradas en 7,08 millones de euros con un plazo de ejecución calculado en 21 meses. Pero las obras nunca llegaron a iniciarse. El contrato fue adjudicado en marzo de 2022 a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Ecisa y Acinser por 5,86 millones, si bien quedó paralizado tras la firma negativa del acta de replanteo porque no se disponía de todos los terrenos necesarios.
Tras más de dos años en suspenso, la UTE adjudicataria solicitó la resolución del contrato en julio de 2024; que fue aprobada en abril de 2025 por la Secretaría de Estado de Medio Ambiente. Este intento fallido obligó al Ministerio a rediseñar la estrategia de ejecución para evitar que el expediente abierto por la Unión Europea por los vertidos derive en sanciones económicas.
Ante la urgencia y la complejidad del procedimiento, el Ministerio optó por encargar las obras a la empresa pública Tragsa, lo que exigió actualizar el presupuesto mediante una adenda técnica, autorizada en mayo de 2025. Este documento revisó los precios, introdujo ajustes técnicos y actualizó el anejo de expropiaciones, al haberse modificado la situación jurídica de varias parcelas. El presupuesto de la actuación asciende ahora a 13.139.757,34 euros.
La iniciativa acumula diez años de tramitación, desde la licitación inicial de la redacción en 2016. A lo largo del proceso, se han sucedido problemas técnicos, especialmente en la definición del suministro eléctrico, retrasos administrativos, modificaciones presupuestarias y bloqueos expropiatorios que han ido aplazando una actuación considerada prioritaria para la salud pública y la protección ambiental del valle del Guadiaro.
- Europasur
