- El Consejo de Gobierno aprueba un instrumento estratégico para facilitar la actividad emprendedora, las inversiones y la recuperación
El Consejo de Gobierno ha aprobado el Plan para la mejora de la regulación económica en Andalucía, que establece reformar más de un centenar de normas y simplificar en torno a 150 procedimientos administrativos de carácter autonómico implicados en la regulación económica. Este instrumento estratégico está impulsado por la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades y su vigencia se prolonga hasta 2024.
Dicho programa tiene como objetivo facilitar el desempeño de empresas y emprendedores, mediante la reducción de trámites y requisitos desproporcionados e injustificados. De igual modo, pretende impulsar un cambio en la cultura de la Administración que la haga más ágil, accesible y proactiva y que permita mejorar la intervención pública en la economía. Además, busca facilitar la implantación de inversiones, así como promover la recuperación de las actividades productivas y la creación de empleo para contrarrestar los efectos de la pandemia de Covid-19.
La aprobación de este documento convierte a Andalucía en una región pionera en el territorio nacional, ya que implica la renovación integral de su normativa de corte económico. Esa revisión supone un paso imprescindible para sustentar la transformación y diversificación del actual modelo productivo de la comunidad y para aprovechar las oportunidades de inversión derivadas de los fondos europeos, tanto los canalizados a través del mecanismo Next Generation creado a raíz de la pandemia como los incluidos en los marcos plurianuales.
La simplificación planteada para las más de cien normas, entre leyes y decretos, se articula a través de tres decretos leyes, dos de ellos ya en vigor y el tercero próximo a su aprobación. Toda la normativa modificada hasta ahora se circunscribe a los principales ámbitos económicos andaluces como son el turismo, el comercio, la industria agroalimentaria, la pesca, la energía o la salud. También ha afectado al proceso de declaración de proyectos de inversión de interés estratégico para favorecer la captación de grandes iniciativas empresariales.
Para acometer la mejora de los procedimientos administrativos fijados, la Consejería de Transformación Económica está evaluando, junto al resto de departamentos de la Junta, todo el conjunto de trámites autonómicos que han de cumplir los operadores económicos, tanto al inicio como en el desarrollo de su actividad. Se trata de un total de 468 procedimientos, que al finalizar el plan en 2024 se habrán simplificado en torno a un 30%, lo que equivale a unos 150.
Guía de subvenciones
Esta línea de trabajo en el marco autonómico se completa con la revisión de otros 207 procedimientos implicados en la normativa que regula la concesión de ayudas y subvenciones a empresas, con el fin de agilizarlas al máximo para afrontar la financiación europea en las mejores condiciones regulatorias.
Ese análisis culminará con la elaboración de una guía de subvenciones para los gestores de la Administración andaluza, y se establecerá un calendario de difusión y formación. Con ello, se pretende que las consejerías revisen su normativa en la materia y evalúen si sus procedimientos administrativos para dar subvenciones a los operadores económicos se adecúan a los principios de una buena práctica regulatoria. El programa también contempla la necesidad de reforzar el seguimiento y la evaluación de este tipo de políticas públicas para medir sus resultados y en qué medida son eficaces y eficientes, en términos de crecimiento económico o de creación y mantenimiento de empresas y empleo.
Al margen de la tramitación regional, la Consejería también ha identificado otros 154 procedimientos regulados por normativa estatal y europea que también son susceptibles de mejora. Para este caso, el plan propone plantear su modificación en las correspondientes conferencias sectoriales presididas por el Gobierno central.
Asimismo, el instrumento de planificación recién aprobado también aborda otras líneas de acción encaminadas a facilitar la implantación de iniciativas empresariales en el medio rural con la finalidad de frenar la pérdida de población y favorecer el relevo generacional. Para ello establece la abreviación de los trámites implicados en actividades agrícolas y agroalimentarias. El plan también contempla la mejora de la regulación económica en el ámbito local, poniendo el foco en la agilización de la normativa urbanística.
La Consejería de Transformación Económica ha elaborado el documento apoyada en tres grupos de trabajo, uno de carácter sectorial, otro transversal y un tercero compuesto por expertos, entre altos directivos de la Administración, especialistas procedentes del mundo universitario y de la empresa y por funcionarios cualificados. En total, han contribuido a su diseño más de 150 funcionarios de todas las consejerías coordinados por la Agencia de la Competencia y la Regulación Económica de Andalucía (ACREA). El plan ha contado, además, con la participación activa de los principales agentes económicos y sociales más representativos (UGT, CCOO y CEA).
Las reformas contenidas en los decretos leyes
Amparadas en este documento estratégico, la Junta ha acometido, con carácter previo, dos importantes reformas de simplificación, recogidas en dos decretos leyes ya aprobados. La primera de ellas se llevó a cabo en 2019 y afectó a la normativa relacionada con la declaración de proyectos de interés estratégico para la comunidad. Los cambios introducidos tenían como objetivo agilizar la aplicación de esta figura, que permite dar un impulso preferente y urgente a los distintos trámites ante la Administración andaluza que han de cumplir aquellas inversiones empresariales más relevantes. Desde el inicio de la legislatura, el Ejecutivo autonómico ha declarado de carácter estratégico diez grandes proyectos industriales y energéticos que conllevan una inversión de 3.443 millones y la creación de 9.676 puestos de trabajo. Junto a ellos otra decena de iniciativas se encuentra en estudio.
La segunda reforma hace referencia al Decreto ley 2/2020, de 9 de marzo, de Mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva de Andalucía. Esta norma incide sobre 21 leyes y seis decretos e incluye un centenar de medidas, entre simplificación de procedimientos y eliminación de barreras y trabas en ámbitos económicos como el turismo, el comercio, la industria agroalimentaria o el medio ambiente.
Con el fin de continuar con el proceso ya iniciado con esas dos acciones regulatorias, la Junta ultima una tercera que se materializará en otro Decreto ley de simplificación. Esta nueva medida tendrá efecto sobre unas 80 normas y contendrá más de 300 medidas de simplificación y reactivación económica que afectará a toda la Junta.
La calidad regulatoria de Andalucía
El Plan señala la calidad institucional y regulatoria como uno de los factores estructurales que influyen en el crecimiento de las economías, junto a otros aspectos como la capacidad inversora, la estructura sectorial de la actividad productiva o el nivel y diversidad de cualificación de los trabajadores. Esa afirmación viene ratificada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que en determinados estudios indica que aquellos países o regiones que muestran mejores puntuaciones en indicadores de calidad institucional suelen mostrar a largo plazo un crecimiento potencial más elevado y robusto.
El documento analiza la calidad institucional y regulatoria de Andalucía y España, a través de diferentes indicadores y estudios, concluyendo que ambos presentan un déficit en esta materia con respecto a Europa.
A modo de ejemplo, un estudio del Banco de España de 2020 que analiza cómo afecta el volumen de la regulación a la demografía empresarial y a la productividad, recoge que Andalucía se coloca entre las comunidades con mayor producción normativa regional en el periodo 1983-2018, con casi el 8% del global. Cataluña ostenta la primera posición, con el 12%. Además, dicho informe establece una relación directa entre el escaso tamaño de las empresas con una deficiente regulación, asegurando, incluso, que un aumento del 1% en el volumen de regulación estaría relacionado con un 0,5% menos de empresas de promedio.
A su vez, en la esfera nacional, un estudio de 2018 sobre calidad institucional de la Fundación BBVA señala que España se ubica un 26% por debajo de su potencial. Además, estima que, si ese parámetro se elevara hasta el nivel que le corresponde de acuerdo con la productividad de su economía, se obtendría un incremento potencial a largo plazo del PIB per cápita de alrededor del 20% en un escenario intermedio.
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