Pablo Cerezal. Madrid

El Consejo de Ministros aprobó ayer el anteproyecto de la Ley Crea y Crece, con la que trata de estimular la actividad empresarial a través de dos vectores: por un lado, facilitando la constitución de las sociedades; y, por otro, estimulando su desarrollo. Para ello, el texto plantea una batería de medidas, entre las que se incluyen la posibilidad de constituir una compañía con apenas un euro de capital social (frente a los 3.000 euros necesarios actualmente) y en un plazo de 10 días, la penalización en los contratos con la Administración a las empresas morosas (con el objetivo de facilitar liquidez a las pequeñas y medianas empresas) o mejoras en los instrumentos de financiación del crecimiento empresarial alternativos a la banca, tales como el capital riesgo. Sin embargo, la norma no incluye algunas medidas orientadas a lo que muchos expertos consideran los grandes lastres para el crecimiento, como es la normativa laboral o la fiscal.

La norma, que es una de las principales reformas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, trata de facilitar la creación de una empresa, al reducir el coste económico y simplificar los trámites para su constitución. En concreto, se establece la posibilidad de constituir una Sociedad de Responsabilidad Limitada con un capital social de un euro (frente a los 3.000 en la actualidad). En este sentido, se promueve la constitución telemática de empresas a través de la ventanilla única del Centro de Información y Red de Creación de Empresas (CIRCE), lo que garantiza una reducción en los plazos para su creación y de los costes notariales y registrales.

Contra la morosidad

En segundo lugar, la ley tratará de utilizar los fondos europeos como una vía para estimular la lucha contra la morosidad, y lo hará excluyendo a las empresas que superen los plazos legales de pago de la contratación pública, pudiendo llegar incluso a afectar a proyectos que ya estuvieran en marcha. Con ello, se trata de asegurar que los 140.000 millones de los fondos europeos, que van enfocados en buena medida a las grandes empresas, acaben llegando también a las pequeñas compañías, a las que las primeras contratan pero no pagan a tiempo. De hecho, la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad calcula que las empresas cotizadas en el Mercado común acumulan 81.786 millones de euros en deudas comerciales por encima del plazo legal, por lo que reducir esta cuantía trasladaría una gran cantidad de liquidez a sus proveedores. Y un instrumento que puede apoyar esta medida, además, es la obligación de expedir y remitir factura electrónica en todas las relaciones comerciales entre empresas y autónomos.

Por otra parte, también hay varias medidas orientadas a impulsar el crecimiento de las empresas, como son la simplificación de la regulación, los procedimientos burocráticos más ágiles, la ampliación del catálogo de actividades económicas exentas de licencia o las medidas para mejorar los instrumentos de financiación al crecimiento empresarial, como el capital riesgo, que a partir de ahora podrá invertir en fintech.

• Fuente: Expansión