Situación de la obra pública en Sevilla
En el caso de Sevilla, las obras afectadas son 75, que conjuntamente superan los 33 millones de euros. Entre los proyectos que se han quedado desiertos o paralizados, destaca el de la rehabilitación de la Fábrica de Vidrios en la capital hispalense, que supone casi un tercio del montante total que afecta a la provincia, con más de 10 millones de inversión que se han quedado desiertos y que corresponde al Ayuntamiento de Sevilla.
Piscinas municipales, obras de restauración o reasfaltado de calles son otras de las intervenciones que se han quedado sin desarrollar. A la Fábrica de Vidrios, le sigue la construcción de la piscina municipal de San Nicolás del Puerto, una actuación de 1,3 millones de euros. El caso del reasfaltado de varias calles de Dos Hermanas (1,2 millones, tanto en Montequinto como en el núcleo principal y dependiente del consistorio nazareno) ha vuelto a salir a licitación después de que, en la primera ocasión, no se presentara nadie.
Otra de las intervenciones destacadas que se ha quedado parada corresponde a la Plaza de España, en concreto, a las obras de artesonado de las puertas de Navarra y Aragón, dependiente de Patrimonio del Estado, por 1,2 millones. La redacción y ejecución de la piscina municipal y obras de reasfaltado de Castilleja de la Cuesta y de la SE-3206 (de la Diputación de Sevilla) son otras de las intervenciones que han quedado pendientes.
“Una vez más, asistimos a una situación sobrevenida e imprevisible provocada por la inestabilidad geopolítica internacional; en esta ocasión, por la creciente tensión en Oriente Medio y sus efectos sobre los mercados energéticos y las materias primas. Mientras tanto, las constructoras se ven obligadas a asumir al incremento de costes, ya que no existen medidas de actualización de precios”, ha señalado Arturo Coloma, secretario general de Ceacop.
Ceacop pide la revisión de precios
En este sentido, desde la entidad han lamentado “la falta de mecanismos eficaces de revisión de precios en los contratos de obra pública, un problema este último que no es nuevo y viene afectando al sector de forma continuada, especialmente agravado en periodos de crisis como ocurrió con el Covid, con la guerra de Ucrania y actualmente, con el conflicto en Oriente Medio”.
En términos económicos, las actuaciones que han quedado desiertas alcanzan los 116 millones de euros, lo que supone triplicar la cifra interanualmente y ya supera el montante total contabilizado a lo largo del conjunto del ejercicio pasado, ha destacado Ceacop. “De no incrementarse el presupuesto de licitación y no habilitarse una fórmula de revisión de precios, dichas iniciativas no podrán ser atendidas por el mercado. La tipología de proyectos en esta situación es muy heterogénea y figuran desde el mantenimiento de carreteras hasta la construcción de todo tipo de edificios públicos”, ha señalado.
Ceacop ha puesto en el foco la dificultad de las empresas constructoras para ejecutar los contratos que fueron licitados y adjudicados bajo unas condiciones económicas “que hoy han cambiado sustancialmente”. A lo que se añade la falta de un paraguas legislativo que contemple estas eventualidades para adaptar los contratos a las circunstancias extraordinarias e imprevisibles.
Un real decreto para evitar la paralización de contratos
Ante este escenario, la patronal exige al Gobierno central la aprobación inmediata de un real decreto que establezca un sistema extraordinario de revisión de precios y la incorporación estructural de estos mecanismos en la Ley de Contratos del Sector Público.
En este sentido, Ceacop ha advertido que una respuesta administrativa tardía “provocará la paralización de obras, la pérdida de inversión pública y graves problemas económicos para un sector estratégico” que representa una parte esencial de la actividad económica y del empleo en España.
Aumento del coste de los materiales
Desde el inicio del conflicto bélico en febrero de 2026, se han disparado los costes de materiales esenciales para la ejecución de infraestructuras como el betún (hasta un 50%), el acero corrugado y el hormigón, en ambos casos por encima del 15%. A esto se suma un encarecimiento de la energía cercano al 47%. Esto ha puesto en “serias dificultades” a las empresas constructoras para ejecutar los contratos, que se han visto obligadas a reducir el ritmo de ejecución.
“Más del 50% de las obras adjudicadas están experimentando ralentizaciones significativas. Las empresas intentan reorganizar compras, suministros y procesos productivos a la espera de una estabilización de los mercados que permita recuperar parte de los sobrecostes sufridos. Hay contratos cuya ejecución resulta extraordinariamente compleja o directamente imposible en las condiciones actuales, sin mecanismos que permitan compensar ni siquiera de forma parcial los incrementos de costes”, ha añadido Coloma.
Especialmente significativo es el del plan extraordinario de inversiones de la Junta de Andalucía para obras de asfaltado, con una dotación de 140 millones de euros. Estos contratos se licitaron antes de la escalada del conflicto con Irán y carecen de cualquier fórmula de revisión de precios, “por lo que las empresas adjudicatarias están asumiendo un sobrecoste que ya rebasa el 30%”.
