Tras la asamblea de la organización celebrada hoy, su presidente, Enrique Figueroa, ha señalado en un comunicado que “el pago es una inyección económica para no seguir destruyendo empleo”, ya que servirá para “salvar empresas y autónomos”. 

Ha asegurado que las constructoras y consultoras andaluzas “no pueden soportar más demoras ni en la ejecución de las obras ni en los pagos pendientes por parte de las administraciones públicas”, ya que la actual deuda de la Junta con las compañías de obra pública alcanza los 1.200 millones, “a lo que se suman los 1.250 millones que adeudan los ayuntamientos”, según sus datos. 

Figueroa ha apuntado la necesidad de reorientar el gasto social porque en la actualidad “apoyando aquellos sectores productivos y dinamizadores, como lo es la obra pública”. 

En este sentido ha hecho un llamamiento al gobierno andaluz para que la Consejería de Obras Públicas “tenga una estabilidad importante y necesaria”, evitando los cambios de sus máximos responsables, “como ha pasado en la última legislatura y que ha ralentizado los ritos de contratación y toma de decisiones”. 

La organización ha recordado “los logros” de los últimos meses, que “en muchas ocasiones han estado a la vanguardia de las medidas acordadas en diferentes consejos de Gobierno”. 

Sin embargo, tras la destrucción de 350.000 empleos en el sector en Andalucía, consideran que el horizonte para 2012 es “totalmente desesperanzador y deja en situación de peligro a los 200.000 trabajadores que actualmente dependen de la construcción”.