A pesar de que el Ejecutivo andaluz no ha hecho público qué volumen de deuda ha abonado, 

el Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (CEACOP) estima que la cantidad pagada por las agencias públicas y departamentos de la Junta de Andalucía a las empresas constructoras y consultoras ha podido alcanzar los 200 millones de euros. Con este movimiento económico, el Gobierno autonómico ha dado una respuesta, al menos parcial, a una demanda ya histórica de las empresas dedicadas a la obra pública. Desde hace años, la Junta de Andalucía dejó de pagar a estas empresas la construcción de infraestructuras finalizadas y que están en servicio, incumpliendo así los compromisos de pago firmados en los contratos. 

El presidente de CEACOP, Enrique Figueroa apunta que aunque este pago ha facilitado algo de alivio financiero a las empresas, ?el problema no está resuelto, sino que el compromiso de pago debe ser del 100%,  ya que todavía quedan más de 500 millones de euros que la Junta no ha pagado a las empresas y que no sabemos cuándo se abonarán?.

Desde la patronal andaluza apremian al Ejecutivo autonómico a que formule y ponga en marcha el mecanismo de pago que crea oportuno, con la prioridad de liberar a las empresas de la asfixia económica. Hoy por hoy, las empresas de obra pública se encuentran doblemente castigadas por la restrictiva situación actual, ya que además de la deuda las constructoras y consultoras tienen enfrente un mercado financiero que les cierra las puertas a las posibilidades de financiación. 

A mediados de 2012 CEACOP coordinó una reclamación ante el Registro general de la Junta de Andalucía, donde las empresas denunciaron de forma conjunta el impago de obras ejecutadas, con aprobación técnica firmada por los responsables de la Junta que certifican la finalización de los trabajos, y que no se han abonado. Además, hay firmas andaluzas que a continuación han recurrido a los tribunales como última vía para poder cobrar las cantidades que le adeuda la Administración. Para la reclamación de los pagos pendientes, las empresas tienen a su favor la Ley de Lucha contra la Morosidad, (Ley 15/2010, de medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales), que a partir del 1 de enero de 2013 se vuelve mucho más restrictiva y acota los plazos de pago a 30 días en el caso de contratos con la Administración pública, y 60 días en las operaciones comerciales entre empresas privadas.