En un mundo sacudido por guerras, energía volátil y cadenas de suministro frágiles, mantener contratos públicos a precio fijo y sin una revisión legal automática traslada todo el riesgo al contratista, encarece las licitaciones y termina perjudicando al interés general. La contratación pública no puede exigir a la empresa que asuma, en solitario, riesgos geopolíticos que ningún operador serio puede prever ni absorber sin destruir su equilibrio económico. Estos días el Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública, CEACOP, ha puesto acertadamente el problema sobre la mesa y ha pedido soluciones.

La contratación pública española sigue anclada, en materia de revisión de precios, en una lógica de estabilidad que ya no existe. El marco vigente permite una revisión ordinaria únicamente cuando concurren los supuestos tasados por la ley, se articula expresamente y se define en el pliego con su fórmula correspondiente.

Cuando eso no ocurre, el contratista queda atrapado en un precio cerrado, aunque la realidad económica haya cambiado de forma abrupta. Y esa realidad, hoy, cambia demasiado deprisa. Basta mirar lo que está sucediendo estos días con Irán y con el estrecho de Ormuz.

Cuando una guerra altera el tráfico energético mundial, no solo sube el petróleo. Se tensionan también los materiales bituminosos, el transporte, la electricidad, la logística, el acero, el aluminio y, en cadena, buena parte de los insumos que intervienen en una obra pública. En pocas semanas, la estructura real de costes de un contrato puede dejar de parecerse a la que existía cuando se presentó la oferta.

Sin embargo, el contrato sigue exigiendo ejecutar al mismo precio, como si nada hubiera pasado. Ese es el verdadero problema: el sistema actual no distribuye el riesgo; lo descarga casi por completo sobre el contratista. Y cuando el riesgo es absorbible, la empresa hace un esfuerzo de eficiencia. Pero cuando el riesgo deriva de una guerra, de una crisis energética global o de una ruptura de suministros, ya no estamos ante una contingencia empresarial normal, sino ante un shock exógeno imposible de gestionar con herramientas ordinarias.

Obligar a ejecutar en esas condiciones no refuerza el interés público. Lo compromete. Porque el resultado es conocido: licitaciones desiertas, ofertas infladas por prudencia defensiva, adjudicaciones temerarias, solicitudes de modificación, conflictos, ralentización de los trabajos y, en los casos más extremos, resolución del contrato o abandono económico del proyecto.

Es decir, lo que aparentemente se ahorra la Administración al negar una revisión razonable, lo termina pagando después en demora, en litigios, en pérdida de competencia y en un mayor coste final para el conjunto del sistema. La revisión excepcional aprobada en 2022 fue el reconocimiento implícito de que el problema existía.

Pero precisamente por eso no puede convertirse en la coartada para no abordar la reforma de fondo. La excepcionalidad es útil para apagar incendios; no sirve para diseñar un mercado público serio. Un país no puede confiar la ejecución de sus carreteras, hospitales, depuradoras o infraestructuras estratégicas a un mecanismo de auxilio improvisado cada vez que el mundo entra en convulsión.

• Fuente: El Economista