- El nuevo complejo de la avenida Virgen del Carmen concentrará todos los órganos penales, mientras la Plaza de la Constitución mantendrá las jurisdicciones Civil, Social y Contencioso-Administrativa
La Junta de Andalucía colocará este martes, 16 de junio, la primera piedra de la Ciudad de la Justicia de Algeciras, un proyecto que transformará el mapa judicial de la ciudad, con la concentración de sedes que hasta ahora están dispersas en cinco edificios, después de años de retrasos y reclamaciones del sector judicial por el deterioro y carencias de las actuales sedes. El acto institucional contará con la presencia del consejero de Justicia, José Antonio Nieto, y del alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce.
La actuación se ejecutará con una inversión de casi 30 millones de euros sobre la parcela que ocupa actualmente la Sección Séptima de la Audiencia Provincial, en la avenida Virgen del Carmen, aunque el nuevo diseño multiplicará por cinco la capacidad del espacio existente. El proyecto contempla una superficie construida de 12.692,70 metros cuadrados, con una organización formada por tres piezas transversales de tres plantas, uno de cuyos edificios alcanzará las seis alturas. La futura sede cubrirá las necesidades actuales del partido judicial y contará además con espacio suficiente para la posible incorporación de nuevos órganos en el futuro.
Un proyecto con más de una década de espera
El inicio de las obras llega después de un largo proceso marcado por retrasos y varios anuncios de puesta en marcha. La Junta de Andalucía había situado en anteriores ocasiones el comienzo de los trabajos para 2024, aunque la tramitación administrativa, las licitaciones y la adjudicación definitiva han desplazado el calendario hasta este mes de junio.
La actuación permitirá sustituir unas instalaciones judiciales que durante los últimos años han acumulado numerosas críticas por sus problemas de conservación, especialmente el Palacio de Marzales y la sede actual de la Audiencia Provincial.
El proyecto pretende acabar con la dispersión actual, que obliga a repartir los órganos judiciales entre cinco edificios diferentes, y avanzar hacia un modelo con solo dos sedes: la nueva Ciudad de la Justicia y el Palacio de Justicia de la Plaza de la Constitución. El edificio que se levantará en la avenida Virgen del Carmen concentrará toda la jurisdicción Penal, mientras que la Plaza de la Constitución mantendrá las jurisdicciones Civil, Social y Contencioso-Administrativa, que seguirán en ese edificio, aunque con conexión digital con la nueva sede. En el nuevo complejo se instalarán las secciones de lo Penal y de Instrucción, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer, el Juzgado de Guardia, la Fiscalía de Área, la Sección y la Fiscalía de Menores y el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
También tendrán allí su espacio los Servicios Comunes Procesales y otras unidades vinculadas a la actividad penal. La sede estará adaptada a la nueva Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia y diseñada para responder a las necesidades de un partido judicial con una importante carga de procedimientos vinculados al narcotráfico, el crimen organizado y el blanqueo de capitales.
Diez salas de vistas y zonas específicas para detenidos y menores
El proyecto incorpora una distribución pensada para mejorar el funcionamiento diario de la Justicia. La nueva sede contará con diez salas de vistas, tres de ellas de grandes dimensiones para juicios con jurado y macrocausas.
El edificio dispondrá además de dos salas Gesell para víctimas vulnerables, salas de lactancia, aparcamientos y una zona específica para detenidos en el sótano. El diseño también contempla accesos diferenciados para determinados servicios, como el área de menores y la zona destinada a personas detenidas, con el objetivo de garantizar mayor seguridad y evitar cruces entre ciudadanos, profesionales y usuarios especialmente protegidos.
La obra se desarrollará en dos fases. En la primera se levantará un edificio en la parte trasera de la actual sede de la Audiencia Provincial, lo que permitirá trasladar la actividad judicial y liberar el espacio necesario para continuar con el proyecto. En la segunda fase se demolerá el edificio actual de la Audiencia y se completará el conjunto definitivo. En total, la ejecución está prevista en 38 meses, los 18 primeros para construir un nuevo edificio en la zona libre de la finca y los 20 siguientes para demoler las actuales instalaciones y erigir las nuevas. Todo sin interrumpir la actividad judicial.
El reto de sustituir unas sedes deterioradas
La puesta en marcha de la Ciudad de la Justicia supone una respuesta a una de las principales reivindicaciones del ámbito judicial algecireño. Durante los últimos años, los sindicatos y los profesionales han denunciado las deficiencias de algunos edificios, con especial atención al Palacio de Marzales, que ha sufrido problemas de humedades, desprendimientos y deficiencias que han afectado al desarrollo normal de la actividad, además de la aparición de animales como ratas, insectos, una serpiente o incluso gallinas.
La sede de los jugados de lo Penal es la que se encuentra en peores condiciones, por lo que la Junta de Andalucía ha puesto en marcha un plan para desalojarla de forma definitiva. La intención es que los cuatro juzgados de lo Penal sean reubicados en el edificio de la Plaza de la Constitución, en una operación que, según ha podido conocer este periódico de fuentes judiciales, estaba previsto culminar en septiembre, aunque finalmente se atrasará, como mínimo, hasta diciembre.
Para ello, la Administración está buscando un local en alquiler para reubicar algunas unidades judiciales de la sede de la Plaza de la Constitución para que esta pueda acoger a los juzgados de lo Penal. Para ello serán necesarias pequeñas obras de adecuación con el objetivo de optimizar el espacio disponible.
La sede de la Audiencia Provincial de Cádiz también ha sufrido algunos problemas. Además de presentar una pésima imagen exterior, con ventanas tapiadas y desconchones en las paredes, el mal estado de algunas dependencias ha obligado a desalojar al personal en algunas ocasiones. A raíz del tren de borrascas del pasado febrero, aparecieron una enorme cantidad de goteras y moho en las paredes. Algunos funcionarios incluso colocaron unos plásticos sobre sus mesas de trabajo para protegerlas del agua y la humedad.

