- MÁS ENCOMIENDAS/ La empresa estatal figura entre los partícipes de los trabajos financiados con fondos Nextgen.
C.Morán. Madrid
Tragsa, la empresa estatal especializada en obras y servicios en el medio rural y agrícola, va a cerrar 2022 con un notable crecimiento en términos de facturación, sin erosionar demasiado la rentabilidad manifestada en los últimos años. Aunque la compañía no tiene como finalidad ganar dinero, el grupo presidido por Jesús Casas prevé unos 25 millones de euros de beneficio, en línea con el resultado de 2021. Los ingresos de explotación procedentes de las encomiendas ejecutadas durante el año ascenderán a unos 1.255 millones de euros, lo que representa un aumento del 12% respecto al año pasado. La compañía, al igual que el resto de contratistas del Estado, está sufriendo el impacto de la escalada de precios de materiales de construcción.
La empresa, cuyo buque insignia es la ingeniería Tragsatec, trabaja para la gran mayoría de las administraciones territoriales, clientes que emplean la empresa como medio propio del Estado a través de la figura de la encomienda de gestión.
Una parte relevante del alza de la cifra de negocio proviene del crecimiento orgánico, con la incorporación de más accionistas al capital de la empresa, especialmente Diputaciones Provinciales .
Según el último balance realizado, forman parte del accionariado de Tragsa 70 administraciones. Sepi es el socio de control con el 51%. El Fondo Español de Garantía Agraria tiene el 38,9% y la Dirección General de Patrimonio del Estado, otro 9%. Las 17 Comunidades Autónomas, dos ciudades autónomas y 48 diputaciones, cabildos y consells suman una acción cada una, título que les da derecho a encargar obra y otro tipo de trabajos al grupo público.
“Recibimos todo tipo de encargos”, aseguran en la compañía especializada en atender, sobre todo, situaciones extraordinarias como trabajos nuevos vinculados a la alarma provocada por el Covid, las campañas de incendios, la erupción volcánica de la isla de La Palma y los daños causados por las danas (lluvias torrenciales), entre otras emergencias.
En los dos últimos años, la empresa ha mejorado sensiblemente la relación con el sector privado. La relación no fue buena debido a las acusaciones de las constructoras, que veían en Tragsa a un competidor desleal al recibir encargos para construir edificios públicos sin pasar por procesos de concurrencia.
“Ya no existe esa tensión del pasado”, admiten en la empresa que, no obstante, reconoce que varias Administraciones territoriales han tenido que llamarles por el aumento de concursos de obra desiertos. “No son numerosos, pero sí hemos percibido más casos por la escalada de precios de algunos materiales de construcción, como, por ejemplo, hormigón, acero, cobre y madera”.
La propia compañía estatal ha tenido que realizar consultas a la abogacía del Estado debido a que a las encomiendas en fase de ejecución no se les puede repercutir el incremento de costes. “No podemos trabajar a pérdidas, pero, al mismo tiempo, según la legislación, solo se puede repercutir ese sobrecoste a las nuevas encomiendas”.
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