Hoja de ruta en marcha para convertir Tablada en un parque. El primer paso del gobierno municipal es iniciar lo antes posible la redacción de un estudio técnico jurídico que realice un análisis urbanístico y jurídico de la situación actual de los suelos tras los últimos pronunciamientos judiciales, así como de las posibilidades de actuación para que sea un espacio verde y público.
El Ayuntamiento trasladará esta línea de trabajo a la Junta de Andalucía y a los promotores titulares de los suelos. Este estudio deberá incluir las actuaciones a realizar en los suelos, los usos lucrativos que puedan ser compatibles con el uso principal y los costes de mantenimiento.
Siguiendo la línea de trabajo que ya desarrolla la mesa ciudadana por Tablada, los socialistas acometerán actividades y programas divulgativos que permitan ampliar a toda la ciudadanía el conocimiento de la dehesa, que se ha incrementado en los últimos meses a raíz de la pandemia, así como de la oportunidad que puede suponer para la ciudad como gran parque metropolitano que conserve los valores naturales de la dehesa y que sea un referente a nivel autonómico y nacional en materia de sostenibilidad y desarrollo de una zona verde.
El alcalde mantuvo ayer una primera reunión de trabajo con la mesa ciudadana por Tablada, conformada por distintas asociaciones, para establecer una hoja de ruta de actuación para el Ayuntamiento y así avanzar en el objetivo de avanzar y conseguir que sea una zona verde y pública, tal y como consta en los acuerdos suscritos con Podemos Sevilla e Izquierda Unida para la aprobación del presupuesto de 2022. Al encuentro asistieron también el delegado de Hábitat Urbano y Cohesión Social, Juan Manuel Flores, la concejal Susana Serrano en representación de Podemos Sevilla, y el concejal Daniel González Rojas en representación de Izquierda Unida.
El gobierno de la ciudad y la mesa ciudadana por Tablada comparten el objetivo de lograr que la dehesa se convierta en una zona verde y pública y la necesidad de iniciar un procedimiento para conseguirlo acorde con la situación jurídica de los suelos a raíz de los últimos pronunciamientos judiciales. Para ello, el gobierno y la mesa ciudadana han iniciado su colaboración en una hoja de ruta que debe permitir que se produzcan avances en los próximos meses dentro de las competencias y posibilidades municipales.
LA INTENCIÓN DEL GOBIERNO ES MANTENER LAS ACTIVIDADES Y LOS PROGRAMAS DIVULGATIVOS
En paralelo, la vía judicial para recuperar la titularidad pública de los suelos rústicos de Tablada, propiedad de varias constructoras, se cerró hace unos meses definitivamente, pese a que era el camino más fácil y más económico para los intereses públicos. Esta opción ha quedado en vía muerta tras la decisión del capitán jubilado Jesús López de desistir del procedimiento iniciado ante la Audiencia Nacional para que ejecutara la sentencia pendiente contra el Ministerio de Defensa con todos los visos de prosperar.
En una de las últimas intervenciones pública del gobierno municipal sobre la expropiación de los suelos de Tablada para convertirlo en un parque periurbano fue de Antonio Muñoz después del pasado verano. “Algo hay que hacer. El Ayuntamiento no contempla en estos momentos la expropiación. Independientemente de las dudas jurídicas que plantea, imaginaros el presupuesto que tendríamos que destinar para expropiarlo. Entendemos que, por ser un parque periurbano, es la Junta quien debería producir esa expropiación total o parcial del número de hectáreas”. La propuesta de los socialistas es lograr un acuerdo con la Consejería de Medio Ambiente “para que sea coherente con lo que ella misma ha planificado”. Entienden que es el gobierno andaluz del popular Juanma Moreno quien debe mover ficha, aunque no quieren que se interprete como que se ponen de perfil: “Nosotros también tenemos que negociar y presionar a los interesados”.
El Estado subastó las 360 hectáreas de Tablada en 1997 por 36 millones y sus compradores (las cajas de ahorro sevillanas) las volvieron a vender en 2001 por el doble de dinero (82 millones) a una agrupación de promotoras inmobiliarias decididas a construir viviendas. El problema fue que la sentencia judicial del Supremo (2016) dejó meridianamente claro que la franja de suelo de 200 metros junto al río no es subastable ni vendible porque pertenece al dominio público marítimo-terrestre.
