La primera fue dictada el 23 de enero de 2026. Como las otras tres, el tribunal fue la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo. El asunto de fondo eran los sobrecostes del subtramo II (del kilómetro 4,100 al 8,140). Como constató la Sala, durante la obra se produjeron seis prórrogas del plazo de ejecución, “sin que ninguna se considerara imputable al contratista”. Es decir, que todas fueron responsabilidad del Ministerio.

Las “causas relevantes” de esa “ralentización de los trabajos” fueron básicamente “la inviabilidad del proyecto constructivo” inicial y la “tramitación anormal” de las dos modificaciones introducidas para corregir esos fallos. La culminación de la obra se alargó dos años, desde el 3 de marzo de 2018 al 31 de marzo de 2020, e incluso hubo otra “tardanza” de un mes en la recepción de la carretera: fue el 1 de julio de 2020 a pesar de que estaba concluida desde el 1 de mayo.

La compañía reclamó 3.331.985,62 euros. La Audiencia reconoció su derecho a ser indemnizada con 2.571.662,80 euros más intereses, ya que estimó el recurso en parte y no íntegramente.

La segunda sentencia, fechada el 16 de septiembre, tenía que ver con los sobrecostes del subtramo I (del kilómetro 0 al 4,100). La empresa atribuyó el exceso de presupuesto al incremento en el plazo de ejecución de la obra, que pasó de los 38 meses pactados con el Gobierno a casi 63 meses. El motivo, de nuevo el mismo: “Errores, deficiencias y omisiones del proyecto original de la obra, así como la anormal tramitación de las dos modificaciones aprobadas para solventar los errores del proyecto”. Eso derivó en la “paralización de facto” de la obra “ante la imposibilidad de ejecutar trabajos que no habían sido correctamente contemplados en el proyecto constructivo” inicial.

Al igual que en la primera sentencia, la Audiencia desgrana el proceso administrativo hito a hito y destaca las sucesivas modificaciones del proyecto. Hubo hasta siete prórrogas del plazo de ejecución, “sin que ninguna se considerara imputable al contratista”. Otra vez igual. Las prórrogas empezaron el 3 de marzo de 2018 y la obra acabó el 30 de marzo de 2020. Y ni siquiera entonces se pudo recepcionar por “los retrasos por parte de la Dirección General de Carreteras a la hora de aprobar el proyecto modificado número 2 como consecuencia de la falta de crédito presupuestario”.

La Abogacía del Estado alegó que la empresa no ejecutó el contrato adecuadamente, pero los magistrados desoyen sus argumentaciones. “No se aprecia ralentización alguna hasta 2017, momento en que se procede a la modificación del contrato”, responden. En cambio “sí ha quedado acreditado que existían ciertos errores en el proyecto de obra que fueron puestos de manifiesto por la contratista y que motivaron la necesidad de efectuar dos modificaciones del contrato”. “Esos defectos del proyecto sólo son imputables a la Administración”, sentencian.

La compañía vasca reclamó 1.892.764,51 euros por esos sobrecostes, pero la Audiencia de nuevo estima su recurso parcialmente y no por completo. En la práctica le reconoce el derecho a ser resarcida con 1.552.956,40 euros más intereses.

La última sentencia data del 8 de octubre y también está vinculada al subtramo I, en concreto al cobro de “la obra realmente ejecutada y los sobrecostes directos” asociados a ese trozo de autovía. La empresa de Bilbao pidió 2.871.220,56 euros de nuevo por los errores del proyecto constructivo o la diferencia entre las obras que ejecutó y las que le pagó el Ministerio. La Audiencia Nacional también estimó parcialmente el recurso y redujo la cantidad a 1.443.797,69 euros.

Más de 400 días para pagar dos facturas

La sentencia que falta por analizar se dictó el 17 de septiembre, el día después de la relativa a los sobrecostes del subtramo I. En ella, la Audiencia Nacional estima íntegramente otro recurso en el que Construcciones Adolfo Sobrino solicitaba los intereses por la tardanza en cobrar las dos facturas por las certificaciones finales del contrato de obras del tramo completo (8,1 kilómetros). El Ministerio de Transportes tardó más de 400 días en abonar esos dos recibos y después obvió las reclamaciones que la compañía le puso el 9 de marzo de 2023. La empresa recurrió y exigió 192.702,69 euros en concepto de intereses de demora… más los intereses de los intereses, claro. Y la Sala esta vez le da la razón en todo.

Una de las facturas databa del 18 de diciembre de 2020 por un importe total de 912.529,14 euros. El Gobierno pagó el 7 de enero de 2022, con 433 días de retraso, y la demandante cifró el daño en 87.148,69 euros. Como el Ministerio sí le pagó 58.770,75 euros en 2023 (justo después de la interposición del recurso), la petición final fue de los 28.377,94 euros de diferencia. La segunda factura, librada el 17 de diciembre de 2020 por 1.764.777,92 euros, fue abonada el 30 de diciembre de 2021, 425 días tarde. La constructora reclamó 164.324,75 euros.

La Sala está de acuerdo con esos cálculos y le recuerda al Estado que debería haber pagado en los 30 días siguientes a las certificaciones de obra. Es decir, el 31 de octubre de 2020. Además de declarar el derecho de la compañía a recibir todo el dinero, también condena al Ministerio a pagar las costas del proceso hasta un límite de 3.000 euros.