El Ayuntamiento de Sevilla ha llevado a la Junta de Andalucía a los tribunales para evitar el pago de una deuda de 150,2 millones relacionada con la explotación de la línea 1 del Metro. Un informe reciente de la secretaría general ha animado a José Luis Sanz a dar el visto bueno para que los servicios jurídicos interpongan un recurso Contencioso-Administrativo contra la orden del pasado 8 de septiembre de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda por la que aprobó la liquidación de la deuda correspondiente a la anualidad de 2024 (que tiene un coste de 16,5 millones) derivada del convenio de colaboración suscrito entre ambas administraciones para la construcción y puesta en servicio de ese transporte que une Montequinto con Mairena del Aljarafe.

La deuda es la financiación acordada en concepto de subvención al precio del billete para compensar la diferencia entre la tarifa real y la tarifa más reducida que se cobra al usuario. Las cantidades reclamadas corresponden a los costes de explotación de los últimos 16 años transcurridos desde que la línea 1 del Metro se puso en servicio: de 2009 a 2024, ambos años incluidos. Y se basan en el convenio suscrito el 10 de julio de 2002 entre el Ayuntamiento y la Junta para la construcción de la primera línea, corregido mediante una diligencia posterior del 27 de noviembre de 2024.

Desde la Consejería de Fomento destacaron a este periódico a principios de año que el Ayuntamiento no ha pagado nada de la primera línea del Metro ni por su construcción ni por su explotación. Lo mismo sucede con los ayuntamientos de Dos Hermanas, Mairena del Aljarafe y San Juan de Aznalfarache. Por la construcción no se le reclama nada a Sevilla, porque la aportación estatal ha evitado que los municipios tengan que pagar, pero sí en concepto de explotación según lo pactado en convenio: los cuatro ayuntamientos aportaban el 25% del déficit de explotación y el gobierno andaluz el 75%. No es la primera vez que la Junta intenta cobrar al Ayuntamiento el dinero sobre la base del convenio. La petición de 2012 fue tumbada en 2014 por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

El fallo sostuvo que el convenio de colaboración suscrito entre la Junta y los cuatro ayuntamientos tiene “fuerza vinculante hasta en tanto no se declare bien su invalidez o bien su ineficacia sobrevenida”, habiendo quedado demostrado en el expediente que las decisiones sobre el proyecto fueron tomadas “unilateralmente sin participación del Ayuntamiento, afectando a los principios de igualdad, cooperación y lealtad institucional que debería haber regido la relación convencional”. El alto tribunal andaluz estimó el recurso del Ayuntamiento durante el mandato del popular Juan Ignacio Zoido al considerar que la resolución impugnada había sido dictada por “órgano incompetente”, por lo que decidió la anulación del acto administrativo recurrido.

La interpretación de la Consejería de Fomento es que “la sentencia judicial de 2014 sólo detectó un defecto de forma a la hora de reclamar la deuda. El convenio del Metro de Sevilla no se ha extinguido. Sigue vigente y deben liquidarse las cantidades adeudadas, como así dicta el gabinete jurídico de la Junta. La sentencia del TSJA sólo detectó un defecto de forma a la hora de reclamar la deuda, pero no afirma en ningún momento que no exista ni que deban eludir de la obligación del pago”.

Los requerimientos presentados por el gobierno andaluz son sobre los pagos pendientes de la Línea 1 del Metro, “que corresponden al 25% del déficit tarifario del servicio. Sólo ha reclamado lo que se pactó en el convenio de 2002, en el que el Ayuntamiento de Sevilla se comprometió a asumir esas partidas anuales”. La Junta añade que, “desde su puesta en servicio en 2009, hemos asumido en solitario estos pagos pese a que por convenio los ayuntamientos debían contribuir con aportaciones anuales, fundamentales para su sostenibilidad, a su financiación. No es la primera vez que se piden esos pagos a los ayuntamientos, aunque, hasta la fecha, no se haya abonado un solo euro a la administración autonómica”.

El gobierno andaluz reclama la diferencia entre la tarifa real y la que se cobra

¿Y qué dice el último informe de la secretaría municipal tras reclamar la Junta el pago de 16,5 millones por los gastos de explotación de 2024? Que el Ayuntamiento tiene base para impugnar el pago de esa deuda por “la falta de respuesta por parte de la Consejería de Fomento a las diversas cuestiones jurídicas que ha planteado el Ayuntamiento cada vez que se han debatido este tema”. Esas cuestiones jurídicas son las siguientes:

· La vulneración de los principios de igualdad, cooperación y lealtad institucional que deberían haber regido la relación convencional entre Junta de Andalucía y Ayuntamiento, como puso de manifiesto el TSJ de Andalucía.

· Las diferencias de criterios a la hora de calcular las posibles cantidades debidas.

· La exigencia de aplicar la Ley 27/2013, que determinó que el convenio quedara sin efecto, que tampoco ha obtenido respuesta.

El secretario considera que el Ayuntamiento debe ejercer las acciones previstas en el ordenamiento jurídico en defensa de sus intereses y de sus vecinos, “que se verían seriamente afectados en la prestación de sus servicios si hubiera de hacerse frente a la cantidad reclamada por la comunidad Autónoma”. Recuerda que, en un auto de este mismo año, el TSJA acordó unas medidas cautelares con las que suspendía el pago de 133 millones del periodo entre 2009 y 2023, ambos incluidos.

Para el cálculo del déficit de explotación de la línea 1 del Metro, la Junta asegura que sigue lo establecido en el convenio de 2002. Este supone que cada Ayuntamiento debe aportar un importe igual al resultado de aplicar la proporción entre el número de habitantes del ayuntamiento respectivo y el total de habitantes de los municipios por los que discurre la Línea 1 al 25% del producto de la diferencia entre la tarifa técnica y la tarifa real multiplicada por el número de pasajeros que utilicen anualmente la línea 1. La fórmula de cálculo es (tarifa técnica-tarifa real) por el número de viajeros del ejercicio correspondiente. Este importe se prorratea entre los cuatro ayuntamientos en función de su porcentaje de población.

A ese cálculo se añade además el gasto de explotación que gestiona directamente la Agencia de Obra Pública, concretamente el mantenimiento de las puertas de andén, que no está incorporado en la tarifa técnica establecida anualmente con la concesionaria.

• Fuente: Diario de Sevilla