- MODELO DE GESTIÓN PRIVADA/ Las constructoras defienden el modelo de pago por uso para liberar presupuesto público.
C.Morán. Madrid
Los grandes grupos constructores, representados por la patronal Seopan, volvieron ayer a la carga para que el Gobierno reactive la obra pública en España mediante fórmulas extrapresupuestarias. Entre ellas figura el modelo de pago por uso en las carreteras, amparado por la Unión Europea (quien contamina paga) y defendido por el Gobierno español en su último plan de reformas enviado a Bruselas (Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia).
Según Seopan, la puesta en marcha de su propuesta de peaje en las autovías permitiría movilizar inversiones del sector privado por valor de más de 5.000 millones de euros.
“No se trata de un modelo de transferencia de rentas sino de transformar la red de alta capacidad y prepararla para la movilidad eléctrica y la reducción de emisiones contaminantes”, dijo ayer el presidente de Seopan, Julián Núñez. Según los constructores, que han visto cómo el modelo concesional prácticamente ha desaparecido en España en 10 años, el pago por uso “supone una oportunidad para anticipar la adaptación de la carretera a los retos que impone la movilidad sostenible segura, eléctrica y conectada, con además un impacto muy positivo en la sostenibilidad financiera nacional”.
En su propuesta los 5.000 millones irían a parar a “inversiones para mejorar la seguridad en la circulación; garantizar la plena movilidad eléctrica con electrolineras cada 50 kilómetros en ambas calzadas con un mínimo de 12 puestos de recarga de velocidad ultrarrápida (350KW); digitalización y conectividad de la red para el control de acceso y tecnología 5G; transición ecológica con inversiones en materia de abatimiento de ruido y optimización lumínica; y medidas paliativas para el sector del transporte profesional, como áreas de descanso seguras y planes de renove de flotas, entre otras.
La propuesta de Seopan va a ser remitida a los Ministerios de Hacienda y de Transportes y forma parte de un plan mucho más ambicioso para movilizar inversiones mediante el modelo concesional por 48.000 millones de euros.
Antes, Seopan reitera la necesidad de modificar la rentabilidad establecida por la ley para contratos públicos de más de cinco años, referenciada al rendimiento de los últimos seis meses del bono a 10 años, es decir, el 2,7%. La patronal estima que, como mínimo, el capital debe estar remunerado al 7,4%. Seopan propone referenciar la tasa de descuento a “la tasa libre de riesgos a 30 años más el diferencial de la prima de riesgo española”.
Entre los proyectos seleccionados figuran plantas de valorización energética (4.100 millones), autovías (14.000 millones), y depuración y saneamiento (4.500 millones), entre otros.
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