Han bastado apenas unas semanas para que las aspiraciones relacionadas con la sostenibilidad y la lucha contra el calentamiento global en Occidente se vean gravemente vapuleadas. La vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca y sus primeras iniciativas reaccionarias para con la ambición climática, como el portazo a los Acuerdos de París, han provocado un potente shock en las agendas políticas.

Así, en un contexto de amenazas arancelarias, de neo-imperialismo y de afán de competencia directa entre potencias enemigas, pero hasta ahora asociadas, han precipitado el redibujo estratégico y fuerzan a promover ejercicios de delicado equilibrio para no dar la espalda, si ese sigue siendo el objetivo, a los esfuerzos por avanzar hacia la neutralidad climática.

La Unión Europea, reivindicando su potencia económica en el mundo y con la pretensión de no desbaratar los pesos de la balanza, ha empezado a armar su Pacto Industrial Limpio para aligerar la burocracia y no lastrar la actividad y la competitividad en el panorama global sin renunciar a su ambición ambiental, al menos demasiado. Bruselas quiere hacer pivotar su estrategia sobre la necesaria descarbonización movilizando 100.000 millones de euros en inversiones, planteando medidas de alivio fiscal y desagraviando las exigencias o sanciones para las empresas que no cumplan con los cánones.

No obstante, y aunque la determinación sigue siendo clara, despunta el temor a que la competitividad y la prosperidad económica tengan un peso mayor en la balanza que coloca en la otra bandeja las herramientas y acciones para pelear contra el cambio climático. Y, en este contexto, quienes llevan décadas reclamando una mayor atención y alertando de los peligros de seguir siendo un punto de atención secundario levantan la voz, combinando ahora en sus argumentos el histórico de sus reivindicaciones con el miedo a que nuevas prioridades las coloquen en una posición todavía más residual.

Mantener la competitividad en un contexto marcado por la emergencia climática se presenta como uno de los principales desafíos que deben enfrentar las empresas europeas, especialmente las de aquellos países más expuestos a las consecuencias del calentamiento global, como España. Para un país como éste, que cuenta con un 74% del territorio en proceso de desertificación y se coloca como el cuarto a nivel europeo con mayores pérdidas económicas por eventos climáticos extremos, disponer de un parque de infraestructuras optimizadas y de alta calidad que garanticen un uso eficiente del agua, resulta crucial.

Ante esta realidad, el sector del ciclo integral del agua alerta una vez más de la progresiva caída que la inversión pública en infraestructuras arrastra desde hace años y subraya nuevamente la necesidad de incrementar las dotaciones destinadas a blindar la calidad de las instalaciones para asegurar el buen funcionamiento del servicio. En paralelo, recuerdan que estas inversiones resultan imprescindibles también para prevenir los estragos de las intensas sequías y otros fenómenos extremos, como los causados por la DANA que acaba de azotar la provincia de Valencia y diferentes zonas de Castilla-La Mancha y Aragón.

A pesar de las advertencias, España se sitúa como uno de los países que menos inversión destina a infraestructuras hídricas de la Unión Europea, según un reciente informe de la consultora PwC. Este estudio cifra el déficit de inversiones en el ciclo urbano del agua en 5.000 millones de euros anuales, “exacerbado por una década de parálisis en inversiones y la no ejecución del 70% de los proyectos planificados”. Así, el análisis destaca que se debería invertir casi cuatro veces más de lo que se hace actualmente para converger con la media comunitaria.

En el ámbito del regadío, la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) asegura que hasta la fecha se han ejecutado solo tres de cada diez euros de la inversión prevista en los anteriores planes hidrológicos, por lo que un 29,2 % de infraestructuras hidráulicas de interés general no se han construido, pese a haberse aprobado en los diferentes planes de cuenca y contar con sus informes preceptivos correspondientes.

Pero más allá de las necesidades históricas, las nuevas normativas europeas urgen a repensar estas líneas de inversión. Objetivos y exigencias más ambiciosas, enmarcados en el Pacto Verde europeo, elevan las necesidades económicas a la categoría de obligatorias.

En el contexto de los planes de recuperación económica, los fondos Next Generation se leían como una gran oportunidad para dotar de presupuestos las políticas hídricas deficitarias. No obstante, la Asociación Española de Empresas de Tecnologías del Agua (Asagua) recuerda que “de los 69.528 millones de euros procedentes de transferencias en el periodo 2021-2023, solo 2.091 millones están dedicados al agua, lo que supone el 3% del total” y reconoce que, aunque con estos fondos se están construyendo nuevas infraestructuras y actualizando otras, hasta el momento se desconoce “por falta de información procedente de las administraciones públicas” cuál será el impacto.

45.000 millones sólo en modernización

La Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan) ha sumado a los análisis ya disponibles su reciente estudio sobre las necesidades de inversión en equipamientos prioritarios relacionados con el agua, la energía o el medio ambiente imprescindibles para garantizar el cumplimiento de Directivas y normativas relacionadas con el ciclo integral del agua y el tratamiento de residuos, así como para garantizar el cumplimiento de los objetivos nacionales y europeos en reducción de emisiones y neutralidad energética.

Este informe, titulado “Análisis de la Inversión Prioritaria en Infraestructuras en España”, cifra en 89.463 millones la financiación imprescindible en materia de agua dividida en tres grandes grupos: los referidos a actuaciones incluidas en los Planes Hidrológicos de tercer ciclo, los que tienen que ver con la modernización y adaptación del stock existente y los destinados a proyectos innovadores para afrontar la desertificación, aprovechar los recursos renovables e impulsar la eficiencia energética.

En cuanto a las actuaciones planificadas en el ámbito de la planificación hidrológica, el documento refleja un total de 37.938 millones con el saneamiento y la depuración como los ámbitos con mayor inversión prevista al sumar un presupuesto que asciende hasta los 11.016 millones. Otros 8.748 millones están destinados a actuaciones en el ámbito del abastecimiento y el regadío para mitigar la distribución desigual de recursos hídricos, 3.724 millones a la gestión de los recursos para paliar los efectos de la sequía, 1.649 millones a labores de conservación y mantenimiento, 4.871 millones a medidas relacionadas con regadíos y planes para la agricultura, 3.054 millones a actuaciones para la prevención y mitigación del riesgo de inundaciones y 4.876 millones a trabajos relacionadas con la gestión y restauración del dominio público hidráulico.

A estas medidas habría que añadir los 3.312 millones programados en el Plan de Gestión de Riesgos de Inundación para el periodo 2022-2027 y que no están recogidos en el informe, así como los 820 millones invertidos en el ámbito de la DANA para ejecutar cinco estructuras de laminación y proyectos de adecuación ambiental que permitan laminar avenidas en episodios extremos de lluvia en zonas inundables de elevada tasa de población y urbanización.

En modernización y adaptación de infraestructuras, Seopan identifica 44.518 millones de euros de inversión entre los que destacan 15.643 millones para convertir las redes de alcantarillado unitarias en separativas,15.000 millones para adaptar el stock nacional de depuradoras a los requisitos de la nueva Directiva de Tratamiento de Aguas Residuales, 10.849 millones para reponer las redes de suministro con más de 40 años de antigüedad, 1.539 millones para impulsar la neutralidad energética en las desaladoras y depuradoras en explotación y 1.487 millones para proveer de alcantarillado y saneamiento a más de 972.000 viviendas que carecen de ellos.

En último lugar, el documento recoge ejemplos de inversiones innovadoras por 7.007 millones para prevenir la desertificación e impulsar cultivos de alto valor añadido en Murcia y Málaga.