José Luis Martín de Santos. Director General ODISA S.A.

Desde hace más de 12 años, el sector de la construcción en España, y de forma especial la obra pública, se encuentra en el más absoluto desamparo por parte de las administraciones públicas y de la sociedad en general. Acusado de ser el gran causante de la crisis iniciada en el 2007, asociada a la promoción inmobiliaria y a los grandes casos de corrupción del país, el desprestigio sectorial ha sido exponencial desde entonces.

Los ajustes presupuestarios que las administraciones han hecho en todos estos años siempre han tenido como primera consecuencia la bajada de las partidas de inversión en construcción y conservación de infraestructuras. Esto de forma acumulativa nos ha situado en unos niveles mínimos. Es tal la importancia que la clase política, y por tanto dirigente, otorga a nuestro sector que, en las varias campañas electorales de este pasado año, no hemos visto en ningún debate hablar de inversiones en infraestructuras por parte de algún partido de ámbito nacional.

La incorrecta e inadecuada planificación y priorización de las inversiones posibles han agudizado los problemas del sector, ya que no han sido llevadas a cabo por el interés global del Estado, sino por otros criterios electoralistas o en base al poder obtenido por las fuerzas políticas minoritarias que condicionan políticas de gobierno.

Es cierto que tenemos grandes empresas constructoras a nivel mundial, las seis u ocho grandes multinacionales de nuestro sector, para las que las cifras de su actividad en España son ya ínfimas desde hace mucho tiempo, pero… ¿qué sucede con las numerosas pymes que forman el tejido empresarial del sector? Pues que se están muriendo día a día. Ninguna Administración ha contemplado nunca la necesidad de reconversión de este sector. Para aliviar esta situación es preciso que los recursos presupuestarios a destinar a la construcción y conservación estén muy bien planificados y abarquen muchos proyectos necesarios, de poca cuantía, pero útiles a la sociedad, en lugar de algunos megaproyectos que tardarán en ser realidad, si es que llegan a serlo algún día.
Además, todo proyecto debe contemplar un riguroso estudio de su relación coste-beneficio para la sociedad, que abarque todo el tiempo de su vida de servicio, y no solo responder a impulsos políticos cortoplacistas.

Paliando problemas de seguridad vial, ampliando la capacidad de enlaces e intersecciones, rehabilitando estructuras en ferrocarriles y carreteras, modernizando obras hidráulicas, mejorando la accesibilidad a los centros productivos, a los puertos, aeropuertos, incorporando nuevas tecnologías a las infraestructuras, conservándolas y evitando su deterioro, se genera riqueza, se fomenta el empleo y gran parte de lo invertido revierte a las arcas públicas vía impuestos. Esto no es nuevo, es sabido desde hace mucho tiempo, pero hace falta gestores con experiencia y determinación que lo impulsen.
Necesitamos pues con urgencia que se dignifique nuestro sector. Parece que cualquiera es constructor, que todo está impregnado de corrupción, que los ingenieros y demás técnicos intervinientes ya han perdido el prestigio que tenían, que está mal visto trabajar en la construcción, etc.

Las obras deben ser adjudicadas a precios que no incurran en temeridad, que cubran costes para garantizar el empleo digno, la calidad de lo ejecutado y la sostenibilidad de las empresas. Está mal visto que las empresas constructoras ganen dinero en una obra -dificilísimo actualmente-, e incluso que lo intenten, cuando en otros sectores se proclama a los cuatro vientos la bondad de obtener grandes beneficios.

Las administraciones y sus empresas públicas no pueden llegar a favorecer los contratos por el precio a toda costa, llegando alguna de ellas incluso a adjudicar obras y asistencias técnicas por subastas electrónicas sin límite de baja, justificando este método en que el contrato en cuestión no conlleva un trabajo intelectual a diferencia de la realización de un proyecto. ¿No es sumamente indigno esto?
Los trabajos de toda la cadena del sector deben tener un reconocimiento de la cualificación de las personas y empresas implicadas, y en aquellos casos en que la actuación de estas se desvíe del marco legal la justicia debe actuar con diligencia, pero no se debe demonizar a todo un sector.

Para tener más probabilidades de éxito en la gestión y para dar importancia al sector de la construcción, las administraciones deben poner preferentemente al frente de los departamentos de infraestructuras a personas cualificadas con experiencia en la gestión del propio sector, favorecer la formación profesional de todas las categorías profesionales que se requieren, para recuperar el interés en ser trabajadores de la construcción, hay una gran necesidad de personal cualificado a pesar de la poca actividad en marcha.
También las administraciones deben adoptar medidas que favorezcan la concentración de empresas, el empleo y desarrollo de nuevas tecnologías, la innovación con aplicación directa en el sector para lograr una mayor industrialización y poder así ganar competitividad, a la par que simplifiquen los ya excesivos trámites administrativos para pymes y autónomos.

La labor de asociaciones sectoriales como Ceacop es muy importante para lograr la necesaria dignificación y defensa del sector. La coordinación con asociaciones afines y la elaboración de un plan de actuación en este sentido es importante, pero todos los asociados debemos aportar nuestro compromiso, colaboración, iniciativas y recursos para lograrlo, y conseguir que las políticas y presupuestos públicos respondan a la dignidad que merece el sector.