El ministro de Transportes, Óscar Puente, está decidido a disminuir el peso de los criterios sujetos a juicio de valor en la contratación pública. En paralelo al nuevo pliego para los contratos de conservación de carreteras que acaba de aprobar, el Ministerio también ha introducido un cambio relevante en las nuevas licitaciones de obras viarias.

Así, según recogen los pliegos de los últimos concursos promovidos por la Dirección General de Carreteras (DGC), el peso de la oferta económica ha subido al 60%, frente al 51% que ponderaba hasta finales de 2025 (incluía, según el contrato, el incremento de gastos de ensayos). De este modo, la propuesta técnica ha quedado limitada al 40%, frente al 49% anterior.

Esta modificación está alineada con la decisión del Ministerio de Transportes de objetivar más las adjudicaciones públicas. Una posición que deriva de la divulgación el pasado mes de junio de las investigaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) sobre irregularidades en procesos de licitación en carreteras, en el marco de la presunta trama de Santos Cerdán, José Luis Ábalos y su antiguo asesor en el Ministerio de Transportes, Koldo García.

El ministro, con la colaboración del director general de Carreteras, Juan Pedro Fernández Palomino, están ejecutando cambios en la contratación pública para fomentar procedimientos automáticos con los que busca alejar los riesgos de corrupción. Considera que la dilución de las cuestiones subjetivas en las contrataciones dificultará la mala praxis.

El plan original discurría por implementar una reforma de los pliegos en los distintos órganos de contratación del Ministerio. Sin embargo, Puente se topó con el rechazo de la dirección de Adif, el mayor inversor del Estado, al considerar que los pliegos actuales “son los adecuados” y evitan que se privilegie las bajas económicas sobre la calidad. De igual modo, el sector de la construcción se opuso frontalmente y advirtió de que subastar los contratos públicos atenta contra ” la calidad, la transparencia y la libre concurrencia”.

Ante esta contestación y los riesgos legales inherentes, el ministro aparcó dicha reforma, salvo para los contratos de conservación de carreteras. Recientemente, el Ministerio ha dado luz verde, previa autorización de la Abogacía del Estado, a un nuevo pliego que a juicio de las empresas de mantenimiento supone convertir la contratación en una subasta.

Por ahora, en la contratación de obras de carreteras, el Ministerio ha limitado la reforma pretendida a un único cambio en la ponderación de las ofertas económica y técnica. La nueva proporción 60%-40% ya está recogida en las grandes licitaciones que Transportes ha convocado en los dos primeros meses del año por más de 500 millones de euros.

Entre los contratos de obras que el Ministerio ha sacado a concurso recientemente y para las que las constructoras ya han presentado o preparan sus ofertas destacan, por su importe, la conexión de las autovías A-21, de los Pirineos, con la A-23 Mudéjar en la llamada Variante de Jaca, en Huesca, por 153,6 millones; la ampliación de la capacidad de la Variante de Figueres, en Gerona, por 118,3 millones; la construcción de uno de los tramos (tramo B) del Arco Norte de Murcia, situado entre el kilómetro 652 de la A-7 y el enlace del Cabezo de Torres, por 97,9 millones; la mejora de la accesibilidad del transporte público en la Autovía del Sur A-4, en Getafe (Madrid), por 47,5 millones; y el tramo de la autovía SE-40 entre Dos Hermanas y el enlace de El Copero, en Sevilla, por 45,1 millones.