• La consejera de Fomento de la Junta dice que ya está el estudio de la conexión entre Jaén, Córdoba, Huelva y Sevilla para solicitar su gestión al Gobierno
• «El Gobierno se quedó corto con su actualización de precios, de ahí que hayamos tenido que legislar»
• La Junta de Andalucía prepara su artillería legal para defender en el Tribunal Constitucional su decreto de revisión de precios

Forma parte del grupo reducido de consejeros que repite en el cargo con las mismas competencias que en la anterior legislatura. Pese a ello, el estreno del nuevo mandato no ha estado exento de convulsiones, desde la necesidad de culminar la regulación de los VTC (vehículos de turismo con conductor) hasta el reciente choque con el Gobierno central por el decreto para la actualización de los precios de la obra pública. Entre sus grandes objetivos para los próximos años está lograr la entrada en la gestión del transporte ferroviario de media distancia para mejorar la conexión entre las ciudades andaluzas.

—Ha solicitado al Estado el uso de la red ferroviaria para reforzar la red de media distancia. ¿Tienen ya algún proyecto concreto?

Hemos mostrado nuestra colaboración para resolver una situación que empeora cada día, así que nos ofrecimos a gestionar conexiones ferroviarias de media distancia entre ciudades andaluzas, con servicios ‘low cost’, que ofrezcan más frecuencias, con precios atractivos y tiempos más reducidos.

—¿Es un proyecto factible a corto plazo?

—Podría serlo, porque no queremos las competencias sobre el transporte de media distancia, tan solo reclamamos el uso de las infraestructuras (que son del Estado). Se trata, sencillamente, de adelantarnos a la futura liberalización del ferrocarril, prestando así el servicio de conectar las ciudades andaluzas pagando un canon, como ya está ocurriendo en el AVE.

—¿Han recibido el interés de operadores privados?

—Hay un interés muy claro y potencial para la colaboración público-privada. Hay empresas que ven en Andalucía una oportunidad por la población que representa, la importancia de sus ciudades y el número tan alto de turistas y visitantes que atrae. Sería un éxito y marcaríamos el camino para el desarrollo de este modelo en otras comunidades.

—¿Qué líneas están estudiando?

—Ha solicitado al Estado el uso de la red ferroviaria para reforzar la red de media distancia. ¿Tienen ya algún proyecto concreto?

—Hemos mostrado nuestra colaboración para resolver una situación que empeora cada día, así que nos ofrecimos a gestionar conexiones ferroviarias de media distancia entre ciudades andaluzas, con servicios ‘low cost’, que ofrezcan más frecuencias, con precios atractivos y tiempos más reducidos.

—¿Es un proyecto factible a corto plazo?

—Podría serlo, porque no queremos las competencias sobre el transporte de media distancia, tan solo reclamamos el uso de las infraestructuras (que son del Estado). Se trata, sencillamente, de adelantarnos a la futura liberalización del ferrocarril, prestando así el servicio de conectar las ciudades andaluzas pagando un canon, como ya está ocurriendo en el AVE.

—¿Han recibido el interés de operadores privados?

—Hay un interés muy claro y potencial para la colaboración público-privada. Hay empresas que ven en Andalucía una oportunidad por la población que representa, la importancia de sus ciudades y el número tan alto de turistas y visitantes que atrae. Sería un éxito y marcaríamos el camino para el desarrollo de este modelo en otras comunidades.

—¿Qué líneas están estudiando?

—La primera línea que analizamos es la que une Jaén —una ciudad muy mal conectada— con Córdoba, Sevilla y Huelva, donde hay un gran potencial y un gran margen de mejora. El estudio para esta propuesta está ya muy avanzado.

—Otro frente con el Gobierno central es el choque por el decreto de actualización de precios para los proyectos de obra pública. ¿Es posible una solución negociada?

—Estamos ultimando un informe que refuerza nuestra posición sobre las competencias de las comunidades autónomas para revisar determinados contratos, y deseo que pueda solucionarse de común acuerdo. El Estado sostiene que sólo a él le corresponden las competencias que afectan a la Ley de Contratos; pero nosotros entendemos que una vez que el Estado realizó su normativa de actualización de precios, habilitó a las comunidades a tomar decisiones y ampliar el número de contratos que se pueden beneficiar de la revisión de precios. El decreto estatal llegó tarde y se quedó corto, porque no recoge la casuística que afecta a la Administración autonómica y a los entes locales, por eso intervino la Junta, que es quien asume la revisión económica de los contratos con el objetivo de que la obra pública no se detenga, con el impacto en el empleo que esto puede conllevar. En este caso, el Gobierno de España ni come berzas ni las deja comer… y la realidad es que tiene los proyectos parados en Andalucía, como los tramos del AVE de Almería o la ampliación del Puente del Centenario en Sevilla. Debería ser el primer interesado en resolver un problema que es de mucho calado.

—La consejería ha presentado el plan Ecovivienda, dotado con más de 600 millones de euros para rehabilitar casas, edificios y barriadas. ¿Se podrá gestionar con agilidad ese gran volumen de ayudas?

—Hemos trabajado de la mano del sector, de los colegios profesionales y los ayuntamientos para que la información fluya y existan solicitudes suficientes de aquí a 2026. No solo hay rehabilitación de viviendas, edificios y barriadas, sino que se desarrollarán 4.000 nuevas viviendas de alquiler social, que se suman a las 3.000 que ya hemos promovido con el Plan Vive. En la gestión eficaz de todas estas ayudas nos va a ayudar toda la experiencia en digitalización que hemos desarrollado con el Covid. Estas nuevas herramientas, y el compromiso de todos los funcionarios de la consejería, tienen que evitar problemas del pasado. Cuando llegamos aquí, por ejemplo, nos encontramos con miles de ayudas al alquiler sin pagar de las convocatorias de 2017 y 2018… Ese tipo de problemas no se deben volver a repetir.

—Pese a las críticas de la Junta a la gestión del Gobierno a los fondos Next Generation, este plan es un caso de éxito…

—No ha sido fácil por cómo se ha formulado la convocatoria y los plazos, pero nos hemos puesto a trabajar para establecer un sistema de gestión eficaz de las ayudas y persuadir a los ciudadanos. Gracias a que en los últimos años hemos trabajado en el desarrollo de proyectos, ahora podemos captar parte de estas ayudas en ámbitos como la movilidad o el transporte, donde vamos a tener capacidad para invertir 180 millones de euros.

—¿A qué iniciativas se dirigirá esa inversión?

—Deben ser proyectos que estén en funcionamiento en 2026, y en esta situación se encontraba la ampliación del Metro de Granada (con un presupuesto de 88 millones de euros). También habrá proyectos de plataformas reservadas para el transporte público en ciudades y carriles ciclo peatonales que van dirigidos a municipios mayores de 50.000 habitantes (por que así lo exige la convocatoria).

—Su primera tarea en esta Legislatura ha sido la legislación de las VTC. ¿Es ya un problema zanjado?

—Teníamos el límite del 1 de octubre y habíamos negociado con el taxi desde 2019. Se intensificaron las reuniones, han sido muchas horas de reuniones, de búsqueda de entendimiento y acuerdo, y todas las medidas que pedían, que eran buenas para la convivencia de estos servicios, se han asumido en el decreto. Aquello que no se ha recogido ha sido por cuestiones de seguridad jurídica. La regulación no es un punto y final, sino un punto y seguido, dado que ahora hay que aplicar la norma y velar por su desarrollo eficaz.

—Entre sus nuevas competencias está la gestión de Cetursa (Sierra Nevada). ¿Se la han asignado por ser granadina o por que se trata de la gestión de una infraestructura?

—Es una infraestructura inmersa en uno de sus planes de inversiones más importantes de su historia. Estamos finalizando la construcción de las nuevas telesillas y existe un plan dotado con doce millones para mejorar la superficie esquiable. Para mí lo esencial es liderar un plan estratégico que tiene que hacer de Sierra Nevada una estación más sostenible que potencie todas las características que pueden convertirla en una referencia en Europa. A partir de ahí, yo como granadina estoy encantada de asumir esta responsabilidad, ya era hora de que alguien de Granada estuviera el frente de Sierra Nevada, que tiene un impacto decisivo en nuestra comunidad.

—¿Entre sus objetivos está la ampliación de Sierra Nevada?

—Lo primero que hemos hecho, con las inversión en las nuevas sillas, es reordenar la superficie esquiable, porque todavía hay potencial de incrementar el número de kilómetros dentro del perímetro actual, diferenciando mejor los servicios que se prestan para mejorar la experiencia de quienes nos visitan. Con lo cual, podemos ganar todavía en kilómetros y actividad antes de acometer ninguna ampliación. También nos preocupa la adaptación de la estación al cambio climático, como ya hemos hecho con los nuevos cañones de nieve artificial, que nos permiten estar mejor preparados. A partir de ahí, no cerramos la puerta a una ampliación, pero con la prioridad de preservar un espacio natural de primer nivel.

—La candidatura a la Alcaldía de Granada está vacante. ¿Asumiría ese reto?

—En la consejería de Fomento estoy afrontando ahora una larga lista de retos que afectan a Granada y al resto de las provincias de Andalucía. Tengo esta posición en el Gobierno de la Junta porque así lo decidió el presidente, que depositó en mi su confianza. Esa es ahora mi prioridad, aunque estoy a disposición de lo que determine mi partido.