- En 2024 se formaron más de 12.000 unidades familiares en la provincia al tiempo que los inmuebles entregados apenas superaron los 6.400
“Un desajuste estructural que compromete el equilibrio del mercado residencial“. Es lo que, según refleja el último informe de la Asociación Española de Consultoría Inmobiliaria (ACI), ocurre a nivel nacional con la vivienda. Un fenómeno que también se da en Málaga, donde en 2024 se entregaron 6.429 inmuebles residenciales frente a la creación de 12.043 hogares, lo que se traduce en que faltaron 5.614 viviendas.
La provincia ha tenido este déficit los últimos cinco años, a excepción de 2020, en plena pandemia, cuando se dio un saldo positivo de 271 casas. De ahí en adelante, la brecha se mantiene el resto de años, con 814 viviendas de déficit en 2021; 2.560 el año 2022; y 6.518 en 2023. Lo que hace una falta en el último lustro de 15.235.
Este desfase, advierte el estudio, refleja “un sistema que ya no responde al ritmo de crecimiento demográfico ni a la evolución de las necesidades habitacionales, derivado tanto de la escasez de suelo finalista como de los incrementos de los costes de construcción, las restricciones normativas y los retrasos en la tramitación urbanística”.
En España, nada más que en 2024, el desajuste fue de 134.649 casas. Por provincias, el mayor desequilibrio se aprecia en Madrid (-32.644 unidades), seguido de Barcelona (-21.148) y Alicante (-9.143), que son, a su vez, territorios con una elevada presión de demanda, lo que “agrava la tensión residencial y podría repercutir en la evolución alcista de los precios de venta”. A estas se suma el déficit acumulado en Baleares, Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife (casi 19.700 viviendas entre todas), donde “la escasez de suelo y los límites urbanísticos incrementan las tensiones estructurales”.
Igualmente, en Málaga casi el 86% de las compraventas registradas en 2024 fueron de viviendas de segunda mano (alrededor de 32.300), lo que confirma un patrón sostenido desde el 2019. “La escasa disponibilidad y el elevado coste de la obra nueva siguen desplazando la demanda hacia el residencial existente”, refleja el informe.
Además, sólo un 1,34% de las transacciones realizadas en la provincia fueron sobre viviendas protegidas, lo que pone de manifiesto “la débil intervención de las administraciones públicas en la generación de oferta asequible, en un mercado claramente liderado por la iniciativa privada”. Esta cifra, insiste la ACI, “refuerza la necesidad urgente de revisar las políticas públicas de vivienda si se quiere garantizar el acceso de los colectivos más vulnerables”.
El informe también anticipa que, pese al aumento previsto de la población en Málaga (que superará los 2,1 millones de habitantes en 2039, según datos del INE), la formación de nuevos hogares irá descendiendo paulatinamente hasta por debajo de los 9.300 ese año. Las causas son múltiples, apuntando al envejecimiento poblacional, la precariedad laboral, el retraso en la emancipación de los jóvenes y los cambios en los modelos familiares (más hogares unipersonales o compartidos). “Todo ello exige un rediseño de las políticas residenciales, más allá de la mera construcción”, afirma la asociación.
En este contexto, el presidente de la ACI, Ricardo Martí-Fluxá, apunta que “no basta con aumentar el número de viviendas, sino que se necesita una nueva visión que incluya la rehabilitación del parque existente, la diversificación tipológica, con viviendas más pequeñas y adaptadas, y una planificación territorial que contemple la desigual evolución de las provincias”.
Desde la ACI se propone la firma de un Pacto de Estado por la Vivienda, “un acuerdo duradero, transversal y desvinculado de los debates partidistas, que garantice la seguridad jurídica, la estabilidad normativa y la movilización conjunta de recursos públicos y privados para el impulso definitivo de la vivienda asequible”.
“El acceso a la vivienda es uno de los grandes desafíos sociales y económicos de nuestra época. Algunos de nuestros vecinos europeos han demostrado que es posible avanzar cuando hay visión estratégica, incentivos adecuados y verdadera colaboración público-privada”, concluye Martí-Fluxá.
- Málaga Hoy
