Entonces se anunció que las obras, contratadas por Economía con la unión temporal de dos empresas granadinas (Grulop 21 y AFC Construcciones y Contratas), con un presupuesto de 21,7 millones de euros, tendrían una duración de 30 meses, es decir, dos años y medio. Sin embargo, más de un año después de su inicio oficial, los trabajos no terminan de arrancar en este enclave de la zona de Tiro de Pichón.

A consultas de SUR, desde la Delegación del Gobierno andaluz han explicado que las obras no han avanzado porque la unión temporal de empresas pidió, nada más comenzar, un aumento de presupuesto «y se ha estado estudiando por parte de la Junta». Finalmente, ese incremento del coste del proyecto que pretendían las constructoras «ha sido rechazado» por parte de la Consejería de Economía. Sin embargo, esta circunstancia ha supuesto «unos meses de parálisis para los trabajos».

La UTE de Grulop 21 y AFC pedía a la administración regional medio millón de euros más respecto al importe de formalización del contrato de las obras. Sin embargo, desde la Junta han entendido que ese aumento del precio no está justificado. Las obras salieron a concurso con un presupuesto de licitación de 22,9 millones de euros y se adjudicaron a la mencionada UTE por 21,7 millones, un 5,5% de rebaja que otorgó a estas constructoras la mayor puntuación automática para hacerse con este contrato, por ser la oferta económica más favorable para la administración en relación a las otras cinco que se recabaron. En concreto, la UTE obtuvo 45 puntos por el precio que ofertó y la siguiente propuesta mejor valorada en este campo, 26.

En el cómputo total, la rebaja de las empresas granadinas hizo que sumaran 100 puntos, frente a los 81 de la segunda propuesta mejor valorada (de la empresa Servimar 2008), lo que hizo que se quedaran con el contrato de estas obras que ahora no terminan de arrancar.

Desde la Junta han asegurado a este periódico que «tras una negociación», y una vez que ha quedado claro que la Consejería de Economía rechaza el modificado presentado por las constructoras, «el pasado 18 de agosto se reiniciaron los trabajos de construcción del nuevo edificio administrativo en la avenida de Ortega y Gasset de Málaga». No obstante, ya acumula un año de retraso respecto a lo previsto inicialmente.

Este proyecto viene de una historia de casi dos décadas que todavía no ha escrito su capítulo final. Se remonta al año 2008, cuando Economía encargó su diseño al arquitecto de Sevilla José Manuel Sánchez-Carrero León. Con los trámites aprobados para su ejecución en 2010, el Gobierno andaluz decidió aparcarlo y posponerlo, hasta que en 2016 volvió a retomarlo, para lo que encargó una revisión para su adaptación a la normativa vigente y a los precios del mercado.

Sin embargo, tampoco se puso entonces en marcha la obra, y el diseño tuvo que volver a actualizarse en 2019, una versión que igualmente cayó en saco roto. Finalmente, en noviembre de 2023, la Junta encargó la tercera propuesta del edificio que, esta vez sí, salió a concurso para su ejecución en enero del año pasado.

Uno de los cambios introducidos en el proyecto es que el antiguo laboratorio junto al que se construirá, que inicialmente iba a destinarse a una guardería, pasa a tener un uso administrativo al igual que la construcción de planta baja más siete que se levantará en el solar adyacente. En total, el edificio tendrá capacidad para albergar a 467 funcionarios.

Se construirá sobre cuatro plantas de sótano con capacidad para un total de 75 plazas de aparcamiento. A nivel arquitectónico, el nuevo inmueble estará revestido por una ‘piel’ de paneles cerámicos de distintas tonalidades entre el blanco y el verde de la bandera andaluza que, en la fachada hacia la calle Corregidor Francisco de Molina, se transforma en una pared de carpintería metálica con protección de lamas verticales automatizadas. Desde esa fachada partirá una pérgola que unirá el antiguo laboratorio del Ministerio de la Vivienda con la nueva sede de la Junta, a cuya entrada principal se accederá mediante rampas que salvarán la diferencia de cotas con el nivel de la calle.

Al nuevo edificio se trasladará parte de la Delegación de Agricultura, la AGAPA (Agencia Pública de Agricultura y Pesca), el servicio de Ordenación del Territorio, la dirección territorial de Desarrollo Sostenible y el servicio de Bienes Culturales, de la delegación de la Consejería de Cultura, según informaron desde la Junta en el acto de la primera piedra. Entonces, la consejera Carolina España destacó que este proyecto contribuirá a rehabilitar y a dinamizar toda la zona. «Esta era una demanda muy antigua de todos los vecinos», afirmó.

Asimismo, resaltó que, una vez que este nuevo edificio administrativo esté en uso, la administración regional ahorrará másde 1,7 millones de euros al año en alquileres. «En un tiempo no muy lejano, el coste de esta sede estará completamente amortizado con esos ahorros que vamos a tener de los alquileres», aseguró la portavoz de la Junta.