Según Abraira, pretender que este tribunal admita a trámite un recurso “es perder el tiempo”, salvo que esté muy claro el interés casacional objetivo, es decir, que más allá del caso concreto, el asunto tiene una relevancia jurídica general; algo que, según el abogado asturiano, en este caso es “inexistente”. Por ello, Abraira ya ha presentado un escrito pidiendo que se rechace y, además, ha solicitado la documentación que demuestre que la Junta registró su recurso dentro del plazo, pues tiene serias dudas de que fuese así. “Es cuestión de horas”, comenta. En su opinión, que la administración autonómica esperase “al último día” para recurrir, demuestra que tampoco ellos tienen claro que su recurso es “potente”. No obstante, Abraira afirma que si el Supremo lo admite y, finalmente da la razón a la Junta, iría con los vecinos hasta el Constitucional. “Tendría que acatarlo, pero iría al Constitucional porque me parece que sería una aberración jurídica”, asegura.
Desde la Junta advierten desde hace años que sin esta gran depuradora, que cuenta con una inversión de 105 millones de euros, se siguen vertiendo sin tratar al río Guadalhorce las aguas residuales de Alhaurín el Grande, Alhaurín de la Torre, Cártama y Torremolinos, así como parte de Málaga capital, con una población cercana a los 250.000 habitantes. Ahora mismo se vierten anualmente al río Guadalhorce y, como consecuencia al mar, 5,9 hectómetros cúbicos de aguas residuales sin depurar. El equivalente a 1.750 piscinas olímpicas. Esto no sale gratis. Cuesta a las arcas públicas regionales una multa anual de casi 1,3 millones (634.000 cada seis meses) por incumplir la normativa de depuración de aguas europea en esta zona. Es decir, desde que se paralizaron las obras en junio del año pasado, la cuenta ya supera los 1,1 millones.
La ubicación de la EDAR Norte en la Vega de Mestanza está elegida desde 2003, y cambiarla supondría otros siete años de tramitación, según la Junta. Lo que los vecinos rechazan, precisamente, es que esta planta se instale en la que es la última vega de Málaga, una zona de “alto valor ecológico” y, además, inundable, como demuestra, según señala Mari Carmen Mestanza, vecina defensora, que este invierno los terrenos se hayan anegado “al menos, cuatro veces”, al desbordarse el Guadalhorce. Tanto ella como Abraira insisten en que, “si la Vega fuera un solar sin árboles, la riada acabaría en Campanillas”.
El abogado recuerda la “contundente” sentencia del TSJA, que incluso llegaba a decir que su ubicación en la Vega de Mestanza estaba “predeterminada por motivos económicos” antes incluso de encargar el informe medioambiental que debía avalar el proyecto. Así, los magistrados afeaban a la Junta que no hubiera hecho un estudio de las alternativas posibles, hasta cuatro más. Subraya que este fallo ya “no hay quien lo toque”, pero expone su preocupación por la nueva Ley 2/2026 de Gestión Ambiental de Andalucía, publicada en el BOJA recientemente y que sustituye a la 7/2007 -una de las normas en las que el TSJA argumentó su sentencia-. Según el letrado asturiano, esta “trata de suavizar los requisitos para la instalación de este tipo de infraestructuras”, aunque en su opinión, afectará a proyectos nuevos. “Espero que la Junta no se intente escudar en que hay una nueva ley para volver a la casilla de salida y empezar de cero”, reflexiona Abraira, quien asegura que en tal caso, volverían a encontrarse con la oposición de los vecinos.
