Hay que aclarar que estas multas se circunstriben al caso de Alhaurín el Grande, porque aunque la EDAR Norte venía a tratar las aguas residuales de Alhaurín el Grande, Cártama, Alhaurín de la Torre, Torremolinos y parte de la capital –en total, una población cercana a los 250.000 habitantes–, en la práctica, solo los dos primeros no depuran sus aguas, y la Unión Europea solo impone sanciones por Alhaurín el Grande –de momento–. El resto de localidades que iban a ser atendidas por la depuradora de la Vega –Torremolinos, Alhaurín de la Torre y la capital– sí trata sus aguas residuales, en concreto, en la EDAR del Guadalhorce, la que hay en la carretera Azucarera-Intelhorce, gestionada por Emasa, y que es una de las dos plantas que funcionan para el Guadalhorce, junto a la EDAR del Bajo Guadalhorce, en el término municipal de Pizarra, que opera para esta localidad, además de para Coín y Álora.
Teniendo en cuenta esto, el foco del problema está en Alhaurín el Grande y en Cártama. En el caso del primero, cuya población roza los 29.000 habitantes y que, ahora mismo, vierte sus aguas residuales principalmente al río Fahalá, desde donde acaban en el Guadalhorce y, en última instancia, en el mar, el alcalde, Anthony Bermúdez, reconoció ayer que la depuradora “es una necesidad, una prioridad y una urgencia”.
En declaraciones a este periódico, el regidor afirmó que la resolución del Tribunal Supremo “nos sorprende a medias”, puesto que, según recordó, “ya avisamos de las deficiencias que tenía ese proyecto y de las razones que podían tener los vecinos con sus reivindicaciones”. El alcalde, que recordó que los vecinos de Alhaurín el Grande pagan a la Junta, a través del recibo del agua, un canon de unos 400.000 euros al año por la depuración, apeló al Gobierno andaluz a que “busque una alternativa” para que “podamos depurar nuestras aguas cuanto antes con un proyecto nuevo”. Así, aseguró que desde el propio Consistorio solicitarán una reunión con la Junta de Andalucía “para ver si encontramos una solución” que, según subrayó, había que intentar que fuese “rápida”.
En este punto, el alcalde recordó que hubo “planteamientos técnicos para una depuradora más pequeña, compartida entre Alhaurín el Grande y Cártama”, pero que en su momento “solo el alcalde de Cártama apoyó esa alternativa y Alhaurín el Grande, el anterior equipo de gobierno, se desmarcó”. “Actualmente sí apoyaríamos cien por cien esa alternativa”, subrayó Bermúez, que sostuvo que “hay un entendimiento claro y nítido entre Cártama y Alhaurín el Grande”, aseguró que, llegado el caso, su municipio haría “todo lo posible por facilitar terrenos y ayudar con esa depuradora que, vuelvo a repetir, es una prioridad”.
Lo mismo plantean desde el Ayuntamiento de Cártama. “Se debería analizar una posible actuación para Alhaurín el Grande y Cártama exclusivamente, y que para el resto de municipios se plantee otra solución”, expresó Miguel Espinosa, teniente de alcalde de este municipio, quien apostó por estudiar esta vía “sobre todo por ver si eso podría ser más rápido, visto el problema tan grande que se ha presentado”. Sobre la Vega de Mestanza, consideró “no es el sitio adecuado” para construir la depuradora, al ser “terreno inundable”, además de tratarse de “una zona que tiene declarado un interés paisajistico y natural”. “La Junta de Andalucía debe buscar un lugar adecuado y lo antes posible, que no cuente con oposición de los afectados y que se pueda construir de forma inminente”, manifestó, incidiendo se trata de una situación que “necesita una actuacion urgente que resuelva de forma definitiva los problemas de saneamiento del bajo Guadalhorce”.
Cártama, que supera ya los 29.000 habitantes es, junto con Alhaurín el Grande, la otra localidad que entraba en el paquete de la EDAR Norte y que sigue echando sus aguas residuales al río, aunque en su caso, Europa aún no ha abierto ningún expediente sancionador. Aquí, la situación es, si cabe, más confusa, pues se produce una paradoja: es la Junta la que tiene abiertos seis expedientes de sanción al ayuntamiento por vertidos al Guadalhorce, cuando se trata de una competencia autonómica. Cada uno de ellos oscila entre los 6.000 y los 10.000 euros. La cuenta, en total, ronda los 40.000 euros, aunque el Ayuntamiento tiene recurridas todas esas sanciones por vía administrativa, a través de recursos de alzada, y según asegura el teniente de alcalde, están dispuestos a ir hasta los tribunales: “Si no nos dan la razón, vamos a interponer un contencioso administrativo. Ya lo hemos hablado con un despacho jurídico, la administración autonómica no nos puede sancionar por algo que ella tiene que resolver”. Al mismo tiempo que recuerda que la Junta cobra a Cártama 200.000 euros anuales en concepto de canon de vertido, Espinosa alude a una sentencia del TSJA, dictada en marzo de 2024, en la que el alto tribunal andaluz dio la razón a un municipio granadino que recurrió multas de la Junta, en circunstancias similares a las de Cártama.
Por su parte, el alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova, incidió en que “la depuradora hace mucha falta”, no solo para Alhaurín el Grande o Cártama, sino también “para los polígonos de Málaga, la ampliación del parque tecnológico o la ampliación del aeropuerto”, y para el propio Alhaurín de la Torre, ya que según el regidor, “la depuradora de Málaga [la del Guadalhorce] tiene una capacidad que no se puede sobrepasar”. “Es un problema que tenemos importante y que yo entiendo que se le tiene que buscar una solución”, señaló Villanova, considerando que “tiene que ser un proyecto potente”. Sobre el nuevo emplazamiento, afirmó que “Alhaurín de la Torre no tiene un sitio que sea idóneo para poder ubicarla”. De cualquier modo, insistió en que empezar de nuevo llevará tiempo. “Una depuradora no se hace en cien días”, dijo. Precisó, además, que fue el PSOE quien diseñó la EDAR Norte y la puso en la Vega de Mestanza y que el PP hizo cambios para “reducir el espacio y expropiar bastantes decenas de miles de metros cuadrados menos”, atendiendo también todas las peticiones del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre.
En la misma línea, la alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, señaló que esta era una infraestructura hídrica que iba a suponer “un gran beneficio” para su municipio y que ahora, con la resolución del Tribunal Supremo, “habrá que buscar una solución alternativa, la cual estoy convencida que llegará porque el compromiso de la Junta de Andalucía para la gestión eficiente de los recursos hídricos es firme e incuestionable”.
