- El proyecto analizará distintas alternativas de conexión viaria, fluidez o seguridad
El Gobierno central ha adjudicado un estudio previo de alternativas de mejora en la Autovía del Mediterráneo A-7 entre Torremolinos (Málaga) y Torreguadiaro, una pedanía de San Roque (Cádiz), destinando una inversión de 834.743,31 euros y un plazo para la redacción de 12 meses.
La Dirección General de Carreteras del Estado ha adjudicado la redacción del estudio previo a la empresa WSP Spain- Apia S.A.U., según el anuncio publicado este martes en la Plataforma de Contratación del Sector Público, tras iniciarse el proceso de licitación en diciembre del pasado año con un presupuesto base de 1.081.364,90 euros.
El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha explicado que el objeto del estudio es “analizar distintas alternativas para reforzar la conexión viaria, la fluidez y la seguridad en la zona, donde la A-7 del Mediterráneo tiene una gran presión de tráfico”.
El estudio previo consiste en la definición y comparación de diferentes alternativas de mejora de las carreteras estatales situadas en la zona más occidental de la provincia, entre Torremolinos y Torreguadiaro en una longitud aproximada de 100 kilómetros, con el fin de solventar los problemas de tráfico que sufre la Costa del Sol a nivel terrestre, con una A-7 saturada de vehículos y en la que los atascos se producen de manera diaria, viéndose incrementados en temporada alta con el aumento poblacional.
Para ello, en el pliego de prescripciones técnicas se apunta a estudiar medidas como la ampliación de la capacidad o la mejora de la autovía A-7, al objeto de mejorar la seguridad vial y reducir la congestión; ejecutar variantes en zonas de alta densidad de población, nuevas conexiones entre A-7 y AP-7, la mejora de las existentes o potenciar el uso de la Autopista.
Estudio en 2 fases
El estudio deberá desarrollarse en dos fases, con un plazo de 12 meses para su redacción. La primera de ellas tendrá una duración de cinco meses y comprende un “diagnóstico” de la situación actual del área”, con el fin de proponer las posibles actuaciones y valorar la capacidad de acogida del territorio, según el documento.
El análisis se centrará en la recopilación de datos básicos para conocer el estado actual de la A-7 y la AP-7 relativos a aspectos como “la geometría, el tráfico, los incumplimientos de la norma actual de trazado o la accidentalidad”.
Asimismo, se estudiará caracterizar desde “el punto de vista físico, urbanístico y ambiental el territorio donde se planteen las distintas alternativas, para determinar la capacidad de acogida de una nueva infraestructura o de la ampliación de la existente”. También incluye conocer las iniciativas y planes de otras administraciones con competencias en el ámbito del estudio, con el objeto de poder actuar coordinadamente.
La segunda fase del estudio prevé el diseño de “las posibles alternativas de actuación y cuantificar los costes de construcción, incluyendo expropiaciones y posterior conservación y explotación de cada alternativa”. El objetivo de esta etapa es el desarrollo de las alternativas de actuación con mayor precisión, de manera que se puedan determinar sus efectos y costes para definir la más favorable.
En esta fase se deberá realizar además un estudio de tráfico de la situación actual y de las posibles alternativas, para evaluar su potencial de mejora en el nivel de servicio de la A-7, realizando “un modelo de macrosimulación con la extensión y zonificación necesaria, alimentado preferentemente por datos big-data de movilidad” de telefonía móvil, según se recoge en el pliego de prescripciones técnicas. Asimismo, se usarán modelos de macrosimulación para determinadas actuaciones de mejora de enlaces, en particular aquellos con elevada demanda en la A-7.
Por otra parte, se deberá realizar un “análisis multicriterio” de las alternativas que se consideren viables, ponderando factores económicos, funcionales y ambientales; y otro relacionado con el coste-beneficio para determinar la rentabilidad de las alternativas de mejora. En este punto, se valorarán aspectos como la reducción de los tiempos de recorrido y los costes de funcionamiento de los vehículos, así como el descenso de la accidentalidad o de externalidades de ruido, entre otros.
- Málaga Hoy
