- Las constructoras no cotizadas alertan de incrementos cercanos al 40% en materiales bituminosos y energía
Los costes vuelven a convertirse en un problema para las empresas constructoras. Los materiales bituminosos se han encarecido un 38% entre enero y julio de 2026, mientras que la energía acumula una subida del 37% en apenas siete meses, según los datos adelantados por el Instituto Valenciano de la Edificación recogidos por Anci, la asociación que representa a las constructoras no cotizadas.
El encarecimiento se extiende a buena parte de los materiales utilizados por el sector. El aluminio y el acero corrugado presentan incrementos del 19% en los siete primeros meses del año, mientras que los materiales cerámicos cuestan un 11% más. Las empresas atribuyen esta evolución tanto al incremento de los costes de producción como al transporte.
Anci advierte de la velocidad a la que se está produciendo el aumento. Según la organización, durante los siete primeros meses del año los materiales de construcción se han encarecido prácticamente lo mismo que durante los dos años de escalada inflacionista provocada por la pandemia y posteriormente por la guerra de Ucrania.
La asociación vincula este nuevo episodio de inflación de costes con la guerra en Oriente Medio y, particularmente, con el conflicto en Irán. El impacto de la situación internacional sobre los precios energéticos se está trasladando así progresivamente a los materiales necesarios para ejecutar las obras.
El problema podría extenderse próximamente a los costes laborales. Anci apunta al repunte general de la inflación, que alcanzó el 4,3% en agosto debido especialmente a la evolución de los combustibles, y considera que esta subida terminará repercutiendo a corto plazo en el coste de la mano de obra.
Las carreteras, entre las obras más afectadas
El impacto no es igual en todos los tipos de proyectos. Según los cálculos de Anci, los sobrecostes alcanzan alrededor del 13% en las obras de carreteras y se elevan hasta una horquilla del 20% al 23% en los trabajos destinados específicamente a la renovación o rehabilitación de firmes.
Esta situación resulta especialmente problemática para los proyectos que fueron adjudicados antes de la actual crisis de precios y cuyos contratos no contemplan mecanismos ordinarios de revisión. En estos casos, las constructoras tienen que afrontar costes de ejecución muy superiores a los utilizados inicialmente para calcular sus ofertas.
La organización empresarial advierte de que estos contratos presentan un “riesgo elevado de ruptura del equilibrio económico”, ante la dificultad de absorber unas subidas de costes que no estaban previstas en el momento de la adjudicación.
La situación es todavía más compleja en determinadas obras actualmente en ejecución que fueron adjudicadas antes de 2021. En estos contratos, el nuevo episodio inflacionista se suma a las subidas acumuladas durante los últimos años y eleva los sobrecostes a entre el 27% y el 55% respecto al precio de adjudicación original.
Existe además una diferencia entre ese incremento y las compensaciones disponibles. El mecanismo excepcional de revisión de precios limita al 20% la compensación máxima, por lo que en los proyectos más afectados una parte significativa del encarecimiento tendría que ser asumida por las propias empresas.
Las constructoras piden medidas urgentes
Anci compara el escenario actual con el vivido durante 2021 y 2022, cuando la escalada del precio de las materias primas y de la energía llegó a comprometer tanto la licitación de nuevos proyectos como la viabilidad económica de obras que ya estaban en ejecución.
Aquella crisis llevó a aprobar mecanismos excepcionales de revisión de precios para determinados contratos públicos. Las constructoras consideran que el rápido encarecimiento registrado durante 2026 vuelve a justificar una intervención similar para evitar problemas en proyectos actualmente en marcha.
“La situación de alza de precios de energía y materiales, sobrevenida e impredecible, consecuencia del conflicto en Irán, requiere plantear medidas, de carácter urgente y excepcional, que aseguren la viabilidad de los contratos públicos en ejecución”, sostiene Anci.
- El Conciso
