- Empresarial de Ingenieros Consultores de Andalucía (Asica) y otras patronales tienen siete pleitos contra el Gobierno central por competencia desleal
Ignacio Sánchez de Mora está al frente de la Asociación Empresarial de Ingenieros Consultores de Andalucía (Asica), que representa a 44 empresas con 1.000 ingenieros y una facturación agregada de 100 millones de euros, y que denuncia la estrategia del Gobierno central de engordar empresas públicas como Ineco -participada por Renfe, Adif, Enaire y el Gobierno de Canarias- o Tragsa -en cuyo capital están el Estado, comunidades autónomas y diputaciones– con “encargos a base de tarifa y sin competir”, lo que supone “competencia desleal para el sector privado”. Asica cuestiona que las diputaciones y autonomías entren en empresas como Tragsa o Ineco con porcentajes mínimos, lo que les permite considerar a esas empresas como ‘medios propios’ y hacerles encargos sin concurrencia.
Actualmente, Asica y CÍES – la Federación de Asociaciones de empresas de Conocimiento e Ingeniería de España, presidida también por Sánchez de Mora y que integra a más 170 empresas, que emplean a 5.000 ingenieros- son demandantes y codemandantes junto a otras patronales en siete procesos judiciales abiertos contra el Gobierno central por encargos o proyectos relacionados con el puente de la SE 40, el proyecto de urbanización en Melilla, el enlace fijo del Estrecho de Gibraltar, la integración ferroviaria de Jaén (junto con Fadeco) o la resolución de la CNMV por competencia desleal, entre otros.
-¿Por qué dice que en el sector público no se contrata bien en líneas generales?
-Porque habitualmente se aleja del objetivo de la Ley de Contratos que es obtener obras y servicios de gran calidad. Los servicios de ingeniería, denominados de carácter intelectual, se licitan por un precio muy inferior al valor que aportan y a su transcendencia en las siguientes fases de construcción y explotación de las infraestructuras. Un proyecto definido aporta certeza a la Administración y mitiga los riesgos de desviaciones en presupuesto y en plazo.
-En 2019, siete patronales de ingeniería denunciaron el abuso de los encargos por parte del Ministerio de Fomento a Ineco al entender que elimina la libre competencia entre empresas. ¿Sigue ocurriendo con Ineco o Tragsa?
-Desde 2019 la captura del mercado por parte de los medios propios no ha hecho nada más que crecer a pesar de nuestros esfuerzos para detener el abuso de los encargos. Ineco ya superó el año pasado los 500 millones de euros de cifra de negocio, siendo la empresa de ingeniería civil más grande de España en el mercado nacional, lo cual genera una situación impropia de una economía de mercado. Paralelamente, el grupo Tragsa y su consultora Tragasatec han experimentado un crecimiento exponencial de la mano de los fondos Next Generation, que por cierto estaban diseñados para las empresas privadas, alcanzando en 2025 los 2643 millones de euros, de los que 890 correspondieron a esa filial. Esto les convierte en los campeones nacionales de la ingeniería del transporte y medioambiental e hidráulica, respectivamente. Se están creando dos gigantes de miles de empleados que reciben encargos a base de tarifa y sin competir. Al hacer eso, la Administración renuncia a las diferentes alternativas técnicas y mejoras económicas que el mercado privado ofrece cuando concursa.
-¿Qué ha hecho la CNMC en aplicación de la Ley de Competencia?
-De momento la CNMC no quiere investigar, archivó nuestra denuncia con dos votos particulares de los cuatro de su consejo. Mientras tanto su división de Promoción de la Competencia, el Tribunal de Cuentas y la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, no paran de publicar guías e informes en los que alertan del incremento de los encargos y los riesgos que conlleva.
-¿Qué ha dicho la Comisión Europea de vuestra denuncia contra Ineco por posible competencia desleal al recibir ayudas de Estado con tarifas por encima del mercado?
-La denuncia fue presentada en febrero sobre la base de un dictamen jurídico redactado por dos renombrados catedráticos de derecho, uno administrativo y otro mercantil. Entregué este documento al secretario de Estado del Ministerio de Transportes la primavera pasada. Ni siquiera nos recibió, delegando en la secretaria general de Transporte Terrestre, quien no nos aportó ninguna solución ni compromiso de reducción de encargos. En la actualidad estamos a la espera de que la Dirección General de la Competencia admita a trámite nuestra denuncia e inicie una investigación. Somos optimistas ya que la denuncia está muy armada y la Unión Europea no quiere que las empresas públicas compitan con las privadas, prueba de ello es que limitó su actividad mercantil a terceros no accionistas al 20%.
Se están creando dos gigantes de miles de empleados que reciben encargos a base de tarifa y sin competir”
-La comunidad canaria ha entrado en Ineco y los ingenieros se han rebelado.
-Vamos a tratar de impedirlo. En Cataluña ya sonó que la Generalitat estaba considerando la compra de acciones de Ineco. Tragsa ya es medio propio del Estado de las 17 comunidades autónomas y de 50 diputaciones. Su interés es dotarse de la mayor capilaridad posible para poder recibir encargos del mayor número de órganos de contratación. En el caso canario, tenemos previsto organizar un frente patronal e impugnar el primer encargo que reciban para propiciar que los proyectos se liciten en el mercado privado.
-La guerra de Irán ha incrementado los costes de los materiales y la energía. ¿Se está contemplando eso en la revisión de contratos?
-No hasta la fecha. Sin embargo, a Tragsa ya le han aplicado una revisión extraordinaria de sus tarifas. El caso de nuestros servicios de ingeniería es flagrante ya que la legislación vigente no permite la revisión de precios de los costes de personal. Esta es una cuestión capital que vamos a trabajar con los diferentes grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados.
Puente del Centenario
-En 2025, las patronales de ingenierías CIES, donde se integra Asica, y Ceacop presentaron denuncia ante la Fiscalía contra el encargo del Ministerio de Transportes a Ineco para la redacción del proyecto del puente de la SE-40 aunque no tenía experiencia. El tema ha acabado en la Audiencia Nacional, ¿Creen que esa denuncia frenará los encargos a Ineco?
-El caso del puente de la SE-40 es paradigmático e indignante. Ineco carece de experiencia en puentes y resulta que el más complicado de España, se lo encargan. Desde la parte patronal no hemos solicitado medidas cautelares porque no queremos retrasar tan necesaria infraestructura para Andalucía. Lo que perseguimos es que la justicia se pronuncie acerca de si la eficiencia de los encargos debe determinarse caso a caso (en cada encargo) y que se limite el porcentaje de subcontratación sin excepciones. Debe conocerse que Ineco ha subcontratado la totalidad del vano atirantado central que es la parte más compleja del proyecto.
-¿Han llevado el asunto al Supremo?
-Tras el recurso que ganamos ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, que obligó a anular el primer encargo, mantuvimos una reunión con el director general de Carreteras en la que le solicitamos que licitase en el sector privado. No nos atendió y lo encargaron nuevamente, esta vez superando el umbral de 12 millones de euros que obliga a una autorización del Consejo de Ministros. Esta circunstancia nos habilitó a poder interponer una demanda ante el Tribunal Supremo que está admitida a trámite. La sentencia del Supremo será doctrina por lo que esperamos que restrinja y condicione la capacidad de encargar de la Administración a un medio propio que hoy en día es de facto ilimitada.
-La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) ha detectado un posible sobrecoste de más de cinco millones de euros en el precio del acero de la obra para sustituir los tirantes del Puente del Centenario de Sevilla.
–El puente del Centenario atraviesa un momento muy complejo, pero no me cabe duda de que si sólo dependiese del quehacer de los técnicos pronto se pondrían de acuerdo las partes para desmadejar el expediente y rematar una obra tan necesaria para el área metropolitana. Ha llegado el momento de planificar a largo plazo y blindar las inversiones necesarias, aunque sea a base de impuestos finalistas. Los ciudadanos merecen buenas infraestructuras y para ello pagan altos impuestos. La táctica política no debería influir tanto en la elección de las Comunidades Autónomas donde se ejecutan mayoritariamente las obras públicas. Se requiere un pacto nacional para las infraestructuras, es una cuestión estratégica. En Andalucía contamos con el Plan de Infraestructuras del Transporte y Movilidad (Pitma ) con un horizonte al 2030. Esa es sin duda la vía correcta.
La inversión necesaria en carreteras en Andalucía se estima en 1.700 millones de euros”
Red de carreteras y ferroviaria de Andalucía
-En cuanto a la red viaria de Andalucía está bajo mínimos desde los últimos temporales, ¿qué inversión haría falta para mejorarla?
-Según la Asociación Española de la Carretera, el 30% de la red viaria de Andalucía tenía un deterioro muy grave y un 19% grave. Supone nada menos que la mitad de la red. El mismo informe señala que 4.400 kilómetros requieren una intervención en menos de 1 año y 2.600 en menos de 4 años. La inversión necesaria para tales actuaciones se estima en 1.700 millones de euros. Es indudable que esta comprometida situación se ha visto agravada por los últimos temporales. La Junta de Andalucía ha licitado esta primavera obras de emergencias por valor de 140 millones de euros, importe distante de las necesidades de la red. Hay que pensar en el coste que supone tener las carreteras en mal estado en términos de seguridad vial, desgaste de material rodante, incremento de consumo de combustible, emisiones…
-El accidente de Adamuz ha dejado al descubierto el lamentable estado de la red ferroviaria de Andalucía, pero no parece que Puente esté haciendo nada para mejorarlo. ¿Se dan las circunstancias para que pueda repetirse otro accidente similar en esa red?
-Espero que no. Quiero presumir que se está llevando a cabo una profunda auscultación de la red e incrementando considerablemente las partidas destinadas a su conservación y mantenimiento. Como usuario frecuente del ferrocarril sí que observo que se han reducido considerablemente las velocidades comerciales de los trenes. Es innegable que el accidente de Adamuz ha supuesto un importante quebranto para la ingeniería ferroviaria española que ha venido siendo palanca de exportación del sector en la ingeniería y construcción en las últimas décadas. Debemos analizar en profundidad lo ocurrido.
-La obra pública en Andalucía se dispara hasta 4.514 millones en 2025, pero la cuota de empresas regionales cae a niveles mínimos.
-Es muy buena cifra, si bien la inversión específica en servicios de ingeniería continúa siendo muy baja. La Junta de Andalucía no valora todavía suficientemente nuestros servicios, estamos trabajando para que se revisen los honorarios de licitación y se equiparen con los de la Administración General del Estado. Este hecho redundará en una mayor certeza del importe y el plazo de las obras públicas en Andalucía. Respecto a la cuota regional, si bien entendemos que la implantación y conocimiento del territorio es una ventaja competitiva, en ASICA creemos en la unidad de mercado y en la libre circulación de empresas.
- El Conciso
