Los contratistas de obra pública en Andalucía piden la revisión automática de los precios por la subida de costes

Los contratistas de obra pública en Andalucía piden la revisión automática de los precios por la subida de costes

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  • El sector alerta también del déficit en mantenimiento y teme una debacle en 2027 por el fin de los fondos europeos
  • La inversión creció un 23%, pero las empresas andaluzas solo logran el 48%

 

El Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública, CEACOP, ha pedido a las administraciones públicas que apliquen mecanismos de revisión automática de precios para las obras en ejecución y para las licitaciones en marcha. El presidente de la entidad que agrupa a los contratistas de la comunidad, Carlos López Navarrete, ha indicado que el conflicto el Oriente Medio ya está teniendo repercusiones en los precios del petróleo y la energía, y se teme que haya un efecto en cascada hacia los costes de la construcción, como ya ocurrió con la guerra en Ucrania que supuso incrementos de un 50% para las empresas. “Necesitamos sistemas de revisión de precios ágiles y automáticos para evitar licitaciones desiertas, obras abandonadas y que cumplir un contrato suponga la ruina de las adjudicatarias”, ha reclamado.

López Navarrete ha destacado que es importante dar seguridad al sector con medidas preventivas antes que abocar a las empresas a reclamar sobrecostes después de terminar la obra y haber asumido a pulmón los incrementos.

Buen año

La reivindicación de CEACOP se produce tras constatar que 2025 fue un buen año en la obra pública en Andalucía, con inversiones de 4.514 millones de euros, lo que supone un incremento del 23% con respecto al ejercicio anterior y el volumen más alto registrado desde 2009. La patronal destaca sin embargo el menguante peso de las empresas andaluzas, que apenas han logrado el 48% del total.

Además, se pone el acento en la falta de inversión en mantenimiento. Según los datos del sector, si a nivel nacional se deberían alcanzar los 4.500 millones de euros para estar en ratios adecuados del 3%, la realidad es que apenas si se alcanzan los 2.000 millones de euros anuales, con un déficit acumulado de 20.000 millones de euros.

Este desfase, explica López Navarrete, provoca ineficiencias como que las obras de conservación aprobadas se limiten a parchear, con el sobrecoste que esto supone sobre un mantenimiento preventivo de las infraestructuras. CEACOP indica que el pasado tren de borrascas y continuos incidentes en el ferrocarril (“no se puede establecer una relación directa con el accidente de Adamuz hasta que los investigadores determinen las causas”, aseguran) ponen en evidencia las carencias en conservación.

En Andalucía la cifra en mantenimiento alcanza los 600 millones de euros en carreteras, por lo que la patronal valora especialmente el esfuerzo de la Consejería de Fomento. “Es necesario mantenerlo todos los años”, apuntan.

Las empresas se temen ahora una debacle para 2027 por el final de la inyección que ha supuesto durante los últimos años la aportación de los fondos Next Generation, por lo que reclaman un fondo permanente y estructural con un suelo de 4.000 millones aún en caso de crisis.

En el global de obra pública en Andalucía en 2025, los 4.514 millones invertidos superan la media anual de 4.300 millones que se registró entre 2006 y 2009, uno de los periodos de mayor actividad de la obra pública en la comunidad autónoma. No obstante, si se tiene en cuenta el efecto de la inflación, la partida actual todavía se encuentra en torno a un 40% por debajo de los niveles reales de aquellos años. En conjunto, la inversión media en el último lustro se sitúa en unos 3.800 millones de euros anuales, también lejos de los volúmenes previos a la crisis financiera.

Administraciones

Por administraciones, el Gobierno central vuelve a situarse como el principal inversor en obra pública en Andalucía, con 1.523,7 millones de euros adjudicados en 2025, lo que representa un incremento del 12,3% respecto al año anterior.

En segundo lugar, aparecen los ayuntamientos, que han registrado el mayor incremento tras alcanzar 1.382,4 millones de euros, casi un 50% más que en 2024. Por su parte, la Junta de Andalucía adjudicó 1.375,2 millones de euros, lo que se traduce en un repunte interanual del 20,8%. El ranking se completa con las diputaciones provinciales (169 millones) y las universidades, con 22,6 millones. En ambos casos, registran caídas en comparación al año anterior, con descensos del 3% y 42%, respectivamente.

En cuanto a la participación de las empresas andaluzas, el balance vuelve a ser negativo pues solo acaparan el 48% del montante total, es decir, 2 puntos porcentuales menos que en el ejercicio previo y la cifra más baja desde 2014.

Según CEACOP, “es inconcebible que, por primera vez en la última década, ni siquiera se haya logrado superar el umbral del 50%, cuando las compañías andaluzas del sector vienen demostrando desde hace años su alto potencial tanto dentro como fuera de España. Nuestro objetivo es llegar al 65%, un porcentaje que no solo es acorde a su capacidad, sino que es necesario para consolidar el tejido empresarial regional vinculado a la obra pública”.

Decepción con el Estado

La participación varía de forma notable según la administración contratante. Así, mientras que en el ámbito local las firmas andaluzas tienen un papel predominante- logran el 72% de las adjudicaciones de los ayuntamientos y el 82% en las diputaciones-, su peso disminuye en otras administraciones, situándose en el 43,4% en la Junta de Andalucía y reduciéndose hasta el 25% en el caso del Gobierno central.

En este sentido, CEACOP expresa su “decepción” por la baja participación de empresas andaluzas en las obras impulsadas por el Ejecutivo central. Y es que, de sus 1.523 millones de euros, solo 382,7 millones correspondieron a estas compañías, lo que supone apenas una cuarta parte del total. La patronal considera que esta situación refleja las dificultades de las firmas de la comunidad para acceder a las obras estatales, que continúan concentrándose principalmente en grandes grupos nacionales.

Dentro de la Administración General del Estado, el Ministerio de Transportes concentra la mayor parte de la inversión, con 1.229 millones de euros, destacando especialmente las actuaciones de ADIF, que ha incrementado notablemente su actividad en Andalucía.

Ranking provincial

El análisis territorial de las adjudicaciones muestra importantes diferencias entre provincias. Málaga encabeza claramente el ranking de inversión en obra pública en 2025 con 1.347 millones de euros, un volumen que está muy por encima del resto y que contrasta con las bajas cifras que obtuvo en 2024. El fuerte repunte está impulsado principalmente por la construcción de un nuevo hospital, además de la elevada actividad inversora del Gobierno central y de los ayuntamientos de la provincia.

A considerable distancia se sitúa Sevilla, con 783 millones de euros, donde destacan tanto las actuaciones del Estado -especialmente en infraestructuras de transporte- como la fuerte inversión municipal. El podio lo completa Granada con 545 millones, seguida por Almería y Huelva con 403,5 y 395,5 millones, respectivamente. En los tres últimos puestos aparecen Cádiz (372,7 millones); Córdoba (336,8 millones); y Jaén, que ocupa el final de la tabla con 201 millones.

Si se analiza la inversión por habitante, la media en Andalucía alcanza los 520 euros, lo que supone un incremento del 26% respecto a 2024. Málaga y Huelva ofrecen los guarismos más elevados, con 752 y 734 euros, seguidas por Granada (576 euros) y Almería (524 euros). Ya por debajo de la media se encuentran las cuatro restantes: Córdoba (436 euros); Sevilla (396 euros); Jaén (325 euros); y Cádiz, con 295 euros per capita.

Medios propios

Finalmente, CEACOP también advierte del creciente uso de medios propios de las administraciones, como Tragsa, Tragsatec o Ineco. En 2025, los encargos directos a estas empresas públicas alcanzaron 454 millones de euros en Andalucía, de los cuales casi 300 millones corresponden a la Junta, es decir, dos tercios del total.

Según el secretario general de la patronal, Arturo Coloma, esta práctica supone retirar una parte relevante de la contratación pública del mercado, lo que reduce la competencia y limita las oportunidades de las empresas privadas del sector.

  • El Economista
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