Califican de “insostenible” la situación que viven a causa del impago “reiterado” de las administraciones y no están dispuestos a seguir cerrando empresas y perder trabajadores por culpa de unas deudas que sólo en la provincia superan ya los 180 millones. Los constructores han decidido poner en manos de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) lo que consideran un incumplimiento “sistemático” en las obligaciones de pago, para que sea la Justicia la que finalmente decida “si hay responsabilidad penal e incluso malversación de fondos”. Así lo decidieron los representantes del sector tras la reunión que hace unos días tuvo lugar entre los máximos dirigentes del Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop) y la Asociación de Empresarios de la Construcción de Huelva (Aeco).
Ambas patronales exigen al Ejecutivo andaluz que “pague y que controle” las deudas de los otros entes de menor escala. Asímismo, reclaman a la Administración que establezca los mecanismos necesarios para que se resuelvan estas deudas. Y es que desde ambas asociaciones se entiende que “no es de recibo” que los ayuntamientos perciban transferencias económicas del Estado o de la Comunidad Autónoma, participaciones en los impuestos, créditos, ayudas, subvenciones para actividades o nuevas obras, cuando aún no han atendido a las deudas pendientes. Por ello exigen un “mayor control” de la legalidad en las contrataciones, obligando al “riguroso cumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Público”, que exige garantías antes de contratar las obras, entre las que se incluye la certificación de existencia de crédito, así como la fiscalización previa de la intervención, recuerda el presidente de Aeco, Javier Mateo.
Desde el sector se insiste en que ya en el año 2007 los contratos de obras públicas se encontraban con trabas administrativas que dilataban los plazos de facturación de los trabajos ejecutados. Así, el pago a las empresas “se pierde en un limbo”, que va de las consejerías licitadoras correspondientes a la de Hacienda y Administración Pública que (según denuncia Mateo) se escuda en que mientras no se reciban órdenes de pago reconocidas por las distintas consejerías, no se pueden contabilizar esos compromisos y, por tanto, abonarlos. En definitiva, un bucle administrativo en el que las empresas se llevan la peor parte
La situación ha llegado al límite porque se ha convertido en “sistemático” el incumplimiento de los plazos de pago que fija la ley de lucha contra la morosidad por parte de la Junta y otros organismos públicos, establecidos en 50 días para la Administración. “Estamos al límite y eso nos ha llevado a dejar estas irregularidades en manos de la Fiscalía del TSJA, con el objetivo de que investiguen estos casos y actúe de oficio contra los responsables políticos o administrativos concretos que han gestionado los recursos públicos en estos años y se analice la responsabilidad penal, civil o contable derivada de los impagos y por malversación de los fondos públicos”, advierte Mateo.
El sector exige con contundencia la elaboración de un plan de pagos creíble y recrimina “las empresas no somos entidades financieras para sufragar las obras”.
Aeco y Ceacop han querido aunar esfuerzos mediante actuaciones conjuntas al objeto de prestar su máximo apoyo a constructoras y consultoras. Así , en su primera reunión no han querido dejar pasar la ocasión para manifestar públicamente sus reivindicaciones que centran en reclamar responsabilidad al Estado, a la Junta de Andalucía y a la mayoría de los ayuntamientos, que se han convertido en las principales deudoras de las empresas del ramo. Recuerdan que la mayoría de las empresas del sector de la construcción tienen problemas de financiación debido a sus deudores y afirman que esta situación ya es “inadmisible”.
