El País

• La comisión de sabios deberá hacer propuestas para recaudar más por sociedades y armonizar los impuestos sobre la riqueza: patrimonio y sucesiones

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aprobó ayer la creación de la comisión de expertos para la reforma fiscal. Se trata del primer paso para “analizar en profundidad el sistema fiscal con el objetivo de fortalecerlo para hacerlo más eficiente y modernizarlo para adaptarlo a los retos del siglo XXI”. El grupo de trabajo estará presidido por Jesús Ruiz-Huertas, uno de los expertos con más experiencia y prestigio y académico de cabecera de los socialistas. Ruiz-Huertas ha sido director general entre 2004 y 2008 del Instituto de Estudios Fiscales (IEF), el think tank del Ministerio de Hacienda, y ha participado en mil y un cónclaves de este tipo.

El nuevo grupo de expertos dispondrá de 10 meses para diseñar el sistema tributario del futuro. El Libro Blanco de Reforma Tributaria que presenten será el segundo trabajo de unos académicos en menos de una década para modernizar el sistema fiscal español, uno de los más ineficientes de Europa por la gran cantidad de agujeros y excepciones que tiene por el que se escapan decenas de millones de euros. En 2014, el ministro de Hacienda de la época, Cristóbal Montoro, también creó un grupo de expertos para reformar el sistema fiscal. Tras meses de trabajo, presentaron un informe de 460 páginas con 125 propuestas, muchas de las cuales quedaron en papel mojado porque el Ejecutivo popular de Mariano Rajoy hizo caso omiso a muchas de ellas alegando el complejo ciclo electoral que se abría en 2015.

En este caso, tampoco tendrán mucho margen para subir impuestos porque el calendario electoral no dejará mucho margen al Ejecutivo. Se espera que las subidas de impuesto se aprueben en 2022 para que entren en vigor en 2023, año marcado en rojo porque deberán celebrarse los comicios generales. En cualquier caso, los expertos capitaneados por Ruiz-Huertas se plantean como tarea “imprescindible” adecuar el sistema fiscal a la situación económica originada tras la pandemia. “Se trata de proponer alternativas a las exigencias de cambios tras la pandemia”, explicó el presidente del grupo de sabios.

Uno de los principios que guiarán al grupo de expertos será “garantizar la suficiencia de recursos públicos”. Montero recordó ayer que España se encuentra siete puntos por debajo de la media de la zona euro en ingresos públicos. El Ejecutivo aspira a elevar la presión fiscal en torno al 40%-42% del PIB, dos puntos de la media histórica. Hasta ahora los sucesivos gobiernos democráticos creían que la relación entre la recaudación de impuestos y la riqueza nacional debía estar en una horquilla de entre el 37% y el 39% para no lastrar el desarrollo económico de un país rezagado respecto a sus socios europeos. Pero el nuevo Ejecutivo considera que las heridas que ha dejado la crisis financiera y ha reabierto la pandemia requieren de mayor esfuerzo para hacer políticas redistributivas. Ese es el motivo por el que buscan más recursos para fortalecer el estado de Bienestar.

Estos son algunos de los desafíos que deben afrontar.

• Impuesto de sociedades. La recaudación del impuesto de sociedades fue el año pasado de 17.629 millones de euros, un 22% menos que el año anterior y la menor cosecha desde 2013, cuando la economía española aún estaba ahogada por el mazazo de la Gran Recesión. La aportación de las empresas a la recaudación se ha reducido en los últimos años por tres motivos: tras la gran crisis financiera de 2008 las sociedades acumularon pérdidas que les permitió contabilizar créditos fiscales que aún se están aplicando para compensar con los beneficios que obtienen ahora. Además, el auge de las exportaciones les ha llevado a localizar beneficios en filiales que pagan en otros países. Y, por último, la rebaja del tipo del impuesto del 30% al 25% desde 2015 ha mermado la cosecha. Por eso, el Ejecutivo insiste en recuperar la aportación de este tributo.
• IRPF. El Gobierno ya aprobó en los Presupuestos de este año una subida de dos puntos para las rentas del trabajo superiores a los 300.000 euros, y de tres para las del capital por encima de 200.000. Hacienda calcula que esta medida afectará solo al 0,17% de los contribuyentes, y permitirá recaudar 580 millones de euros en 2022. No obstante, el impuesto ha perdido eficacia en los últimos años y necesita una actualización. Deberán decidir si mantienen o reducen el número de tramos del impuesto, si lo hacen más progresivo o si actualizan la deducción del mínimo familiar y personal, la tributación por módulos o decidir qué esquema se sigue para las rentas del capital.
• IVA. España es uno de los países de la UE que menos recauda por el impuesto sobre el valor añadido pese a tener un tipo general de IVA (21%) no muy alejado de los países de nuestro entorno. Los expertos deben decidir sobre la composición de la cesta de bienes y servicios que están gravados con tipos reducidos (10%) o superreducidos (4%). Este impuesto indirecto es el más sensible a cambios y que más afecta al consumo. También es uno donde suele hallarse más nichos de fraude fiscal. Algunos expertos han llegado a plantear que España podría recaudar más y permitirse reducir el tipo general del impuesto si eliminase los tipos reducidos y superreducidos y todos los regímenes especiales de este tributo indirecto.
• Patrimonio. El impuesto sobre el patrimonio suscita uno de los debates más encendidos en el sistema fiscal. Los economistas socioliberales abogan por su desaparición mientras que los más progresistas piden un mayor esfuerzo para las rentas más altas. España es uno de los pocos países que mantienen este impuesto, aunque es cierto que otros vecinos europeos mantienen otros esquemas fiscales para gravar la riqueza. El socialista Zapatero defendió su eliminación en 2004, mientras que Pedro Sánchez apuesta por reformarlo para que la Comunidad de Madrid no pueda dejarlo totalmente exento y sin efecto alguno, como hace actualmente.
• Sucesiones. Se trata de un impuesto cedido a las comunidades autónomas. Estas administraciones mantienen desde hace años una competencia fiscal a la baja. Sin embargo, es uno de los impuestos clave en cualquier sistema fiscal. El grupo de trabajo deberá armonizar el tributo para evitar que haya diferencias tan amplías como las actuales entre las diferentes comunidades autónomas. Tanto este tributo como el anterior forman parte también de la reforma de la financiación autonómica, que tiene pendiente el Gobierno desde 2014.
• Impuestos verdes. Se trata de uno de los retos más importantes para los expertos. La Comisión Europea lleva años avisando a España de que debe aumentar la fiscalidad medioambiental. Somos uno de los países que menos recauda por estos impuestos, la mayoría está en manos de las comunidades que ha legislado profusamente y ha creado figuras poco eficientes, sobre vertidos y depuración de aguas, plásticos… La Ley de Cambio Climático aprobada el pasado jueves en el Congreso, incluyó una disposición adicional sobre la fiscalidad verde: “Se constituirá un grupo de expertos para evaluar una reforma fiscal que valorará también la fiscalidad verde. En todo caso, las modificaciones que se introduzcan en este ámbito irán acompasadas con la situación económica”. La norma recoge la obligación de que el Gobierno presente en el plazo máximo de seis meses (aunque se espera que sea antes) la nueva ley de residuos, que incluirá dos nuevos tributos: uno sobre los envases plásticos y otro sobre el vertido e incineración para incentivar el reciclaje.
• Los agujeros del sistema. La Autoridad Fiscal (Airef) calculó el año pasado que los llamados agujeros del sistema tributario, las deducciones, exenciones, bonificaciones o regímenes especiales propiciaban una vía de agua por la que se escapan todos los años alrededor de 60.000 millones de euros. Plantea revisar algunas deducciones como la de tributación conjunta del IRPF o la de las aportaciones al fondo de pensiones. En este punto, volverá a ser clave la decisión que adopten los expertos sobre los tipos reducidos de IVA o las deducciones en el impuesto de sociedades.