- SITUACIÓN INSOSTENIBLE/ Las patronales del sector constructor urgen al Gobierno medidas compensatorias para mitigar el impacto de la subida exponencial del precio de las materias primas, que ha encarecido en más de un 30% las obras.
J. Díaz. Madrid
El desorbitado encarecimiento de las materias primas y los problemas de abastecimiento han sumido al sector de la construcción en una lucha contra los elementos cuyo impacto económico es cada vez mayor, con retrasos en la ejecución de obras públicas, paralizaciones de proyectos e incluso cancelaciones puntuales de contratos. Entre abril de 2020 y finales de diciembre pasado, materiales esenciales para la construcción vieron dispararse sus precios, impactando como una batería de misiles sobre los presupuestos de la obra pública. Así, la madera se ha encarecido un 259%, el acero un 115%, el aluminio un 90% y el cobre más de un 85%, a lo que se suma la escalada del petróleo, que subió más de un 200% en ese periodo. El resultado es que la factura de esa espiral inflacionista asciende ya a “más de 10.000 millones de sobrecostes en la obra pública” desde abril de 2020, según los cálculos realizados por el ingeniero de caminos Pedro Luis Santos, director gerente de la consultora Incap.
Si se tiene en cuenta que la inversión nacional en obra pública (incluyendo las licitaciones del Estado, las CCAA y los ayuntamientos) asciende a unos 32.300 millones de euros desde abril del año pasado y que los materiales pesan entre un 25% y un tercio en los costes de los proyectos, “la subida de los precios ha supuesto un encarecimiento superior al 30%” de las obras, señala el experto, quien subraya que es el sector constructor el que está cargando sobre sus espaldas esa pesada mochila adicional y advierte de que “hasta que el Estado no decida alguna fórmula de compensación, esta cifra se irá agrandando”. Son cálculos orientativos pero que ilustran a la perfección la “magnitud del problema que a día de hoy están soportando las empresas de construcción españolas”, afirma Santos.
Un problema que afecta a grandes, medianas y pequeñas, porque aunque los grandes grupos, como ACS, Acciona, Ferrovial, OHL, FCC, Sacyr o Sanjosé aglutinaron en 2020 el 25% de la obra pública (en un año muy atípico y de escasa licitación por el Covid), el 75% se repartió entre una pléyade de contratistas de todos los tamaños. En 2019, antes del estallido de la pandemia, los campeones de la obra pública fueron ACS, Acciona y FCC, nombres que, en un puesto u otro del ránking, se repiten año a año.
La actual escalada de los precios de las materias primas, que se prolonga desde hace meses, es cada vez más insostenible para las compañías del sector con menor músculo, ya que no solo amenaza la viabilidad de muchos proyectos, como han advertido Seopan o la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), sino que pone en riesgo la contribución del sector constructor al proceso de recuperación. La previsible “revisión de precios en los nuevos contratos limitará los riesgos de estos, pero todas las obras en ejecución durante el año pasado y sin revisión de precios han sufrido unos incrementos de costes durante 2021 que se han ido incrementando mes a mes, hasta ser inasumibles para los contratistas”, advierte en declaraciones a EXPANSIÓN Concha Santos, presidenta de ANCI, la asociación nacional de constructoras no cotizadas, quien añade que “el sector es unánime en la necesidad urgente de medidas extraordinarias para reequilibrar las obras en curso”.
Obras paralizadas
En una encuesta realizada en septiembre, la CNC constató ya entonces que prácticamente cuatro de cada diez empresas constructoras se habían visto obligadas a paralizar algunas obras o cancelar algún contrato por la escalada sin precedentes de las materias primas. La situación no ha mejorado desde entonces, sino todo lo contrario: “Ha ido a mucho peor desde que se realizó la escuesta”, señalan fuentes de la CNC. Hasta el punto de que “a algunas empresas les compensa pagar la penalización para no seguir adelante con la obra”, explican desde la patronal. Unas penalizaciones económicas que pueden alcanzar el 4% del importe de la adjudicación u oscilar entre 1.500 y 3.000 euros por día natural en el caso de retrasos. Hasta septiembre, solo un 2,3% de las empresas había optado por una medida tan drástica como cancelar un contrato, pero, en vista del empeoramiento de la situación en los meses siguientes, es muy probable que ese porcentaje haya aumentado. De hecho, los precios industriales volvieron a dispararse un 33,1% en noviembre, encadenando once meses consecutivos de subidas. Un escenario dramático que, paradójicamente, se produce en plena recuperación de las licitaciones de la obra pública que, tras el parón forzado por el Covid en 2020, crecieron un 80% entre enero y noviembre, hasta superar los 21.000 millones, según datos publicados por Seopan.
El acero sube un 115% desde abril de 2020; el aluminio, un 90%, y la madera, un 259%
En este complejo escenario, en el que abundan los proyectos pero está en jaque la viabilidad de muchos de ellos (y no solo por la falta de rentabilidad, sino también por los problemas de mano de obra cualificada), el sector reclama al Gobierno medidas que ayuden a capear el temporal y a digerir unos desequilibrios que han puesto al límite su capacidad financiera, en línea con lo que ya hacen las principales economías de la zona euro (ver información adjunta). Seopan solicitó meses atrás la aprobación de una norma especial que, con carácter excepcional, permita revisar precios en los contratos de obras ya en curso “mientras persista la inflación”. Y que los nuevos contratos incorporen “con carácter obligatorio” mecanismos de revisión de precios en los pliegos de contratación.
Ley de Contratos
“La normativa vigente sobre desindexación y su incorporación en la Ley de Contratos del Sector Público de 2017 impiden la previsión de fórmulas de revisión de precios vinculadas a la inflación y dificultan, por tanto, en la mayoría de los casos la revisión de los contratos actuales de obra pública por el alza en el coste de las materias primas”, señala Mariano Magide, abogado de Uría Menéndez. En este sentido, el experto aboga por valorar “la incorporación de cláusulas de revisión de precios en los futuros contratos que doten de seguridad jurídica tanto a la entidad contratante como al contratista”, e incluso “una posible reforma de la Ley de Contratos del Sector Público que previera la inclusión directa de esas cláusulas en futuros pliegos sujeta al cumplimiento de determinadas condiciones que así lo justifiquen para la viabilidad del proyecto en cuestión”. Respecto a los contratos actuales y a expensas de un eventual cambio normativo, las posibles soluciones pasan por “analizar el régimen jurídico de cada contrato y comprobar la procedencia de un eventual reequilibrio sobre la base, por ejemplo, de la doctrina del riesgo imprevisible”.
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