- La patronal Ceacop acusa a la Junta de “atropello” con las revisiones de precios de un millar de obras en toda la comunidad
La patronal Ceacop, que representa a empresas de la construcción, consultoría y obra pública, ha llevado al Defensor del Pueblo Andaluz la deuda que la Consejería de Desarrollo Educativo mantiene con el sector debido a su negativa a abonar más de 20 millones de euros por obras realizadas en colegios de toda la comunidad. El gremio califica “atropello” la postura de la Junta de Andalucía con las revisiones de precios.
Tras varias conversaciones con la Junta sin éxito alguno para intentar cerrar un acuerdo que evite el cierre de empresas, Ceacop ha denunciado ante el Defensor la crítica situación que está sufriendo una veintena de compañías debido a que Desarrollo Educativo y Formación Profesional, cuya titular es Carmen Castillo, se ha negado a revisar los precios de un millar de obras en colegios que se contrataron entre 2020 a 2024. Este hecho les ha supuesto un quebranto económico de 20 millones de euros, poniendo en riesgo su futuro y el de cientos de trabajadores.
El 21% de estas empresas afectadas son de Sevilla, Málaga (18%), Córdoba (15%), Jaén (15%) y, en menor medida, Almería (13%), Granada (8%), Huelva (7%) y Cádiz (35). Algunas de estas empresas reclaman cantidades por obras que superan los 2 a 3 millones de euros, por lo que temen verse abocadas al cierre. En los demás casos, la Junta tiene deudas con cada empresa de un millón a un millón y medio de euros.
“La Junta incumple su propia normativa”
En el informe presentado en el organismo que dirige Jesús Maeztu, la patronal recuerda que el sector de la construcción se ha visto golpeado en los últimos años por la pandemia del Covid-19, la crisis energética derivada de la guerra en Ucrania y un brutal incremento de los costes de los materiales y materias primas de forma que afecta especialmente a esta actividad con grandes oscilaciones al alza de los precios.
Ante esta situación, tanto el Gobierno central como la Junta de Andalucía aprobaron diferentes normativas que recogen medidas extraordinarias y urgentes de revisión de precios. Es decir, un marco regulatorio para recalcular los costes de las obras públicas.
Sin embargo, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha decidido incumplir la propia normativa de la Administración autonómica y ahora se enfrenta a una avalancha de recursos ante los tribunales. Desde Ceacop se han mantenido diferentes conversaciones con la Junta para intentar cerrar un acuerdo que evite el cierre de empresas y una litigiosidad sin precedentes en la región con un millar de expedientes.
“La cifra de revisiones positivas se queda en una exigua cantidad de 300.000 euros frente a los 20 millones reclamados. Y lo que es peor, se inician expedientes de declaración de lesividad por importe de casi dos millones por los expedientes abonados y que ahora quedarían anulados. Por tanto, se crea un grave perjuicio en la tesorería y cuentas de las compañías, que en algunos casos puede suponer su quiebra”, recoge la denuncia presentada ante el Defensor del Pueblo.
“La Administración, contra sus propios actos”
La patronal de la construcción Ceacop reclama al Defensor que, en primer lugar, “se reconozca el derecho a percibir la revisión extraordinaria de precios en los contratos basados derivados del Acuerdo Marco de Obras de reforma, adaptación, ampliación, redistribución y mejoras en centros educativos de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, correspondiente a la revisión extraordinaria de precios”.
Y, en segundo lugar, que “se resuelvan motivadamente y de forma expresa los expedientes administrativos interesados por los contratistas incluidos en dicho Acuerdo Marco”.
Asimismo, el escrito recoge que “la Administración, contra sus propios actos, ahora deniega las cantidades debidas según sus propias instrucciones, aflorando ahora un documento de la Intervención General del que tenían constancia desde junio de 2024 y que, sin embargo, las empresas no hemos conocido hasta este mes de marzo. Además, no se están contestando los expedientes correspondientes desde mayo de 2024, contraviniendo la obligación de las administraciones a responder a los requerimientos de las empresas”.
“Todas estas actuaciones -concluye Ceacop- suponen un atropello y una injusticia de consecuencias muy graves. Por ello, le solicitamos que, como Defensor del Pueblo, interceda en favor de las empresas y así evitar que los casi 1.000 expedientes deban ser resueltos en los tribunales de justicia, con los problemas y perjuicios que esto conlleva”.
“No existen impagos de la consejería de Educación”
La consejería de Desarrollo Educativo respondió, a preguntas de este periódico, que “no existen impagos de la consejería de Educación con empresas constructoras”.
El departamento que dirige Carmen Castillo asegura que “se está desarrollando un proceso de análisis de la aplicación de las revisiones de precios en los contratos basados en el Acuerdo Marco de Obras, tras las dudas expresadas por la Intervención de la Junta de Andalucía. La Agencia Pública de Educación está en ese proceso de revisión, que es arduo y complejo, y espera poder completarlo próximamente”. Añade la consejería que “la mayoría de esas obras están financiadas con fondos europeos, que tienen sus plazos de certificación, la Agencia (Pública de Educación) es la primera interesada en pagar y certificar, y la ejecución presupuestaria está sobre el 98%”.
- Diario de Sevilla
