Ese es el cálculo elaborado por el Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop) a partir de las estadísticas oficiales. Según el Círculo, en los dos últimos años han desaparecido unas 1.800 empresas andaluzas del ramo, un tercio de las existentes, una progresión negativa que empeorará en 2011, en el que se espera que desaparezca otro porcentaje igual de empresas. En el caso de Huelva, provincia en la que hay 107 empresas clasificadas para ejecutar obra pública, esto se traducirá en el cierre de 32 compañías. Y el sector no prevé mejorías en los próximos años: según una encuesta reciente, la mayor parte de ellas calculan que los próximos dos o tres años no habrá avances.

Frente a ello, el sector de la construcción continúa demandando la reactivación de la licitación oficial, en caída libre en medio de reprogramaciones y aplazamientos de las actuaciones previstas ante la falta de presupuesto en las administraciones. Según los datos recopilados por Ceacop, el importe adjudicado de obra pública en la provincia en 2010 cayó un 46,3% respecto a 2009, quedándose en 156 millones de euros.

El presidente de Ceacop, Enrique Figueroa, destacó ayer que la situación de parálisis de la obra pública es “especialmente grave” en la provincia, donde, dejando a un lado la infraestructura ferroviaria de la estación del AVE, “la única obra de cierto nivel, la carretera San Bartolomé-Alosno está parada”; la presa de Alcolea sigue pendiente de los terrenos, y el desdoble de la nacional 435 o los accesos a las playas están a la espera desde hace años. A ello se suma el pase de obras de peso tanto estatales como autonómicas a la fórmula de colaboración público-privada, que “sólo beneficiará a las empresas de gran tamaño, quedando fuera la mayoría de las andaluzas”, ya que, al tener que aportar la adjudicataria la financiación de la obra (para recuperarla en un plazo aproximado de 25 años), las pequeñas y medianas empresas sólo podrán acceder de la mano de las grandes y en pequeños porcentajes.

A este problema de falta de trabajo se suma una demanda continua de los constructores en los últimos meses: el pago de las cantidades pendientes. Ceacop calcula en 950 millones de euros la deuda de la Junta de Andalucía con las constructoras de la comunidad autónoma, una cantidad que corresponde a obras antiguas “ya ejecutadas pero pendientes de pago”. Figueroa acusa además a la Administración autonómica de no reconocer parte de esa deuda para que no compute como déficit en sus cuentas. En cuanto a los ayuntamientos, cifra la cantidad pendiente de abono en unos 1.000 millones de euros en Andalucía y la demora se sitúa “fácilmente” en años. Ello a pesar de que, según la Ley de Morosidad, el plazo de pago debería situarse en 60 días: “Nosotros tenemos que pagar a nuestros proveedores en 60 días, pero las administraciones no hacen lo mismo con nosotros”.

Esta situación será puesta en conocimiento del fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con el que Ceacop ha pedido ya una reunión. Esta iniciativa se suma a la emprendida por la Asociación de Empresarios de la Construcción de Huelva (AECO) que ya está preparando la reclamación judicial de las cantidades pendientes a las administraciones. 

Además de esa reclamación judicial, Ceacop hace otra petición: que se permita a Andalucía aumentar su endeudamiento para hacer frente a los pagos pendientes. También reclaman que se recorten gastos corrientes, “la Administración tiene que adelgazar a la fuerza, porque para gestionar 2.000 millones no hacen falta los mismo recursos que para gestionar 5.000”. O que se liciten obras de menor tamaño para que las empresas pequeñas puedan acceder a ellas.