• Las Administraciones Públicas licitaron en 2022 proyectos concesionales por 598 millones, un 23% más que en 2021, pero 20 veces menos que en 2010
• El sector trabaja en un modelo colaborativo y pide un cambio legal

La licitación de concesiones de infraestructuras en España mejoró en 2022 un 23% con respecto a 2021, hasta alcanzar los 598 millones de euros. Se trata, no obstante, de una cifra que el sector considera muy alejada de los niveles que deberían registrarse en España, máxime atendiendo a la expansión de los modelos de colaboración público-privada en las primeras economías del mundo y en otros muchos países en desarrollo. La cifra representa menos de la vigésima parte que los 12.658 millones que salieron a licitación en 2010. De los 598 millones, el Estado no sacó ni un solo concurso bajo fórmulas de concesión. El grueso del volumen licitado corresponde a las Administraciones Locales, con 383 millones. Mientras, las Comunidades Autónomas limitaron el importe a 15 millones.

La parálisis de los proyectos en régimen de concesión y de la colaboración público-privada deriva de la Ley de Desindexación de la economía española aprobada en 2015, que acota la tasa de descuento a 200 puntos básicos más el interés de los bonos del Tesoro a 10 años. Una limitación legal que impide la viabilidad de más iniciativas. El volumen licitado desde la aprobación de esta norma asciende a 3.559 millones, la tercera parte de lo licitado en los máximos de 2010. En 2022, la Oficina Nacional de Evaluación (ONE), órgano asociado al Ministerio de Hacienda, emitió únicamente un informe favorable en ocho de los 25 expedientes de concesiones recibidos –24 de servicios. El organismo autorizó así contratos por 321 millones de euros y rechazó 17 proyectos valorados en 3.001 millones. Entre ellos figura un contrato de saneamiento urbano en Madrid e infraestructuras sociales, deportivas y docentes

En este contexto, Seopan, patronal que aglutina a grandes constructoras y concesionarias, trabaja con el Gobierno para diseñar una propuesta con la que introducir modelos colaborativos de contratación, alineados con los que se utilizan en las grandes potencias económicas como Estados Unidos, Canadá, Australia, Reino Unido, Finlandia, Suecia y Noruega. La organización plantea un modelo colaborativo de coste objetivo (Target Costing), por el que el coste de la obra condiciona el diseño del proyecto, se permite la evaluación de alternativas para mejorar el proyecto y la fijación de coste objetivo con compartición de ahorros y sobrecostes con mecanismos pain/gain (esfuerzo/recompensa) que recompensan la eficiencia y castigan la ineficiencia. Según Seopan, este modelo garantiza el cumplimiento de presupuesto y plazos, reduce la litigiosidad y maximiza el valor del proyecto sin mermar su calidad.