El Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop) calificó ayer como «un nuevo mazazo» la orden de la Intervención General de la Junta de Andalucía para dejar de contabilizar y pagar las facturas pendientes con sus proveedores hasta nuevo aviso.
El presidente del colectivo, Enrique Figueroa, denunció, en declaraciones a ABC, que esta directriz supone «una seria amenaza para 200.000 personas que trabajan en la obra pública». Actualmente, advierte, la Administración autonómica «está tardando más de un año en pagar», una situación que se ve agravada por la reprogramación de las obras debido a los recortes.
Figueroa señala que las empresas que se dedican a la conservación de las carreteras autonómicas sufren demoras en los pagos superiores a los cinco meses, pese a que la nueva Ley de Morosidad establece un plazo máximo de 30 días para atender las facturas. En los próximos días se reunirá con responsables de la Consjería de Obras Públicas para intentar arrancarle un calendario de pagos para la deuda pendiente.
