- Según CEACOP, un 5% de las obras se quedaron sin adjudicar en 2022 con una pérdida de inversión de casi 240 millones
La inversión en obra pública en Andalucía ha vuelto a crecer de manera sostenida por segundo año consecutivo, a pesar de la difícil coyuntura económica.
Así lo refleja el informe elaborado por CEACOP (Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública), que recoge que el importe de las adjudicaciones repuntó en 2022 un 23% con respecto al ejercicio anterior, hasta alcanzar los 3.434,6 millones de euros.
Sin embargo, al margen de los niveles de inversión, el presidente de la patronal, Carlos López, advierte de que “la situación de las empresas sigue siendo complicada debido a que están teniendo que hacer frente a la enorme subida del precio de los materiales y son las que están aguantando el sobrecoste en las obras, una situación que se ha traducido en que muchas licitaciones se hayan declarado desiertas durante el pasado ejercicio”.
En concreto, la asociación detalla que un 5% de las obras se quedaron sin adjudicar en 2022, lo que supone en términos económicos que se han dejado de invertir casi 240 millones de euros (un 182% más con respecto a 2021), siendo Cádiz la provincia más afectada, seguida de Sevilla y Málaga. “Los ayuntamientos son los que han tenido mayor dificultad para sacar adelante los proyectos, porque cuentan con menor margen para modificar los presupuestos”, ha apuntado la gerente de la entidad, Ana Estella, durante la presentación.
Además, ha señalado que “es inasumible que en una comunidad como Andalucía, con el déficit de infraestructuras que arrastra y con el peso poblacional que tiene en el conjunto de España, se queden sin ejecutar esas inversiones por el desequilibrio de precios, aun habiendo fondos disponibles; además de que se corre el riesgo de que esta situación provoque un cambio de tendencia en materia de licitaciones”.
‘La competencia pública desleal’
Desde CEACOP se lamenta, igualmente, que empresas públicas como Tragsa o Ineco están siendo adjudicatarias de obras que han quedado desiertas, pero por importes superiores al de la licitación inicial.
“Desde hace años están haciendo competencia desleal a las empresas no sólo dentro de España, sino en otros países, yendo en contra del espíritu de la ley de contratos del sector público. En el caso de Tragsa la situación es aún más grave porque ya hay una resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (dependiente del Ministerio de Hacienda y Función Pública) que, salvo supuestos de estricta urgencia, no puede ejecutar contratos de obra en zonas o núcleos urbanos”.
En paralelo, el presidente de CEACOP advierte de un riesgo añadido: “Esta situación que se está produciendo amenaza el plan de recuperación diseñado al amparo de los fondos Next Generation, que, como es conocido, tiene como meta temporal 2026 y obliga a que los proyectos deben estar iniciados necesariamente en 2023. De momento, la asignación y puesta en valor de estos recursos están muy por debajo de los objetivos marcados y la exigencia del calendario obliga a intensificar la gestión por parte de los responsables públicos para no perder los fondos y la oportunidad histórica de transformación”.
Es por ello que la gerente de la entidad añada que “hay que mantener en el tiempo y reforzar los mecanismos de revisión de precios de las obras tanto de la Administración central como autonómica y hay que desligarlos de la lucha política, porque las empresas necesitan seguridad y certeza. El sector necesita seguir recibiendo oxígeno como motor de la economía, generador de empleo y vertebrador del resto de actividades como son la ingeniería, construcción y mantenimiento de infraestructuras, clave todo ello para la sociedad”.
Reparto por administraciones
Poniendo la lupa sobre las distintas administraciones, los ayuntamientos y la Junta de Andalucía acapararon casi el 64% del importe de las obras. En concreto, los consistorios mantuvieron su esfuerzo inversor y volvieron a ser, por tercer año consecutivo, el organismo con mayor aportación con 1.198,9 millones de euros, es decir, el 34,9% total. A continuación, se situó el Ejecutivo autonómico, al sumar 991 millones, lo que representa el 28,9%.
Por su parte, el Gobierno central fue responsable del 28,7% de los contratos de obras y consultoría que se han adjudicado en el conjunto de la región, con 986,6 millones de euros, siendo la segunda mayor cifra desde 2009, aunque, en opinión del presidente de CEACOP “este montante sigue estando muy por debajo de las necesidades de la comunidad en materia de infraestructuras”.
De este modo, el crecimiento experimentado en 2022 se apoya principalmente en los ayuntamientos y la Junta, que aumentan sus inversiones en términos interanuales en un 17,4% y 0,27%, respectivamente. Si bien es el Ejecutivo central el que presenta una subida mayor, con un 81% más de gasto en comparación con 2021, aunque sólo adjudicó el 23% del total a empresas andaluzas.
El resto de la inversión se reparte entre diputaciones, con adjudicaciones por importe de 174,6 millones y un aumento del 6,6% respecto al año anterior; universidades, con 50,7 millones y una bajada interanual del 21%; y otros organismos, que invirtieron un 125% más, hasta los 32,6 millones de euros.
El Gobierno central solo contrató un 23% de las obras adjudicadas con compañías de la comunidad autónoma
En cuanto a la distribución total por provincias, Málaga lidera el ránking con un 19,1% de los 3.434 millones de euros, seguida de Sevilla (17,4%), Almería (14,1%) y Cádiz (12,6%). Ya por debajo de los dos dígitos, aparecen Córdoba (9,4%), Granada (9,3%) y Huelva y Jaén, ambas con un 6,6%.
Para el presidente de CEACOP, “los resultados obtenidos en 2022 son positivos en un año marcado por una coyuntura difícil por el alza desorbitado de los materiales, un hecho que se ha visto agravado por el aumento de los costes energéticos y la invasión de Ucrania”. En este sentido, resalta que “una vez más, se demuestra la capacidad del sector para reponerse y mantener el ritmo de creación de riqueza y empleo, con algo más de 200.000 personas ocupadas el pasado año”.
No obstante, López lamenta que, pese a la subida de las inversiones, el porcentaje de adjudicaciones a empresas andaluzas en 2022 se situó en el 55%, un punto porcentual menos que en el ejercicio anterior, “rompiendo así la tendencia positiva de los últimos años y muy lejos de nuestro objetivo de alcanzar el 60%”. “Este índice es especialmente bajo en el caso del Gobierno central, que tan sólo contrató un 23% de las obras con compañías de la región”, denuncia.
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