—¿Es una forma de democratizar más el acceso a los proyectos? ¿Ayuda a generar un clima de confianza para el inversor?

—Ha tocado dos temas clave, que son transparencia y confianza. No queremos abrir una negociación con las empresas en despachos desconocidos, sino que el debate sea público. No hay nada que ocultar. Primero, que las empresas confíen en la Junta de Andalucía, y segundo, que la administración confíe en el sector empresarial. La clave es que el ciudadano confíe en su Gobierno y en sus empresas. Eso es la base de la democracia.

—Hasta ahora, ¿se ha abordado algún proyecto en Andalucía al amparo de esta fórmula?

—La adquisición del Campus Palmas Altas, antigua sede de Abengoa en Sevilla, para la construcción de la Ciudad de la Justicia, se ha hecho por colaboración público-privada. Hubo intentos, se puso en marcha para carreteras en otra época, pero se diseñó mal. Faltó diálogo y confianza, la que tenemos y generamos ahora, y eso provocó, por ejemplo, que la A-7, una autovía muy importante para Andalucía, presentara una cantidad enorme de problemas que obligaron a que ese sistema de concesión de obra tuviera que rescindirse con perjuicios para las empresas y para la administración. Aprenderemos de esos errores de la etapa socialista al frente de la Junta de Andalucía para corregir, mejorar y tomar la dirección correcta, que es el servicio al ciudadano.

—Muestra de ese diálogo es la toma de contacto con las confederaciones y colegios profesionales. ¿Qué le trasladan?

—Me trasladan una evaluación muy positiva. En ese sentido, la sociedad jiennense es un ejemplo. A Jaén, cuando se le da un poquito de confianza y protagonismo, la reacción siempre es positiva. Desgraciadamente, a esta provincia se la ha tratado muy mal en muchos aspectos, también en materia de Justicia. La situación del Partido Judicial de Jaén es la peor de toda Andalucía. Hay trece sedes dispersas en la ciudad donde se ubican los órganos judiciales, así lleva muchísimo tiempo y esa no es manera de funcionar. Es malo para jueces, fiscales, funcionarios, abogados, procuradores y es malo para el ciudadano. Cuando a uno le dicen que tiene un pleito en el juzgado de instrucción número 7, no sabe ni dónde está. Queremos que eso cambie y que Jaén sea ejemplo. Cuando empecé a tener información de cómo estaba la Justicia, no me creía la realidad de Jaén. Es un disparate. Todo esto empezó en Jaén y tiene que acabar con una experiencia de éxito en Jaén, que es su Ciudad de la Justicia, que sea un orgullo para los jiennenses y una garantía de buen servicio.

—¿Es importante la simplificación administrativa que abandera la Consejería de Antonio Sanz para favorecer la colaboración público-privada?

—Cuando concedo una entrevista, los periodistas siempre me preguntan: ‘Consejero, ¿y esto para cuándo?’. Cuando hay mucha burocracia, es imposible asegurarlo. Al final, uno cruza los dedos e intenta hacer el cálculo y que funcione. Eliminamos sobrecarga administrativa que no aporta nada y lo único que hace es retrasar los proyectos y, en ocasiones, hacerlos inviables. Para que el servicio público funcione bien necesita un tiempo corto. Eso hacemos todo el Gobierno con el consejero de la Presidencia a la cabeza, eliminar lo que no aporta valor. Hay mucha normativa, mucha burocracia vacía que ni defiende lo que tiene valor ni aporta nuevo, eso nos sobra. Hay una empresa, Sacyr, que se ha adjudicado recientemente un contrato de 170 millones de euros en Perú a través de un modelo muy parecido al que ponemos en marcha en Andalucía. Este tipo de empresas vienen a Jaén a reflexionar, a debatir y a intercambiar opiniones. El Gobierno de Juanma Moreno cree que Andalucía tiene un potencial enorme que no podemos frenar por desconfianza entre lo público y lo privado.

—Peco de lo que pecan mis compañeros. Consejero, la Ciudad de la Justicia, ¿para cuándo?

—El año pasado establecimos una hoja de ruta muy exigente. Tenemos el estudio de viabilidad. Se publicó en noviembre del año pasado, estuvo un mes en exposición pública, se hicieron alegaciones y se definió. Este año haremos el pliego de condiciones que nos permitirá lanzar la licitación. Se adjudicará en 2025. Es una obra de dimensiones muy importantes, así que calculo entre 24 y 30 meses de construcción, será casi imposible que pueda ejecutarse en menos tiempo. Generará picos de contratación de 500 trabajadores y una contratación media durante toda la obra superior a los 250, además de 60 contratos estables una vez se termine la Ciudad de la Justicia. Ese es el cronograma. Si adjudicamos en 2025, la fecha de finalización de la obra será en 2027, cuando Jaén tendrá por fin una Ciudad de la Justicia de primera, como tiene que ser y es esta provincia, que requiere y debe exigir lo mismo que tienen el resto.

—¿Compromete el proyecto un posible cambio de Gobierno?

—Espero que eso no ocurra en ningún caso, pero no. La legislatura concluye en junio de 2026. La adjudicación y el comienzo de las obras será el año que viene, por lo que, entonces, tendremos una estructura perfectamente definida, los jiennenses podrán pasar por allí y comprobar que lo de la Ciudad de la Justicia era de verdad. En 2027, cuando se celebren las elecciones municipales, estará prácticamente terminada. Esa es la pauta y estamos en condiciones de concretarla con la claridad con lo que lo hacemos. Hace poco se contrató una asesoría técnica que nos ayudará a analizar los aspectos económicos del estudio de viabilidad: qué va a aportar y qué cuesta. Eso nos servirá de soporte para el pliego de licitación y las empresas formularán sus ofertas. Tantos incumplimientos durante tanto tiempo dañan la confianza de los jiennenses en casi todo. La recuperan poco a poco y se dan cuenta de que este Gobierno no es como los anteriores, que hablaban y prometían mucho, pero hacían poco.

—Apuntaba que en Jaén hay trece sedes. ¿Cómo afecta al funcionamiento del sistema?

—Jaén es la que está peor en cuanto a dispersión. La mayoría de las sedes están en buen estado. En Cádiz, por ejemplo, hay cinco, algunas en muy mal estado. En Huelva hay tres, también con problemas muy serios de falta de espacio. Las tres queremos resolverlas de manera inmediata. Acometeremos la Ciudad de la Justicia de Marbella, cuya situación actual es pésima; haremos la Ciudad de la Justicia de Algeciras y la de Jerez de la Frontera, de forma que todas las ciudades con más de 150.000 habitantes tengan una Ciudad de la Justicia. Después haremos los complejos judiciales, que irán en las ciudades de más de 75.000 habitantes, y luego las sedes judiciales de los municipios más pequeños.

—En la horquilla entra Linares.

—Acometeremos la nueva sede judicial de Linares gracias a un acuerdo entre la Consejería y la Universidad de Jaén, que cede la antigua Escuela de Peritos. El proyecto supone una inversión de casi nueve millones de euros.

—¿Se agruparán las sedes de Linares en un solo edificio?

—Así es. En este momento tenemos 85 partidos judiciales en Andalucía distribuidos en 156 sedes, lo que arroja una media de dos por cada partido judicial. El objetivo es que sean 89 sedes judiciales más el edificio de la Real Chancillería de Granada, donde está el Tribunal Superior de Justicia y queremos que esté la Fiscalía Superior de Andalucía. El resto, vamos a unificarlo todo. En Sevilla hay seis sedes, habrá una; en Jaén, de trece a una; en Huelva, de tres a una; en Cádiz, se pasará de cinco a una… No solo lo agrupamos en un único edificio, sino que serán sedes con una infraestructura digital imposible de ofrecer en las actuales dependencias, en las que existirá la posibilidad de debatir internamente, de acuerdos, de deliberaciones entre órganos judiciales que ahora mismo son imposibles.

—¿Hay más previsto para Jaén?

—Además de Jaén y Linares, se acometerán los nuevos juzgados de Villacarrillo y Alcalá la Real. Se ejecutarán reformas muy importantes en Cazorla, La Carolina y Martos. Donde las sedes judiciales presenten buenas condiciones, como en Andújar, por ejemplo, se mejorará el servicio a las víctimas de violencia de género, se eliminarán barreras arquitectónicas y se instalarán sistemas de generación fotovoltaica para hacer más eficientes y sostenibles los edificios.

—El Plan de Infraestructuras Judiciales de la Junta de Andalucía prevé una inversión de 1.000 millones de euros.

—El documento económico comprende en torno a 1.500 millones de euros que se movilizarán a lo largo de la ejecución del plan. Las obras se ejecutarán entre 2024 y 2030, pero la financiación irá más allá. Por ejemplo, en Jaén, el canon se pagará durante 28 años. Es un proyecto muy ambicioso y, en estos siete años, invertiremos casi cuatro veces más de lo que se ha invertido entre 1997, cuando la Junta de Andalucía recibió las competencias en esta materia, y 2018.

—¿Cómo evalúa el acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Justicia y los funcionarios?

—Es una auténtica traición, un acuerdo lamentable y un abuso por parte del Gobierno central del papel que tiene que jugar para la nivelación del servicio de justicia en España. El Ministerio se ha comportado como una comunidad autónoma, pero con el doble de dinero. El Estado se financia con aproximadamente el 50% de los impuestos como el de la renta, el IVA y el de sociedades, entre otros. Con ese 50% de los recursos que aporta Andalucía, establecerá un canon específico para los funcionarios de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón, Murcia, Baleares… que no tienen transferidas las competencias en Justicia. Con el 50% que le queda a la Junta de Andalucía, nos pide que equilibremos lo que el Ministerio ha cubierto con ventaja. Es un atropello y una práctica muy preocupante con vistas al futuro porque el Ministerio hace una absoluta dejación de sus funciones de nivelación.

—¿Cuál es la solución?

—Muy fácil, la que pedían los sindicatos inicialmente, que las subidas se hicieran en el complemento general y no en el específico. Eso nivelaría a todos los funcionarios de España. Luego, que cada comunidad autónoma establezca el complemento específico. En el caso de Andalucía, cumplimos y cumpliremos escrupulosamente el acuerdo que alcanzamos en 2018, lo que no haremos será taparle las vergüenzas al Ministerio de Justicia con un debate que no existe. Yo apuesto por la Justicia con una inversión como nunca la hubo para que los funcionarios trabajen en las mejores condiciones y los ciudadanos tengan un servicio de calidad.

—Considera necesaria y urgente la renovación del Consejo General del Poder Judicial?

—Considero necesario aplicar el sentido común en la Justicia en general. Creo que hace falta un gran pacto por la Justicia y un cambio radical en el enfoque y el tratamiento que le da el Gobierno de España. No se puede hablar así de los jueces desde la tribuna del Congreso de los Diputados, citarlos individualmente, acusarlos de corrupción… Es inédito en España y en el mundo. Eso no pasa en ningún otro sitio salvo en países como Venezuela, donde también se señala a los jueces, se los separa del servicio y mete en la cárcel. No es razonable que responsables del Gobierno hablen de ‘lawfare’ y de fachas con toga. Es inaudito. Los jueces y la Justicia necesitan respeto porque, si el propio Gobierno no la respeta, ¿qué ocurrirá con los delincuentes a los que se juzga? Esa falta de respeto y ese tratamiento discrecional y arbitrario que le da el Gobierno de España a la Justicia en este país tiene que terminar, y hacerlo cuanto antes.