Anteriormente, mantuvieron una reunión con los responsables de la sociedad mercantil estatal Aguas de las Cuencas de España donde les dijeron que el aval de casi ocho millones de euros requeridos para poder llevar a cabo las obras desglosado 3 de las canalizaciones de Béznar-Rules, era un requisito indispensable para que pueda iniciarse la obra.
El presidente de la Comunidad de Regantes del Bajo Guadalfeo, Maximino Prados, explica a Granada Hoy que “el sentir general de las comunidades con las que nos hemos reunido es de que necesitan el agua, pero sienten que se están aprovechando de que no hay subvenciones y de que esto es lo que hay, sabiendo desde las administraciones que la realidad del campo es que es necesaria el agua”. “Los agricultores están enfadados por no tener ayudas y porque si se hubiese realizado antes la obra no costaría lo que cuesta y ya estaría hecha”.
Prados señala que tras estas primeras reuniones con los regantes la sensación es de que podrá salir adelante. Además, avanza que hay algunas comunidades del desglosado 4 -que sería el siguiente en ponerse en marcha- que estarían dispuestas a ayudar económicamente con el pago del tramo para así desbloquear la situación y permitir que el agua siga avanzando hasta La Herradura. “Son conscientes de que ahora mismo no se beneficiarían pero sí para el próximo desglosado. De esta forma se abaratarían costes y supondría menos desembolso”.
Incide en que aún es pronto porque cada comunidad afectada tendrá que votar en su asamblea general si dan un paso al frente o se plantan, “ahora mismo estamos en negociación pura y dura”, y no hay nada decidido.
Discrepancias entre comunidades
En mitad de las negociaciones hay comunidades de regantes que no están del todo de acuerdo con los pasos que se están dando. Desde la Asociación Verde, Seco, Jate y la Asociación Agua para el campo señalan que están “indignados con el acuerdo alcanzado entre el Ministerio y el presidente de la Comunidad General del Bajo Guadalfeo a espaldas de los afectados” ya que, en opinión de la asociación, “han ignorado el clamor de nuestros agricultores que solo piden un trato de igualdad con nuestros vecinos y a los que solo les dan a elegir entre la sequía o la ruina económica”.
El presidente de Verde, Seco, Jate, José Luis Ruiz Olivares, indica que el acuerdo es una indecencia. “Como las aguas que contempla el Plan Hidrológico son sobrantes, además de los 125 millones tendremos que seguir pagando el coste de nuestras comunidades y el canon de la depuradora si utilizamos sus vertidos; pagaremos también el coste del aval, el canon de la presa y la cuota de la Comunidad del Bajo Guadalfeo. Una auténtica ruina”.
Por su parte, Jesús Peralta, de Agua para el campo, insiste en que “la mala gestión del Ministerio es la única responsable de la perdida de los fondos europeos. Ministerio y Junta de Andalucía están realizando fuertes inversiones directas en mejoras en regadío, mientras que en las cuencas de los ríos Verde, Seco y Jate se ponen de perfil y pretenden cargarnos a los agricultores con el 100% de los costes”.
Además, piden interlocución directa con el Ministerio a la que deberá incorporarse la Junta de Andalucía. “No se puede negociar la agricultura de Almuñécar y La Herradura, Jete, Otívar y Lentegí de espaldas a sus agricultores. Nuestro representante legítimo es el presidente de la Junta Central de Usuarios de los ríos Verde, Seco y Jate y es su presidente, Joaquín Montes, quien debe negociar un nuevo acuerdo favorable a nuestros agricultores”.
Sobre estas acusaciones desde la Comunidad General de Regantes del Bajo Guadalfeo inciden en que ellos no toma decisiones unilaterales ni firma ningún tipo de acuerdo sin consultar previamente con todas y cada una de las comunidades de regantes que la integran. “La base de nuestra actuación es el consenso, la transparencia y la voluntad de que todas las voces del territorio estén representadas y escuchadas”.
Añaden que ahora mismo se encuentran en un proceso activo de diálogo con las distintas comunidades con el objetivo de definir de forma conjunta una posición firme y cohesionada ante las administraciones. “Solo desde la unidad es posible defender con fuerza y legitimidad los intereses del sector agrícola”, apuntan.
En este sentido, insisten que cualquier avance, propuesta o acuerdo que se valore con las administraciones competentes será fruto de un proceso previo de consulta, deliberación y aprobación por parte de la Comunidad General de Regantes, como órgano legítimo de representación del conjunto del regadío de la zona. Y llaman a la responsabilidad de todos los actores implicados y especialmente de los medios de comunicación, para que contrasten adecuadamente la información antes de su publicación, evitando generar confusión o división en un momento especialmente delicado para el sector.
