Los constructores de obra pública que forman parte de Ceacop han tenido que recurrir al fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Jesús García Calderón, para pedirle que intervenga ante la deuda que tiene contraída la Administración con estos empresarios en Sevilla y provincia y en el resto de Andalucía.
De momento están cuantificando la deuda con sus intereses de demora y preparando toda la documentación para aportarla a la Fiscalía con el objeto de que tome cartas en el asunto debido a los continuos retrasos de los pagos de las diferentes administraciones a sus proveedores, incumpliendo la Ley de Lucha contra la Morosidad; además de la falta de reconocimiento por parte de los organismos contratantes de obras ya ejecutadas.
Las constructoras e ingenierías de la obra civil apuntan a la morosidad de la Administración como una más de las causas claves de su situación de asfixia económica. En los últimos tres años, las deudas que soportan las empresas de la obra pública han crecido un 36%. Del total de la deuda, el 75% es directamente de pagos pendientes de organismos públicos por obras contratadas y ejecutadas. «Este dato pone de relieve, una vez más ?dicen en Ceacop? , que las administraciones públicas incumplen en mayor medida la Ley de Lucha contra la Morosidad, mientras que el control judicial es más estricto sobre las empresas privadas para cumplir con la legalidad».
A ello hay que sumar que la inversión pública en infraestructuras en Sevilla ha descendido un 51% entre 2009 y 2010.
Sólo en la provincia de Sevilla y según Ceacop, 16.000 trabajadores de la obra pública están a punto de perder su empleo actual y 400 constructoras e ingenierías irán a la quiebra.
En total, en 2009 la inversión llegó a 1.419.908.113 euros mientras que el año pasado descendió a 691.960.765 euros. De esas cantidades hay que resaltar que los mayores descensos los registraron el Gobierno central y la Junta de Andalucía, con un 59%, seguidos por los ayuntamientos (30%) mientras que la Diputación subió la cuantía un 94% y las universidades un 9%.
El Gobierno central ha recortado a más de la mitad su presupuesto de contratación de infraestructuras a lo que hay que añadir que las actuaciones de mayor presupuesto contratadas entre 2009 y 2010 están paradas en su ejecución actualmente, como por ejemplo la SE-40 y el tercer carril de la A-49. La Junta de Andalucía ha reducido la inversión en obra pública en Sevilla casi un 60%. Entre los contratos de obra pública de esos años se incluyen obras de las que en los últimos días hemos conocido que se está cuestionando su ejecución, por problemas de financiación. Es el caso de la conexión AVE Santa Justa-Aeropuerto y el túnel de Los Alcores, ambas infraestructuras suman 400 millones de euros y su ejecución se está cuestionando.
La inversión ha quedado en manos de las Diputaciones, que han tenido capacidad de contratación gracias a planes de fomento del empleo, como el Fondo Estatal de Inversión Local (FEIL) y el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local (FEESL).
Sin embargo, muchas de las actuaciones financiadas por estos fondos se han limitado, según Ceacop a rehacer infraestructuras que ya estaban construidas. Tampoco se han dirigido al mantenimiento del empleo existente, ya que estos fondos han primado las nuevas contrataciones. Ha habido empresas que se han encontrado en la tesitura de tener que despedir a trabajadores en plantilla para tener que contratar a desempleados, con el fin de acceder a estos contratos de obras. Pero estas nuevas contrataciones tampoco han sido de larga duración, ya que han estado condicionadas por el corto plazo de las obras.
En cuanto a las actuaciones de mayor presupuesto adjudicadas en 2010 en Sevilla (actualmente reprogramadas o paradas en su ejecución por falta de financiación) Ceacop cita la línea de alta velocidad Sevilla-Cádiz, tramo Utrera Aeropuerto de Jerez de la Frontera, la conexión tranviaria de la línea 1 de Metro de Sevilla con Alcalá de Guadaíra y las actuaciones del eje ferroviario transversal de Andalucía.
Como consecuencia de toda esta situación, las empresas de obra pública están en una situación límite provocada por la caída de la inversión en infraestructuras, las reprogramaciones de trabajos y la demora de los pagos por obras en marcha y finalizadas.
