Durante la jornada, celebrada precisamente el día de Santo Domingo de la Calzada, patrón de los ingenieros de caminos, directivos empresariales, expertos y responsables académicos han coincidido en que el principal problema de las infraestructuras viarias en España ya no es tanto la construcción de nuevas vías como el deterioro progresivo de la red existente y la falta de un modelo financiero estable para asegurar su mantenimiento.

Uno de los mensajes más repetidos ha sido que España ha priorizado durante décadas la expansión de la red, pero ha descuidado la conservación. En el bloque dedicado al transporte se advirtió de que «se ha ido rápido en la construcción, pero se ha abandonado el mantenimiento», especialmente en carreteras convencionales.

Los participantes han recordado que buena parte de la red viaria española fue construida entre los años 70 y 90 y empieza a acercarse al final de su vida útil. El gran reto pasa ahora por «la gestión eficiente, la conservación y el mantenimiento», más que por inaugurar nuevos kilómetros de infraestructura. Más de la mitad de la red vial (52%) presenta deterioros graves o muy graves, destacando baches, socavones, grietas y señalización deficiente que ponen en riesgo la seguridad vial.

En ese contexto, varios ponentes han defendido la necesidad de cambiar el paradigma político y técnico: pasar de medir el éxito por los kilómetros construidos a hacerlo por el estado real de servicio de las infraestructuras.

Pago por uso y financiación privada

Uno de los asuntos más sensibles del encuentro ha sido el debate sobre los mecanismos de financiación. En el panel sobre «proyectos bancables y sistemas sostenibles», se abordaron expresamente fórmulas como las concesiones, las colaboraciones público-privadas (CPP) y los esquemas de pago por uso.

Aunque sin entrar en propuestas concretas, distintos intervinientes han defendido la necesidad de abrir un debate «valiente» sobre cómo sostener económicamente la red viaria. En las conclusiones del bloque de transporte se ha llegado a afirmar que «se ha tachado de ridículo pensar en pagar con impuestos», apuntando a la necesidad de explorar fórmulas de financiación privada y modelos alternativos para garantizar la calidad del servicio.

El concepto de pago por uso ha aparecido ligado a la necesidad de profesionalizar la gestión de las infraestructuras y asegurar ingresos estables para su conservación y modernización. Los participantes han insistido en que mantener infraestructuras «excelentes» tiene un coste y que la ciudadanía debe percibir el valor del servicio recibido.

También se ha subrayado que las infraestructuras requieren estabilidad presupuestaria y previsibilidad financiera, algo difícil de conseguir con ciclos de inversión irregulares y muy dependientes del contexto político o presupuestario.

Más colaboración público-privada

Otro de los grandes consensos del encuentro es la necesidad de reforzar la cooperación entre administraciones y empresas privadas. El sector defiende que los proyectos de infraestructuras deben entenderse como «matrimonios a largo plazo» entre lo público y lo privado, basados en diálogo constante y reparto adecuado de riesgos.

En ese sentido, se ha criticado que muchas licitaciones queden desiertas por falta de interlocución previa entre administración y empresas. Los expertos reclaman así mejorar la gobernanza y revisar la Ley de Contratos del Sector Público para facilitar modelos de participación público-privada más eficientes y atractivos para la inversión. En este sentido, Julián Núñez, presidente de la patronal SEOPAN, anunció la presentación en junio de un texto legislativo alternativo al actual, que data de los años 60.

El director académico del encuentro, el profesor del IESE Jaume Armengou, ha recordado además que España cuenta con un tejido empresarial «muy potente en concesionarias y constructoras», lo que sitúa al país en una posición destacada para desarrollar este tipo de fórmulas.

La jornada también ha puesto el foco en la necesidad de generar proyectos «realmente bancables», apoyados en estabilidad regulatoria, métricas claras y herramientas tecnológicas como BIM, gemelos digitales o inteligencia artificial, consideradas claves para reducir costes y mejorar la gestión de activos viarios.

Más allá de la dimensión económica, el encuentro ha dejado un mensaje compartido por gran parte de los profesionales, directivos y académicos asistentes: las infraestructuras deben entenderse como un servicio esencial para la cohesión territorial, la competitividad y la calidad de vida, y no únicamente como grandes obras públicas.