• Artículo de Opinión de Arturo Coloma Pérez. Gerente de CEACOP (Círculo de Empresas Andaluzas de Obra Pública, Consultoría y Obra Pública)

En 2022 asistimos a un incremento de la inversión en infraestructuras nunca visto en la última década, al alcanzar en Andalucía los 3.434 millones de euros. Un dato positivo que presumíamos que daría estabilidad al sector después de períodos convulsos con presupuestos cicateros, que no solo hacían tambalear la estabilidad de las empresas, sino también el desarrollo de nuestra región, ya que se quedaban sin ejecutar proyectos vitales.

Sin embargo, al margen de estos niveles de inversión satisfactorios del pasado ejercicio, volvemos a atravesar un camino peligroso, donde con mucho cuidado tenemos que ver dónde ponemos los pies. El sector debe afrontar varios problemas que pueden poner en riesgo la viabilidad de las empresas.

Desde 2020 asistimos a una situación inédita: una profunda crisis sanitaria derivada del Covid con sus ya conocidas consecuencias; una escalada del precio de las materias primas sin precedentes; una subida de los tipos de interés; falta de mano de obra, graves incertidumbres durante varios meses en torno al abastecimiento de los materiales; una crisis energética con costes inasumibles; y una crítica situación geopolítica, primero con la invasión de Ucrania y recientemente con el recrudecimiento del conflicto en Oriente Medio.

Licitaciones desiertas

De todos esos polvos, estos lodos. Aunque es cierto que aumentó la inversión en obra pública, también ha repuntado el número de licitaciones desiertas. Solo en Andalucía quedaron sin invertir 250 millones de euros el año pasado, o lo que es lo mismo, quedaron sin hacerse infraestructuras necesarias. ¿El motivo? Los números no salen.

Y es que, pese a la aprobación de una normativa estatal y autonómica -que venía a intentar paliar parcialmente el desequilibrio presupuestario en los contratos de obra pública debido a la inflación-, la solución no está siendo todo lo eficaz que debería.

De hecho, las empresas nos hemos encontrado ante la negativa de muchos entes públicos a aplicar la legislación vigente de revisión de precios, especialmente los ayuntamientos en Andalucía.

La norma del estado apenas resuelve la mitad del problema de incremento de precios y algunos organismos han aplicado tan solo el 20% de estas revisiones, por lo que no cubren ni el 3% del incremento experimentado, que en muchos casos ha sido superior al 30%.

Esto quiere decir que, una vez más (y ya van unas cuantas), somos las compañías del sector de la construcción las que estamos soportando prácticamente en su totalidad el incremento de costes en las obras.

Competencia desleal

Esta situación se agrava si tenemos en cuenta que se está produciendo un aumento significativo de encargos de obras públicas a empresas estatales, lo cual va en detrimento de las carteras de trabajo del sector privado. En ese sentido, es inaceptable que la Administración esté licitando proyectos que no reciben ofertas al saberse de antemano que no van a poder ejecutarse por ser a todas luces deficitarias. ¿La solución? Se adjudican directamente los contratos a las empresas públicas TRAGSA e INECO, pero por un importe superior al de licitación, incurriendo en competencia desleal.

A pesar de los desfavorables condicionantes, las empresas hemos mantenido la actividad, produciendo, creando empleo y generando riqueza para nuestro territorio. Primero, en un ejercicio de responsabilidad por parte de los empresarios -cuyo papel nunca me cansaré de poner en valor-, conscientes que de ellos dependen sus trabajadores y sus familias; y segundo, porque entendemos que la construcción es un pilar fundamental de la economía, motor de arrastre de otros sectores productivos, cuya paralización puede causar un tsunami: la desaparición de tejido empresarial y, en consecuencia, del empleo.

Por todo lo anterior, es fundamental el incremento de la inversión, pero también la revisión de precios. En caso contrario, nuestras infraestructuras se verán castigadas, afectando a nuestra economía y, por tanto, al conjunto de los andaluces.